La tasa de personas privadas de libertad en El Salvador se situó en 1.963 reclusos por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025, indicador que vino acompañado por un índice de hacinamiento carcelario global estimado en 261%.
Los datos técnicos se desprenden de un informe pormenorizado elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), el cual fue compartido este lunes con agencias internacionales de noticias.
El estudio estadístico calcula que hasta diciembre de 2025, la población penitenciaria total ascendía a 118.369 personas recluidas en los complejos del país centroamericano, cuyo ecosistema penal fue diseñado originalmente para albergar capacidad efectiva de apenas 30.864 presos.
De la totalidad de la población reclusa contabilizada, 103.837 personas se encuentran distribuidas en las cárceles comunes del país.
Un contingente de 14.532 detenidos permanece bajo reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de alta seguridad que se ha convertido en el símbolo de la estrategia de combate a las pandillas promovida por la administración del presidente Nayib Bukele.
La ocupación actual del Cecot equivale a un 36% de su capacidad nominal máxima, la cual fue proyectada para albergar hasta 40.000 privados de libertad, de acuerdo con los registros analizados por el Idhuca.
Un problema estructural más allá de la infraestructuraLa institución jesuita remarcó que el hacinamiento global estimado (118.369), si se confronta de manera estricta la capacidad tradicional preexistente (30.837) junto con el uso parcial de las instalaciones del Cecot (14.532), arroja un porcentaje de saturación de 261%, lo cual “significa que la población penitenciaria equivalía a 2,6 veces la capacidad efectiva considerada”.
Asimismo, los especialistas del Idhuca advirtieron que “aun si el Cecot estuviera ocupado en su totalidad, el hacinamiento seguiría siendo de aproximadamente 167%”.
Este escenario, según los autores de la investigación, demuestra de forma fehaciente que “el problema no es coyuntural, ni se resuelve únicamente con infraestructura penitenciaria”.
El ente adscrito a la Universidad Centroamericana (UCA) alertó que “el hacinamiento funciona como factor multiplicador de vulneraciones a derechos”, vinculándose de manera directa con serios riesgos para la habitabilidad, la higiene, la salud, la alimentación, la seguridad interna y el trato digno.
Sostienen además que el panorama actual incide en la degradación de la integridad física y psíquica de los presos, correlacionándose con decesos derivados de la falta de atención médica oportuna o condiciones materiales incompatibles con la dignidad humana.
Tras cuatro años de vigencia continuada, la implementación del régimen de excepción ha dejado un saldo superior a las 92.300 personas detenidas bajo señalamientos de pertenecer o colaborar con estructuras pandilleras.
Esta medida de carácter excepcional fue aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 para contener una violenta escalada de homicidios.
No obstante, el despliegue de seguridad ha acumulado cerca de 6.400 denuncias formales por violaciones de los derechos humanos, estimándose que más de 500 personas han fallecido mientras permanecían bajo la custodia directa del Estado.
Organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales ya habían advertido en marzo de 2025 que El Salvador presentaba la tasa de presos “más alta del mundo”, registrándose para ese momento índice de 1.824 privados de libertad por cada 100.000 habitantes.
Con información de EFE.