La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció este lunes una política temporal de aplicación que permitirá a instituciones financieras estadounidenses prestar servicios autorizados relacionados con Venezuela sin enfrentar determinadas acciones de supervisión, mientras avanzan los esfuerzos de recuperación económica y ayuda humanitaria tras los terremotos del pasado 24 de junio.
La medida establece que FinCEN no iniciará procesos de cumplimiento ni citará posibles infracciones contra entidades financieras estadounidenses que participen en operaciones autorizadas en Venezuela entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027, siempre que estas mantengan sus mecanismos de control y cumplan con las regulaciones vigentes.
El anuncio responde a las dificultades que pueden enfrentar bancos y otras instituciones financieras para atender operaciones permitidas hacia Venezuela bajo el marco de sanciones estadounidenses, debido a las exigencias establecidas por la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley USA PATRIOT y otras normativas administradas por FinCEN.
Autorizan operaciones financieras en Venezuela para atender la emergencia sísmicaEn su declaración, el organismo explicó que la decisión busca respaldar las políticas del gobierno estadounidense orientadas a facilitar la recuperación económica venezolana y la atención de la emergencia generada por los recientes terremotos.
“FinCEN se compromete por la presente a no tomar ninguna medida de supervisión, incluyendo citar una violación de la ley, ni emprender ninguna acción de cumplimiento contra ninguna institución financiera estadounidense relacionada con los Requisitos de la BSA como resultado de proporcionar servicios financieros autorizados en Venezuela”, señaló la agencia.
La disposición está vinculada con las autorizaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también adscrita al Departamento del Tesoro, entre ellas las Licencias Generales 57 y 60, que permiten determinadas actividades relacionadas con la recuperación económica y los esfuerzos de asistencia tras la emergencia sísmica.
FinCEN aclaró que esta medida no implica el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Venezuela ni modifica las restricciones existentes. Las instituciones que hagan uso de esta protección deberán continuar cumpliendo con las autorizaciones de la OFAC y mantener programas efectivos para prevenir delitos financieros.
El organismo precisó además que la política no ampara violaciones intencionales o deliberadas de las normas estadounidenses, sino aquellas situaciones en las que las entidades financieras actúan de buena fe y adoptan medidas razonables para cumplir con sus obligaciones regulatorias.
EE UU flexibiliza la normativa financiera para acelerar la reconstrucción tras sismosLa decisión se produce mientras Venezuela enfrenta las consecuencias del doble terremoto registrado el 24 de junio, que dejó millas de víctimas y daños materiales especialmente graves en el estado La Guaira.
De acuerdo con una estimación del Banco Mundial, los daños físicos directos provocados por los sismos alcanzan los 19.600 millones de dólares, una cifra que podría afectar el ritmo de recuperación económica del país durante los próximos años si el proceso de reconstrucción avanza lentamente.
Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con una diferencia de 39 segundos y representaron una de las mayores emergencias naturales registradas recientemente en Venezuela.
La nueva política de FinCEN se suma a las autorizaciones puntuales otorgadas por Washington en los últimos años para permitir determinadas operaciones con Venezuela bajo supervisión estadounidense. Desde 2015, Estados Unidos mantiene un esquema de sanciones contra funcionarios venezolanos que posteriormente se amplió hacia sectores estratégicos de la economía, incluida la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
A través de licencias específicas, el Departamento del Tesoro ha permitido algunas actividades consideradas autorizadas, principalmente en áreas relacionadas con energía, operaciones humanitarias y ahora los esfuerzos de reconstrucción tras la emergencia causada por los terremotos.