PRESUPUESTO. El proyecto de ley fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sus estaciones en grande y en detalle durante la madrugada del sábado pasado, y remitido al Senado para su revisión constitucional.
Desde la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el Senado no descartan realizar modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado aprobado por la Cámara de Diputados e incluso plantean la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para tratar la norma por la urgencia del caso.
A este asunto se refirieron los senadores Nicanor Cochi y Ana María Crispín, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra en receso parlamentario, coincidiendo que el análisis del proyecto de ley requiere prioridad antes de definir su aprobación.
“El Senado es el ente revisor, en este caso. Si hay algunos errores, vamos a modificarlo (el proyecto de ley) y regresarlo (a Diputados). Y si no hay errores, lo vamos a aprobar y entregarlo al Ejecutivo”, expresó Cochi.
El legislador también remarcó la necesidad de dar celeridad al tratamiento del presupuesto reformulado, aunque señaló que primero se debe cumplir con la revisión correspondiente, en referencia al proceso que deberá seguir el proyecto dentro de la Cámara de Senadores.
Por su parte, la senadora Crispín demostró que la importancia del proyecto puede justificar una convocatoria extraordinaria durante el período de receso. Además, explicó que existe la posibilidad de convocar a una sesión de este tipo si el directorio de la Asamblea considera que la situación lo amerita.
El proyecto de ley fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sus estaciones en grande y en detalle durante la madrugada del sábado y remitido al Senado para su revisión constitucional.
Según el Ministerio de Economía, entre sus disposiciones contemplan ajustes relacionados con anticipos financieros de entidades territoriales autónomas, saldos de caja y bancos del Sistema Único de Salud universal y gratuito, además de un régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas.
El tratamiento del PGE reformulado es considerado clave por el Ejecutivo, que sostiene que la norma permitirá adecuar la programación financiera del Estado a las necesidades de la presente gestión y garantizar la continuidad de proyectos, programas y el funcionamiento de distintas entidades públicas.
La decisión que adopte el Senado en las próximas semanas será determinante para la entrada en vigencia de estas modificaciones, ya sea mediante su aprobación o con la introducción de cambios que obligan a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados para una nueva consideración.
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