INVESTIGACIONES. Los bloqueos se prolongaron durante 53 días entre mayo y junio y, de acuerdo con datos del Gobierno, ocasionaron pérdidas económicas superiores a Bs 14.000 millones, además de desabastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos en varias regiones.
Tras los bloqueos que paralizaron varias regiones del país durante más de siete semanas, las investigaciones penales continúan avanzando. El Ministerio Público y la Policía mantienen abiertas distintas causas para determinar responsabilidades por hechos relacionados con cortes de rutas, violencia, daños a bienes públicos y privados, además de otros delitos que habrían sido cometidos durante las movilizaciones.
El Gobierno ha sostenido que las medidas de presión provocaron un severo impacto económico y anunció que buscará evitar que se repitan este tipo de conflictos.
En ese contexto, la Fiscalía Departamental de La Paz informó que, como resultado de las investigaciones iniciadas tras los conflictos y bloqueos de este año, se abrieron 114 procesos penales, en los que 335 personas son investigadas y 26 permanecen con detención preventiva por decisión judicial.
«Tenemos una gran cantidad de 114 casos dos de apertura, 75 iniciados de oficio y una cantidad de 335 personas investigadas. Conforme al último dato, tenemos 26 personas que se encontrarían con detención preventiva», informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres.
La autoridad explicó que el Ministerio Público realiza un seguimiento permanente a todas las causas vinculadas con los bloqueos y que las comisiones de fiscales continúan recolectando elementos de convicción para fortalecer cada una de las investigaciones y definir las responsabilidades correspondientes.
Consultado sobre la situación de otros investigados, entre ellos el dirigente Mario Argollo, Torres indicó que la comisión de fiscales analizará los informes remitidos por la Policía y el Ministerio de Gobierno antes de definir si corresponde emitir una orden de aprehensión o una citación. Aclaró que no anticipará decisiones que formen parte de la estrategia procesal.
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