SUSTITUTIVAS. El mandamiento de detención domiciliaria, emitido ayer por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal y dirigido al director de la cárcel de San Pedro, instruyó ejecutar la medida «siempre y cuando no se encuentre detenido por otra causa», condición que permitió su salida del penal.
El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga abandonó la noche de este viernes el penal de San Pedro para cumplir detención domiciliaria, luego de que el Tribunal Sexto de Sentencia Penal dispusiera la modificación de su medida cautelar dentro del proceso por la asonada militar del 26 de junio de 2024.
La decisión judicial se produce mientras el proceso penal continúa en etapa de juicio. Zúñiga seguirá sometiéndose a la investigación y deberá cumplir las condiciones impuestas por la autoridad jurisdiccional, entre ellas el pago de una fianza de Bs 200.000, además de otras restricciones establecidas en la resolución.
“Por fin se hace justicia. Me voy impresionado de esta cárcel, dos años injustamente encerrado”, afirmó Zúñiga a bordo de un taxi que lo trasladó pocos minutos después de salir del recinto penitenciario.
El mandamiento de detención domiciliaria, emitido este viernes por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal y dirigido al director de la cárcel de San Pedro, instruyó ejecutar la medida «siempre y cuando no se encuentre detenido por otra causa», condición que permitió su salida del penal.
Horas antes, la defensa del excomandante informó que había concluido los trámites requeridos por la Justicia y realizado el pago de la fianza fijada por el tribunal, requisito indispensable para que la resolución pudiera hacerse efectiva.
Zúñiga es el principal acusado por el despliegue de unidades militares registradas la tarde del 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo, un hecho que generó una fuerte crisis política e institucional en el país. La Fiscalía sostiene que la movilización de tropas formada parte de un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Luis Arce, mientras que el exjefe militar rechaza esa acusación y sostiene que todo respondió a un supuesto «autogolpe», versión que ha reiterado desde su aprehensión.
El caso involucra además a otros militares y civiles procesados por distintos delitos relacionados con la toma militar de la sede de Gobierno. Tras varios meses de investigación y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, el proceso ingresó a la fase de juicio oral.
De acuerdo con el cronograma judicial, las audiencias del caso se reanudarán los días 24, 25 y 26 de agosto, cuando el tribunal continuará con la recepción de pruebas y declaraciones antes de emitir una resolución sobre uno de los procesos penales de mayor repercusión política de los últimos años en Bolivia.
Agencias