el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió la renuncia del Ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.además de una investigación imparcial por todas las muertes registradas en las cárceles venezolanas.
“La gestión de Julio García Zerpa al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidadque es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios”, señaló el OVP este miércoles en X.
La organización destacada que entre abril y mayo se registró el motín en el Centro Penitenciario Yare III, que dejo cinco muertos; se informó la muerte del preso político Víctor Querobajo custodia del Estado; y se publicó una foto de Emirlendris Benítez y su familia sin autorización.
Argumentó que Julio García minimizó la gravedad del motín en Yare III, ocultó información ante los pedidos de los familiares de presos y demostró “su ignorancia en sus funciones y justificando la masacre”.
“Ese mismo patrón de indolencia se repitió con el caso de Víctor Quero Navas, cuando el #7May, a través de otro comunicado, el ministerio se escudó al decir que Víctor en el momento de su reclusión en el Rodeo I no dio datos filiatorios y que ningún familiar se presentó para solicitar visita formalmente, cuando fue público y comunicacional todas las veces que la señora Carmen Navas estuvo acompañada de familiares de otros preso políticos en dicho penal y solicitó información sobre su hijo”, publicó el OVP.
Rechazó que el ministro afirmara que garantiza el derecho a la salud de los privados de libertad al asegurar que la asistencia médica en muchos casos es inexistente o discrecional.
“El cinismo de esta gestión alcanzó un nuevo nivel con la utilización de la imagen de la presa política Emirlendris Benítez para una campaña del Día de la Familia”, denunció la organización.
Recordó que Benítez ha sido víctima de torturas y le provocaron un aborto: “Ha sido separado de su entorno familiar, y actualmente su salud está quebrantada, constituye un acto de violencia institucional y revictimización”.
El OVP ha documentado al menos 17 muertes ocurridas en diversos penales, pero el ministerio no da respuesta y agrava la crisis en las cárceles mientras vulnera los derechos humanos, aseguró.