Política
Hechos clave
—La tendencia. Costa Rica promedió 2,5 asesinatos por día en 2023 y promedia 1,9 en lo que va de 2026.
—La proyección. La policía judicial espera menos de 800 homicidios este año, frente a un récord de más de 900 en 2023.
—La línea de base. El país registró alrededor de 570 asesinatos en 2020, por lo que la caída se produce desde un pico, no hacia un lugar seguro.
—El cargo. La presidenta Laura Fernández dice que un hombre fue detenido hasta 388 veces sin que jamás se abriera un caso.
—La respuesta. El poder judicial ha dicho que se coordinará con el gobierno y respaldará sus reformas legales.
—La tasa. Con 16,6 asesinatos por cada 100.000 personas, Costa Rica ocupa el segundo lugar en Centroamérica, detrás de Honduras.
Los homicidios en Costa Rica están cayendo al ritmo más rápido en años, y la presidenta ha pasado ese mismo período acusando públicamente a los jueces de su país de dejar que los criminales anden libres.
La Corte Suprema de Costa Rica en San José. El presidente acusa a los jueces de liberar a los sospechosos; las cifras dicen que los asesinatos están disminuyendo. (Foto: Mariordo, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons) La policía judicial, un brazo de los tribunales y no del gobierno, contabiliza una media de uno coma nueve asesinatos por día este año. En 2023 la cifra era de dos y medio.
Según nuestra propia aritmética, eso supone una disminución de aproximadamente una cuarta parte. La misma agencia proyecta que el año terminará por debajo de los ochocientos asesinatos, frente a un récord superior a los novecientos tres años atrás.
Lo que realmente muestran los datos de homicidios de Costa Rica Entre enero y abril, el país registró doscientos sesenta y cinco asesinatos, frente a trescientos once en los mismos meses de 2025. Se trata de una caída cercana al quince por ciento, cifra que coincide con la cifra que la presidenta afirmó en su informe de seguridad del primer semestre.
La policía judicial puso sobre la mesa tres escenarios en marzo. Al ritmo actual el año se cierra cerca de seiscientos noventa y tres muertos, y en el peor de los tres cerca de setecientos sesenta y seis.
Nada de esto hace que Costa Rica sea segura. El país mató a unas quinientas setenta personas en 2020, y la tasa de dieciséis coma seis por cien mil es la segunda más alta de Centroamérica.
Dos tercios de las víctimas de este año tenían entre doce y treinta y nueve años. La escalada duró tres años y, según nuestra propia aritmética, la retirada ha recuperado hasta ahora algo más de la mitad.
El presidente contra los jueces Laura Fernández asumió el cargo en mayo. Al cabo de dos meses acusó al crimen organizado de infiltrarse en la médula del poder judicial y exigió que los jueces rindieran cuentas públicamente.
Reunió a los cincuenta y siete diputados y representantes del poder judicial para conocer su caso. Según Infobae, les dijo que un individuo había sido detenido hasta trescientas ochenta y ocho veces sin que jamás se hubiera abierto una causa penal.
Dijo que los jueces habían liberado a prisioneros que el instituto estatal de criminología consideraba peligrosos. Dijo que los registros solicitados por la policía antidrogas a veces esperan dos meses hasta que la policía judicial los ejecuta, momento en el cual las drogas se venden y los sospechosos se han ido.
Cada una de ellas es su afirmación. Ninguna de las fuentes examinadas para este artículo muestra que el poder judicial las confirme, las cuestione o sea invitada a responderlas.
Por qué enfrentamiento es la palabra incorrecta El poder judicial no se negó a nada. Dijo en la reunión que estaba políticamente dispuesto a coordinar con el gobierno e implementar las reformas legales que el gobierno había redactado.
Un diputado de la oposición expresó la dificultad de otra manera. José María Villalta, del izquierdista Frente Amplio, calificó la sesión como productiva, luego dijo que el tono permanente de confrontación del Ejecutivo con el Poder Judicial no ayuda al trabajo conjunto, porque la coordinación requiere confianza y una reunión de tres horas no la construye.
Villalta también apuntó a un problema presupuestario dentro del propio ejecutivo, en la cuestión misma de ejecutar las búsquedas. Según él, el retraso que el presidente atribuye al poder judicial también tiene un componente de financiación.
En mayo, la propia presidenta dijo que Costa Rica no había logrado desmantelar el crimen organizado, citando fallas compartidas en el ejecutivo, el poder judicial y el legislativo. Su propia sucursal estaba entre ellos.
¿Qué está realmente impulsando la violencia? El Tesoro de Estados Unidos describió a Costa Rica en enero como un punto clave de transbordo global de cocaína. La terminal de contenedores de Moín, inaugurada en 2019, se ha convertido en un hub regional.
Según el recuento del gobierno, 61 grupos criminales están en conflicto. Los líderes de las pandillas continúan dirigiendo sus organizaciones desde el interior de la prisión, un hecho que la policía judicial reconoce, y los proyectos de ley del gobierno apuntan directamente a cortar esas comunicaciones.
Un investigador del programa sobre el estado de la nación de la Universidad Nacional lo expresa en una sola línea. Costa Rica ha dejado de ser un mero puente para la cocaína y se ha convertido en un mercado para ella.
¿Están aumentando o disminuyendo los homicidios en Costa Rica? Cayendo, por cada serie oficial. El promedio diario ha caído de dos y medio en 2023 a uno coma nueve, aunque el nivel sigue estando muy por encima del nivel que tenía el país a principios de la década.
¿Se ha negado el poder judicial a cooperar? No. Se ha comprometido públicamente a coordinarse con el gobierno y apoyar sus proyectos de reforma, razón por la cual el conflicto se describe mejor como uno de tono que de fondo.
¿Qué debe observar un residente extranjero? Si los proyectos de ley de seguridad se aprueban sin erosionar la independencia judicial. Las instituciones de Costa Rica son el activo que la distingue, y el debate actual es sobre quién las controla.