Pacientes renales instalaron una vigilia en la Plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz, para exigir al Gobierno el pago de una deuda de ocho meses con los centros privados que prestan el servicio de hemodiálisis bajo convenio con el Estado. Los manifestantes advirtieron que la falta de desembolsos pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la atención de alrededor de 2.000 personas que dependen de este servicio.
El representante de los pacientes renales de Santa Cruz, Marco Antonio Torrez, explicó que la medida fue asumida luego de que las gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud no dieran resultados. Señaló que durante una marcha anterior tuvieron un acercamiento de la ministra de Salud Marcela Flores, pero afirmó que no recibió una respuesta concreta sobre el pago de la deuda.
Torrez indicó que el retraso en los desembolsos afecta tanto a los centros de convenio que realizan hemodiálisis como a los hospitales de segundo nivel. Según manifestó, la situación económica de los prestadores se ha vuelto crítica debido a los ocho meses sin recibir pagos.
“Pedimos a la señora ministra que pague, que vea. Son ocho meses, ya es insostenible”, expresó el representante, al anunciar que varios centros enfrentan dificultades para adquirir los insumos necesarios para continuar brindando el servicio.
Los pacientes sostienen que, de mantenerse la mora, algunas clínicas podrían dejar de operar por falta de recursos, lo que afectaría la continuidad de los tratamientos. “Los centros de convenio están haciendo todo lo posible para hacernos hemodiálisis, pero ya no tienen con qué comprar los insumos”, afirmó Torrez.
De acuerdo con los datos proporcionados por los manifestantes, en Santa Cruz existen aproximadamente 2.000 pacientes renales. Del total, el 30% recibe tratamiento en hospitales públicos, mientras que el 70% depende de clínicas privadas que mantienen convenios con el Estado para la prestación del servicio de hemodiálisis.