La defensora del pueblo Egleé González Lobato, designada por la Asamblea Nacional encabezada por Jorge Rodríguez, reconoció este miércoles la existencia de presos políticos en el país, así como la compleja situación de las condiciones de reclusión en el sistema penitenciario venezolano.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto oficial en la que la funcionaria abordó la situación general de las personas privadas de libertad y la necesidad de coordinación entre las instituciones del Estado para atender los casos.
En su intervención, afirmó de manera explícita que dentro del sistema penitenciario existen distintos perfiles de detenidos.
“En la Defensoría hay de todo, yo estoy que corro. O sea, ahí hay presos políticos, ahí hay presos comunes, ahí hay adultos mayores, ahí hay adolescentes, ahí hay niños, niñas”, expresó.
La funcionaria agregó que el sistema presenta un nivel de complejidad que requiere articulación institucional permanente.
“O sea, es una situación de una complejidad, de una vulnerabilidad que solo es posible atenderla si se cuenta con esa coordinación, con esa interrelación”.
A su vez, insistió además en la necesidad de ampliar la presencia institucional en el territorio nacional.
“La idea es además recorrer el país, comprometidos con llegar a todo el país, porque Caracas nunca ha sido suficiente para definir a nuestra Venezuela”, aseguró.
Reconocimiento oficial contradice años de negación sobre presos políticosEl reconocimiento resulta significativo en el contexto del discurso sostenido durante años por voces del chavismo, quienes han negado la existencia de presos políticos en Venezuela alegando que las detenciones responden a causas penales comunes oa delitos vinculados a la seguridad del Estado.
Organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal, han documentado hasta la fecha más de 400 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, Asimismo, distintos informes de prensa y ONG han documentado denuncias sobre condiciones de reclusión, falta de juicio oportuno y presuntos casos de violaciones al debido proceso, lo que ha mantenido el tema en la agenda internacional.