El gobierno venezolano oficializó la creación de una comisión especial con el propósito de seleccionar a las empresas contratistas que se encargarán de proveer bienes, prestar servicios y ejecutar obras públicas en el sector de la salud.
La medida forma parte del plan de recuperación anunciado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, quien se comprometió a redirigir recursos provenientes de la industria petrolera hacia el sistema sanitario nacional tras concretar nuevos acuerdos de comercialización de crudo con la administración de Estados Unidos.
La nueva estructura organizativa, denominada Comisión de Contrataciones Públicas del Ministerio de Salud, tendrá la responsabilidad directa de centralizar y agilizar las licitaciones destinadas a frenar el deterioro operativo de la red hospitalaria del país.
Según lo estipulado en la resolución oficial número 374, suscrita por el ministro de la cartera de salud, Carlos Alvarado, el organismo operará con un carácter permanente para garantizar el suministro constante de insumos esenciales.
Las líneas de acción del comité apuntan a responder de manera prioritaria a las demandas de infraestructura y mantenimiento que arrastran las instalaciones médicas públicas desde hace años.
De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial número 43.395, el grupo multidisciplinario será liderado por tres miembros principales encargados de las áreas fundamentales de evaluación.
El ámbito jurídico quedará bajo la conducción de Rafael de Sousa Visconti, mientras que la coordinación técnica será asumida por el viceministro de Hospitales, Mauricio Erasmo Vega. Por su parte, la jefatura del área financiera estará a cargo de Yenny Delgado.
La resolución contempla también la designación de suplentes para cada puesto y faculta a la comisión para incorporar asesores externos según la complejidad de los contratos, quienes contarán con derecho a voz pero no a voto durante las deliberaciones.
La profunda crisis que afecta al sistema de salud venezolano se ha caracterizado históricamente por la escasez crítica de medicamentos, la falta de insumos médicos de primera necesidad, el desabastecimiento de equipos de diagnóstico y una notable pérdida de personal calificado.
Mientras organizaciones independientes y especialistas atribuyen el colapso a problemas crónicos de gestión, corrupción institucional y falta de inversión a largo plazo, el Ejecutivo chavista defiende que el deterioro es consecuencia directa de las sanciones internacionales aplicadas contra la economía del país.
Esta reestructuración económica se genera en un nuevo contexto político tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a comienzos de año.
Tras asumir el mando, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó que la totalidad de los ingresos en divisas generadas por la actividad petrolera se destinarían prioritariamente al sector de asistencia médica social.
Para resguardar el flujo de estos recursos, la mandataria creó dos fondos soberanos específicos dirigidos al financiamiento de obras de infraestructura pública.
Este mecanismo de reactivación mediante la inversión privada y extranjera replica el modelo implementado recientemente en el sector eléctrico nacional, el cual atraviesa una reestructuración similar con el fin de superar el racionamiento de energía en las principales regiones del país.
Con información de EFE.