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    Tribunal anuló resolución que creó el Sibus en Barranquilla al concluir que se implementó sin estudios exigidos por la ley

    Noticia

    El fallo dejó sin efectos la resolución de 2021 sobre el sistema tecnológico del transporte; el Área Metropolitana anunció acciones jurídicas.

    El Tribunal anuló la resolución que creó el marco institucional del Sibus en Barranquilla. Foto: Cortesía Área Metropolitana de Barranquilla

    SUBEDITOR11.07.2026 16:01 Actualizado: 11.07.2026 16:01

    El Tribunal Administrativo del Atlántico dejó sin efectos la resolución mediante la cual el Área Metropolitana de Barranquilla creado el marco institucional para la implementación del Sistema Inteligente de Transporte Público (Sibus)al considerar que el acto administrativo fue expedido sin cumplir requisitos técnicos y financieros exigidos por la legislación colombiana.

    La decisión judicial anuló la Resolución Metropolitana 197 del 4 de octubre de 2021, que establecía las bases para desarrollarr el sistema de recaudo centralizado, el control de flota y las plataformas tecnológicas destinadas al transporte público colectivo en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

    Con este fallo, el Tribunal revocó la sentencia emitida el 13 de noviembre de 2025 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, que había negado las pretensiones de la demanda presentada por las empresas transportadoras Trasalianco y Sobusa SA

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    Las razones de la decisión judicial.En la sentencia, el Tribunal concluyó que, aunque la resolución señalaba que únicamente fijaba el marco institucional para el sistema, en la práctica permitida. su implementación sin que previamente existieran los estudios técnicos y financieros requeridos.

    Según el fallo, la normativa vigente establece que este tipo de proyectos debe contar con una estructura respaldada por análisis técnicos y económicos, Además del aval correspondiente del Departamento Nacional de Planeación (DNP), requisito que, a juicio de la corporación, no fue acreditado durante el proceso.

    Los magistrados señalaron que la expedición del acto administrativo desconoció las normas que regulan la implementación de sistemas tecnológicos asociados al transporte público colectivo.

    Asimismo, indicaron que Esos estudios son necesarios para determinar aspectos como la viabilidad económica, la proporcionalidad de las inversiones y los costos que asumirían tanto operadores como usuarios.

    Qué regulaba el Sibus

    La decisión judicial revocó un fallo emitido en primera instancia durante el año 2025. Foto:Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

    La resolución anulada hacía parte del Proceso de modernización del transporte público colectivo en Barranquilla.

    El proyecto contemplaba la incorporación de un sistema de recaudo electrónico centralizado, herramientas. para el monitoreo de la operación de los autobuses mediante control de flota y plataformas tecnológicas destinadas a suministrar información en tiempo real a los usuarios.

    La iniciativa buscaba fortalecer la gestión operativa del transporte, mejorar la supervisión del servicio y facilitar la integración tecnológica entre las diferentes empresas operadoras.

    Sin embargo, la discusión jurídica no se centra en la conveniencia del sistema, sino en el procedimiento seguido para su adopción.

    El Tribunal reconoce competencias, pero exige requisitos

    El Tribunal concluyó que faltaron estudios técnicos y financieros exigidos por la ley. Foto:Cortesía Área Metropolitana de Barranquilla

    En la providencia, el Tribunal reconoció que el Área Metropolitana de Barranquilla tiene competencias para formular políticas relacionadas con el transporte público dentro de su jurisdicción.

    No obstante, precisamente que Esas facultades deben ejercerse respetando los procedimientos. establecidos en la legislación nacional.

    En particular, la sentencia enfatiza que la implementación de este tipo de esquemas tecnológicos requiere estudios técnicos y financieros suficientemente soportados y avalados conforme a las directrices expedidas por el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación.

    Para los magistrados, dichos requisitos constituyen una garantía para asegurar la sostenibilidad y legalidad de los proyectos.

    Área Metropolitana acudirá a mecanismos judiciales

    El Área Metropolitana anunció que acudirá a los recursos legales contra la sentencia. Foto:Cortesía Área Metropolitana de Barranquilla

    Tras conocerse el fallo, el gerente del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, manifestó que la entidad respeta las decisiones judiciales, pero que anunció hará uso de los recursos legales disponibles para controvertir los argumentos expuestos por el Tribunal.

    El funcionario sostuvo que, a juicio de la entidad, la decisión se fundamentó en disposiciones que no corresponderían a la naturaleza del sistema tecnológico Implementación para el transporte público colectivo.

    También informó que la sentencia aún no se encuentra ejecutada y que el Área Metropolitana solicitó formalmente una aclaración del fallo.

    La administración metropolitana insistió en que sus actuaciones se desarrollaron dentro del marco de las competencias legales otorgadas por la normatividad vigente.

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    Lo que viene tras la sentenciaEL TIEMPO pudo conocer que la decision abre un nuevo escenario jurídico alrededor del proceso de modernización tecnológica del transporte público en Barranquilla.

    Mientras la sentencia no queda en firme y se resuelvan las actuaciones judiciales anunciadas por el Área Metropolitana, comenzará el análisis sobre los efectos prácticos que tendrá la nulidad de la resolución y las alternativas institucionales para avanzar en la implementación de herramientas tecnológicas para el sistema de transporte colectivo.

    El caso también pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de que los proyectos de modernización del transporte urbano cumplan de manera estricta los procedimientos técnicos, financieros y administrativos previstos por la ley, especialmente cuando implican inversiones de alto impacto para operadores, autoridades y usuarios.

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