Miguel Rodríguez no ha vaciado sus alforjas ni arriado su bandera. Sigue en la línea de fuego sin bajar la guardia y aprovechando meticulosamente sus pocas municiones y las precarias ventajas que ofrece un campo de batalla yermo de ideas, pleno en golpes bajos, ataques por la retaguardia y costosas traiciones en las propias filas..
Mientras buena parte del debate económico venezolano se ha desplazado hacia las urgencias del presente, él continúa regresando a una discusión que considera anterior a todos los demás: la naturaleza de la deuda externa y el modelo económico que la hizo posible..
Hace más de tres décadas dirigidas, junto con Pedro Tinoco y Carlos Hernández Delfino, la única reestructuración de la deuda soberana que ha realizado Venezuela. Aquella negociación redujo sustancialmente el servicio de la deuda e incorporó al país al Plan Brady. Desde entonces sostiene una tesis que hoy vuelve a colocar en el centro del debate: una deuda no se negocia aceptando la cifra que reclaman los acreedores, sino determinando primero su verdadero valor económico y la capacidad real de pago del país..
El anuncio de una reestructuración de la deuda venezolana, la contratación de asesores internacionales y el incremento de la deuda estimada de 160.000 millones de dólares a 240.000 millones de dólares lo llevaron a intervenir nuevamente. Su crítica no se limita al monto de la deuda ni al costo de los asesores. Cuestiona la premisa sobre la cual, a su juicio, se pretende construir toda la negociación.
Miguel Rodríguez dice que Venezuela nunca debió convertirse en un país deudor; explique por qué considera que buena parte de esa deuda nació de un mecanismo de corrupción y especulación financiera; plantea una quita superior al 90%; propone que la negociación sea conducida por un equipo venezolano con respaldo de los organismos multilaterales y concluye que la verdadera discusión no es la deuda, sino el modelo económico que impedirá que Venezuela vuelva a convertirse en un país deudor.
Vista del Monumento a la Paz frente a la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas, el 2 de diciembre de 2022. Foto: Miguel ZAMBRANO / AFP—Usted sostiene que la deuda externa venezolana debe renegociarse desde cero y que su valor real es muy inferior al que hoy se le atribuye. ¿En qué basa una afirmación tan categórica?
—Porque conozco ese problema desde dentro. Yo me dirigí a la única reestructuración exitosa de la deuda externa que ha realizado Venezuela. Lo hice junto con Pedro Tinoco y Carlos Hernández Delfino durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando el país enfrentaba la peor crisis fiscal y de balanza de pagos de su historia. Apenas asumimos que el Gobierno fuimos a Wall Street a reunirnos con los principales bancos acreedores de Venezuela. Les dijimos algo que nadie esperaba escuchar: ese año no iban a cobrar un solo dólar por concepto del servicio de la deuda. Venezuela no podía seguir transfiriendo 4.000 millones de dólares anuales a los acreedores mientras intentaba evitar el colapso de su economía. Esa posición no era un gesto de confrontación. Era una estrategia de negociación. Ya habíamos asegurado el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Eximbank de Japón, el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal de Nueva York. Con ese respaldo incorporamos a Venezuela al Plan Brady, que por primera vez permitió reducir tanto el capital como los intereses de una deuda soberana. Los bancos se resistieron porque sostenían que Venezuela era un país rico y debía pagar íntegramente. Nosotros sostuvimos exactamente lo contrario: un país sólo puede pagar aquello que es compatible con su recuperación económica. Al final aceptaron una reducción cercana al 60% y el servicio anual de la deuda cayó de 4.000 millones de dólares a unos 1.200 millones de dólares. Aquella negociación me dejó una convicción que sigue siendo válida: una deuda no se renegocia aceptando la cifra que reclaman los acreedores, sino determinando cuál es su verdadero valor económico y cuál es la capacidad real de pago del país.
—¿Y por qué ese criterio conduce hoy a una conclusión distinta completamente sobre la deuda venezolana?
—Son deudas de naturaleza completamente diferente. La que enfrentamos en 1989 fue el resultado de una deuda con los bancos internacionales, que significó la peor crisis fiscal y de balanza de pagos. Venezuela había perdido su capacidad de financiamiento y necesitaba reestructurar obligaciones para recuperar la economía. La deuda que existe hoy fue acumulada en circunstancias y acreedores diferentes. Hugo Chávez recibió el mayor ingreso petrolero de la historia venezolana. El país producía millones de barriles diarios y disfrutaba de una bonanza sin precedentes. En esas condiciones, Venezuela no tenía ninguna necesidad económica de endeudarse masivamente. Sin embargo, el Gobierno emitió bonos de la República y de PDVSA con tasas de interés extraordinariamente altas, de entre 10% y 14% anual, como si se tratara de un deudor en una situación extrema. Ese endeudamiento no respondió a una necesidad de desarrollo. Se convirtió en parte de un mecanismo financiero que funcionaba junto con el control de cambio. Primero se entregaban dólares preferenciales; después, con esos mismos incentivos, se alimentaba el mercado de bonos de la República y de PDVSA. El resultado fue una enorme transferencia de recursos hacia grupos privilegiados que se beneficiaron de las distorsiones creadas por el propio Estado. Recadi primero y Cadivi después fueron expresiones distintas de un mismo modelo. Lo importante es que ambos sistemas permitieron que sectores con acceso al dólar preferencial obtuvieran ganancias extraordinarias mientras el país acumulaba obligaciones que nunca debieron existir. Rechazo analizar la deuda actual únicamente desde el punto de vista jurídico. Antes hay que preguntarse cómo nació esa deuda y quiénes se beneficiaron de ella. La totalidad de esos pasivos no financió el crecimiento de la economía ni aumentó la capacidad productiva del país. Terminó financiando corrupción, fuga de capitales y operaciones especulativas.
—¿Por qué Venezuela se convirtió en un país deudor con las enormes reservas petroleras que posee?
—Venezuela nunca debió convertirse en un país deudor. Desde que se convirtió en productor de petróleo fue un país estructuralmente superavitario en su cuenta corriente de balanza de pagos. Un país que genera más ahorro del que necesita para financiar su inversión no acumula deuda, sino que acumula activos en el exterior y se convierte en acreedor con el resto del mundo. Cuando terminó el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela era un acreedor neto frente a la banca internacional. El Banco Central de Venezuela (BCV), el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), PDVSA y otros organismos públicos mantenían depósitos en dólares en la banca internacional superior a las obligaciones externas de las empresas básicas de Guayana. Por eso siempre dijo que una de las grandes falsedades de nuestra historia económica fue afirmar que Carlos Andrés dejó un país hipotecado. El error comenzó después. El gobierno de Luis Herrera Campins recibió la mayor bonanza petrolera que había tenido Venezuela hasta ese momento. Acumuló reservas extraordinarias por 35.000 millones de dólares, pero terminó liquidándolas a un tipo de cambio artificialmente sobrevaluado de 4,30 bolívares por dólar. Primero desaparecieron las reservas del Banco Central de Venezuela; después las del Fondo de Inversiones de Venezuela y, finalmente, los cerca de 10.000 millones de dólares que PDVSA mantenía como fondo rotatorio. Ese proceso no financió el desarrollo. Financió una gigantesca fuga de capitales. Después vinieron Recadi, Cadivi y, muchos años más tarde, el endeudamiento masivo del chavismo. Chávez recibió una situación completamente distinta. Disfrutó de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia y, aun así, decidió endudar al país. No se necesitaba emitir bonos de la República ni de PDVSA para financiar el desarrollo. Lo hizo mientras el Estado disponía de ingresos petroleros extraordinarios. El mecanismo fue cambiando, pero la lógica fue la misma: utilizar la riqueza petrolera para transferir recursos a grupos privilegiados, en lugar de convertirla en ahorro para el país. Por eso sostengo que, antes de discutir cuánto vale esa deuda, hay que preguntarse por qué un país con semejante riqueza terminó convirtiéndose en un deudor.
—Los acreedores responden que los bonos existen, que fueron emitidos legalmente y que, por tanto, deben pagarse por su valor nominal.
—Una cosa es el valor jurídico de una obligación y otra muy distinta su valor económico. Los bonos existen. Nadie discute eso. Lo que está en discusión cuánto es valen realmente y si refleja una deuda nacida de una necesidad económica o de un mecanismo de corrupción, especulación y transferencia de riqueza. No acepto que se presente como una verdad incuestionable una deuda de 240.000 millones de dólares. Antes hay que preguntarse cómo se originó esa deuda, para qué se contrajo y quiénes terminaron beneficiándose de ella. Lo que está en discusión cuánto es valen realmente y si refleja una deuda nacida de una necesidad económica o de un mecanismo de corrupción, especulación y transferencia de riqueza. A Venezuela le deben más de lo que Venezuela debe. Quien compra un bono sabe que está asumiendo un riesgo. Cuanto mayor es ese riesgo, mayor es la rentabilidad que exige el mercado. Los bonos emitidos por la República y por PDVSA llegaron a pagar cupones de entre 10% y 14% anual, precisamente porque todo el mundo sabía que eran instrumentos de altísimo riesgo. Quien compró un bono venezolano a cinco centavos de dólar no estaba haciendo una inversión conservadora. Estaba realizando una apuesta especulativa. Si salía bien, obtendría una ganancia extraordinaria; si salía mal, perdería su dinero. Es la naturaleza de ese mercado. Quien decidió invertir en ellos conocía perfectamente las posibilidades de incumplimiento. Nadie puede alegar sorpresa muchos años después. El propio mercado ha terminado reflejando esa realidad. Antes de los últimos acontecimientos políticos en Venezuela —la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas especiales y unidades militares de Estados Unidos— buena parte de esos bonos se negociaba entre cinco y diez centavos de dólar por cada dólar de valor nominal. Era el precio que los inversionistas estaban dispuestos a pagar porque descontaban una probabilidad muy alta de recuperar su inversión. Ahora pretendo que les paguen los títulos por su valor facial. Ahí comienza mi discrepancia. No puede confundirse el valor nominal de un bono con su verdadero valor económico y trasladar íntegramente ese riesgo al pueblo venezolano. La alta rentabilidad era la compensación por haber asumido un riesgo excepcional. Si ahora se reconoce el 100% del valor nominal de esos títulos, se estaría eliminando el riesgo que justificara cobrar intereses de hasta el 14%.
—Sin embargo, la propuesta que hoy se discute parte de reconocer esa deuda por su valor nominal y negociar a partir de esa cifra.
—Se viene tratando como si fuera una operación financiera y no lo es. La naturaleza de esta reestructuración consiste en reconocer el valor nominal de la deuda y construir una solución compatible con la recuperación del país. Un error grave. Si se parte de esa premisa, el país es un perdedor neto de antemano. Yo sostengo que la deuda vale prácticamente cero desde el punto de vista económico y que la quita no puede ser inferior a 90%. A partir de allí se debe presentar un menú de opciones para los bonistas, con plazos, períodos de gracia e instrumentos de largo vencimiento. Ésa es la negociación. Lo demás son detalles técnicos. Me preocupa e indigna que el debate se centre en quién asesora la operación y cuánto va a cobrar por hacerlo. Una reestructuración de esta magnitud no puede convertirse en un negocio para intermediarios financieros o bufetes de abogados. Los asesores son importantes, pero no pueden sustituir el criterio económico ni la estrategia del país. No tengo objeciones a que Venezu ella recibirá la mejor asistencia financiera y legal disponible. Lo que cuestiono es que la conducción de la negociación queda en manos de quienes no representan el interés nacional. La estrategia debe diseñarla un equipo venezolano con experiencia en reestructuración de deuda, trabajando de manera coordinada con los organismos multilaterales, el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal. Los asesores internacionales deben aportar capacidad técnica; las decisiones tienen que seguir siendo venezolanas.
Bonos PDVSA—Tras el anuncio de una reestructuración de 240.000 millones de dólares y la inmediata revalorización de los bonos venezolanos, usted reaccionó con una dureza poco habitual.
—Parte de una premisa falsa. Una cosa es anunciar una deuda de 240.000 millones de dólares y otra muy distinta demostrar que sea su verdadero valor económico. Convirtieron una cifra nominal en una verdad incuestionable, cuando precisamente es lo que debe discutirse y negociarse. Hasta pocos meses antes de la intervención nocturna denominada Operación Resolución Absoluta, esos bonos se negociaban entre cinco y diez centavos de dólar. Quienes los compraban sabían perfectamente que estaban adquiriendo activos de altísimo riesgo. Nadie pagaba más. Con la gestión provisional de los hermanos Rodríguez los bonos pasaron a cotizar entre cuarenta y cincuenta centavos de dólar y los fondos especializados empezaron a promover nuevas compras ofreciendo una futura negociación que terminaría reconociendo una parte mucho mayor de su valor nominal. El centro de la discusión ya no era la recuperación de Venezuela, sino la extraordinaria rentabilidad que podían obtener quienes habían comprado esa deuda a precio de liquidación. Un punto de partida equivocado. La negociación no puede comenzar preguntándose cuánto quieren cobrar los acreedores. Debe comenzar preguntándose cuánto vale realmente esa deuda y cuánto puede pagar Venezuela sin sacrificar su reconstrucción.
— ¿Estamos ante un proceso técnico o ante una operación implementada por intereses financieros y comisiones?
—La reestructuración debe consistir en determinar el verdadero valor económico de la deuda. Si se acepta sin discusión la cifra nominal, la negociación fracasará antes de empezar. El propósito no será cuánto puede pagar el país para volver a crecer, sino cuánto pueden recuperar los acreedores. Cuando ocurre eso, el proceso cambia de naturaleza. La reconstrucción económica deja de ser el objetivo y pasa a convertirse en una condición para maximizar el cobro de la deuda. Me preocupa que el debate se centre en cifras cada vez mayores, en la revalorización de los bonos y en los contratos de asesoría. Todo eso puede ser importante, pero es secundario frente a la pregunta esencial: ¿la negociación está diseñada para reconstruir Venezuela o para maximizar el valor de unos activos financieros? Si la intención es reconstruir el país la premisa debe cimentarse sobre una quita no inferior a 90%, un período de gracia suficientemente amplio para la recuperación económica del país y un menú de opciones para los bonistas con instrumentos de muy largo plazo. Alrededor de esa negociación se ha organizado un negocio multimillonario. Se contrató a Centerview Partners, la boutique financiera de Wall Street presidida por Matthieu Pigasse, para asesorar la reestructuración con honorarios del orden de 240 millones de dólares, aunque Lazard ofreció realizar un trabajo equivalente por una fracción de ese monto. Esa diferencia merece una explicación. Lo mismo ocurre con la asistencia jurídica. Hogan Lovells es uno de los grandes bufetes internacionales y Miguel Záldivar es un abogado de primer nivel. No discuta su capacidad profesional. Sé que estudió Derecho en la Universidad de Miami junto con Marco Rubio y conozco su trayectoria. Mi objeción no es personal. Mi objeción es institucional. Los asesores financieros y los abogados pueden aportar conocimientos especializados, pero la estrategia de una negociación que compromete el futuro del país no puede quedar en sus manos. Esa responsabilidad corresponde a Venezuela. Si Záldivar quiere ayudar a Venezuela, que lo haga pro bono.
— ¿Quién debe conducir la negociación?
-Venezuela. Un equipo muy pequeño de venezolanos con experiencia demostrada en reestructuración de deuda soberana, absolutamente independientes y con autoridad para negociar en nombre del país. La negociación debe hacerse con el respaldo institucional y credibilidad del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal de Nueva York. La estrategia la debe fijar Venezuela. Yo dirigí la única reestructuración exitosa de la deuda externa venezolana. Sé lo que significa sentarse frente a cientos de acreedores y negociar desde una posición de fortaleza. En Venezuela todavía existen personas con esa experiencia y hay otras de una generación más joven perfectamente capacitadas para asumir esa responsabilidad. Lo que hace falta es convocarlas y ponerlas a trabajar exclusivamente en función del interés nacional. Es inaceptable que una negociación de esta importancia la diseñen quienes cobran honorarios por conducirla. Los asesores deben asesorar. Los abogados deben defender jurídicamente al país. Pero la decisión sobre cuánto vale la deuda, cuánto puede pagar Venezuela y bajo qué condiciones debe reestructurarse corresponde únicamente al Estado venezolano. Esa responsabilidad no puede delegarse. María Corina Machado tiene que dar un paso adelante. Y también toda la dirigencia política que tenga conciencia de lo que está ocurriendo. Esto ya no es una discusión sobre honorarios o sobre qué bufete representa a Venezuela. Estamos hablando de aceptar una deuda de 240.000 millones de dólares como si fuera una verdad indiscutible. Si eso ocurre, estaremos frente al robo del siglo…
— ¿Qué haría con la deuda con China y Rusia?
—Yo iría personalmente a Pekín ya Moscú a plantear una negociación política. Les diría que buena parte de esos recursos no se tradujo en obras de infraestructura ni en inversiones productivas para Venezuela. Se perdió en corrupción, despilfarro y proyectos que nunca se terminaron. China sabe perfectamente qué ocurrió con buena parte de esos préstamos. Rusia también conoce la naturaleza de una parte importante de esa deuda. Venezuela debe solicitar una condonación muy amplia de esas obligaciones y abrir una negociación completamente distinta. Los bonos fueron adquiridos por inversionistas que asumieron un riesgo financiero y actuaron en el mercado como tales. La deuda bilateral responde a decisiones entre Estados y debe resolverse en el terreno de la negociación política y diplomática.
— ¿Dónde está el origen del problema?
—La deuda es la consecuencia de un modelo económico que dejó de generar la riqueza necesaria para sostener al Estado. Mientras Venezuela tuvo una industria petrolera capaz de producir, invertir y crecer, el endeudamiento nunca fue el eje del problema. Comenzó a serlo cuando el país empezó a sustituir producción por deuda. La reestructuración de la deuda no debe discutirse sin revisar al mismo tiempo el modelo petrolero. Si Venezuela vuelve a administrar la industria petrolera de la misma manera, dentro de algunos años se enfrentará exactamente a la misma situación. El punto de inflexión comenzó mucho antes del chavismo. La ley de reversión modificó el marco bajo el cual había crecido la industria petrolera y abrió un proceso que terminó con la nacionalización. Desde el punto de vista financiero, aquella operación fue exitosa. El problema no estuvo en la transacción, sino en las consecuencias que produjo para la organización de la industria. El Estado adquirió progresivamente funciones que antes correspondían al operador petrolero. Con el paso de los años, las decisiones técnicas fueron cediendo a las decisiones políticas. Ese proceso culminó durante el chavismo con la destrucción de PDVSA como empresa petrolera. La discusión de fondo no es quién gestiona formalmente los campos petroleros. La verdadera discusión es qué modelo permite producir más petróleo, atraer inversiones y generar los ingresos que necesita el país para no volver a financiarse mediante endeudamiento.
Fidel Castro y Hugo Chávez, en La Habana, 13 de octubre de 2007. Foto: Juventud Rebelde / AFP— ¿Cómo sería ese modelo?
—Hay que dejar de discutir el petróleo en términos ideológicos. La pregunta no es si la industria debe ser estatal o privada. La cuestión es determinar qué modelo permite producir más petróleo, atraer más inversión y generar más ingresos para el país. Venezuela no debe financiar su desarrollo recurriendo al endeudamiento a cuenta de sus enormes reservas petroleras. Debe respaldarlo con la riqueza que produce la propia industria petrolera. Es la diferencia entre un país que administra su principal activo y el que termina hipotecándolo. Venezuela debe volver a un sistema que incentive la inversión y la producción. Las empresas que asumen el riesgo de explorar y producir petróleo deben tener reglas estables, contratos de largo plazo y un régimen fiscal competitivo. El Estado no necesita operar directamente cada campo petrolero para beneficiarse de esa riqueza. Su función es establecer las reglas, recaudar regalías e impuestos y garantizar que esa renta llegue efectivamente a la sociedad. Los grandes productores de petróleo que han administrado exitosamente sus recursos lo hicieron sobre una industria capaz de generar excedentes de manera sostenida. Venezuela debería aspirar a ese modelo. Si el país recupera su capacidad de producir petróleo y administra correctamente esos ingresos, su industria y sus reservas volverán a ocupar el lugar que siempre debió tener: una herramienta financiera excepcional, no el mecanismo con el que un Estado sustituye su incapacidad para generar riqueza. Es la diferencia entre reconstruir una economía próspera y administrar su decadencia. Venezuela no puede salir de esta crisis para volver a hacer lo mismo dentro de veinte o treinta años. La deuda debe volver a ser un instrumento excepcional, no el mecanismo habitual para financiar el funcionamiento del Estado.
—Y los daños causados por los terremotos ¿cómo serán financiados?
—La tragedia del 24 de junio no modifica mi planteamiento sobre la deuda; lo vuelve infinitamente más urgente. Un país que acaba de sufrir una devastación de esta magnitud no puede aceptar una reestructuración concebida para enriquecer a intermediarios financieros ni entregar esa responsabilidad a intereses ajenos a Venezuela. Si antes esa propuesta era una irresponsabilidad, hoy constituye una forma de expoliación histórica. Significaría obligar a un país devastado a cargar durante décadas con una deuda artificialmente inflada, mientras necesita preservar hasta el último dólar para levantar ciudades destruidas, recuperar su infraestructura y reconstruir la vida de millones de venezolanos. Una reestructuración hecha en esas condiciones no abriría el camino a la recuperación nacional; la haría económicamente imposible. Por eso sostengo que esta decisión tiene que quedar en manos del próximo gobierno legítimamente elegido por la mayoría de los venezolanos. Será ese gobierno el que deberá asumir la reestructuración de la deuda en los términos que él plantea y pensando exclusivamente en los intereses nacionales y no en los de Wall Street. Si ese primer paso se da correctamente, el país podrá comenzar a levantarse sobre valores distintos a los que nos condujeron hasta aquí y afrontar con alguna esperanza la inmensa herida que dejaron los terremotos del 24 de junio. Si se da mal, hipotecaremos durante generaciones la posibilidad misma de reconstruir Venezuela.
— ¿Cómo evitar que se repita el ciclo de endeudamiento?
—Los grandes países petroleros lo entendieron hace mucho tiempo. Noruega, Arabia Saudita y Kuwait no utilizan su riqueza petrolera para sostener un gasto permanente ni para endeudarse cada vez que enfrentan una dificultad. Transformaron esa riqueza en ahorro de largo plazo mediante fondos soberanos que protegen a las generaciones futuras. Veneno zuela hizo exactamente lo contrario: convirtió una riqueza extraordinaria en un mecanismo permanente de endeudamiento. Cuando la producción petrolera vuelve a crecer, una parte de esos ingresos debe destinarse al ahorro y otra a la inversión productiva. Venezuela no debe ir a los mercados internacionales de deuda en las próximas décadas. No tiene razones para convertirse en un deudor permanente. Los créditos deben ser un instrumento excepcional para circunstancias extraordinarias. La reconstrucción no consistirá únicamente en renegociar la deuda. Consiste en impedir que la riqueza petrolera vuelva a utilizarse para convertir a Venezuela en un deudor permanente.