El Congreso de Estados Unidos debatirá la situación de los derechos humanos en Venezuela tras los recientes terremotos. Los legisladores estadounidenses programaron una audiencia especial para el el próximo miércoles 15 de julio con el propósito de evaluar las variables políticas, sociales y civiles del país.
Por este motivo, diversas organizaciones internacionales de defensa social presentarán informes detallados sobre la gestión institucional de la crisis derivada del doblete sísmico del pasado 24 de junio.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) acudirá formalmente al Capitolio para intervenir en la sesión de control. En consecuencia, el cuerpo legislativo norteamericano recibirá información de primera mano sobre el estado real de la población civil. en las zonas del desastre.
La presidenta de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval, ratificó la convocatoria este viernes mediante un reporte digital en su cuenta de la red social X.
Evaluación del impacto logístico y civilPor otra parte, la audiencia tendrá como objetivo evaluar la respuesta ofrecida frente a la tragedia ocasionada por los sismos que dejaron hasta ahora 4.333 fallecidos, millas de damnificados y severos daños en varias regiones del país.
Los congresistas centrarán el debate en la eficiencia de los canales de distribución de distribución. insumos medicos y alimentos para las familias que perdieron sus hogares.
La organización mantiene seguimiento a la situación venezolana durante los últimos años, documentando denuncias relacionadas con derechos humanos, gobernabilidad y asistencia humanitaria.
De este modo, la base de datos de WOLA servirá para contrastar las versiones oficiales sobre el avance de los planos de contingencia en el norte de Venezuela.
Al anunciar la incorporación del organismo en la plenaria, Jiménez Sandoval aseguró que “el objetivo es presentar la realidad de lo que sucede en Venezuela”.
Las comisiones parlamentarias de Washington extenderán las consultas hacia el análisis de las capacidades financieras del Estado venezolano para costear la reconstrucción general de los bloques de vivienda e infraestructuras públicas colapsadas.