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Wednesday, July 15, 2026
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    Prepara Familia exige mayor transparencia informativa para coordinar asistencia a damnificados en Venezuela

    La directora y fundadora de la organización no gubernamental Prepara Familia, Katherine Martínez, advirtió este martes que la falta de información pública oficial sobre los protocolos de traslado y reubicación de los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio está obstaculizando la distribución y coordinación efectiva de la asistencia humanitaria en el país.

    Durante una entrevista concedida al programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría NoticiasMartínez reconoció que en el área metropolitana de Caracas se ha observado un esfuerzo de movilización organizado para trasladar a grupos familiares hacia planteles educativos acondicionados como albergues temporales.

    Sin embargo, enfatizó que las organizaciones de la sociedad civil desconocen el procedimiento formal implementado por las instituciones del Estado, así como los registros del volumen de ciudadanos atendidos en dichos espacios.

    “No se conoce exactamente cuál es el protocolo ni cuántas son las personas”, manifestó el portavoz.

    Asimismo, Martínez subrayó la ausencia de datos estadísticos oficiales desagregados que detallan la cantidad de niños, niñas y adolescentes fallecidos, heridos o en situación de vulnerabilidad extrema, al igual que los registros de los núcleos familiares que han sido reubicados de manera interna hacia otras entidades federales del país.

    A su juicio, el acceso a este tipo de información permitiría a las agencias humanitarias planificar respuestas logísticas más precisas y brindar un mejor soporte a las comunidades de acogida que reciben a los sectores desplazados.

    El representante de Prepara Familia alertó que todavía existen grupos de ciudadanos que permanecen a la intemperie en plazas, parques y diversas zonas públicas de las ciudades afectadas.

    Ante este escenario, demostró prioritario que las autoridades estatales habiliten un mayor número de campamentos temporales que reúnen condiciones óptimas de nutrición, saneamiento, acceso a agua potable y servicios básicos de salud.

    De igual forma, Martínez puntualizó que la respuesta ante el desastre natural no debe limitarse únicamente al plano de la logística material, sino que debe incorporar de manera transversal un esquema de salud mental y apoyo emocional:

    Atención focalizada: Brindar soporte psicosocial inmediato a poblaciones con alta vulnerabilidad, con especial énfasis en la niñez y las madres jefas de hogar que enfrentan la emergencia.

    Articulación de campo: Fortalecer la sinergia entre las organizaciones civiles para que, además de realizar la entrega de insumos de primera necesidad y kits de higiene, los equipos técnicos desplieguen psicólogos y trabajadores sociales directamente en los centros de acopio y refugios habilitados.

    Protocolos estrictos para casos de menores separadosEn lo concerniente a la protección infantil, la activista por los derechos humanos hizo un llamado vehemente a la población para que reporte de forma inmediata ante las instancias de ley competentes cualquier situación en la que se identifique a un menor de edad separado de sus padres o representantes legales.

    Martínez detalló que las notificaciones e incidencias deben canalizarse exclusivamente a través de las vías institucionales:

    Consejos Municipales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA).Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna).Unidades de Atención a la Víctima adscritas al Ministerio Público.“Con los niños tenemos que tener mucho más cuidado, protegerlos y establecer estos canales de denuncia lo más pronto posible”, concluyó Martínez.

    Finalmente, la directora de Prepara Familia instó a la colectividad a abstenerse de difundir imágenes, identidades o detalles de menores en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

    Explicó que esta medida preventiva es fundamental para resguardar el derecho a la privacidad, prevenir escenarios de riesgo adicionales y garantizar que el proceso de reunificación familiar se desarrolle bajo los parámetros de protección legal que exige la ley venezolana.