El abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiobrecordó a los funcionarios del Estado venezolano que están obligados a informar con claridad el destino, situación o paradero de las personas privadas de libertad, advirtiendo que la omisión de estos datos podría constituir una desaparición forzada, según lo establecido en el Código Penal.
A través de una publicación en la red social X, Himiob señaló que quienes participan en el traslado de detenidos deben notificar de manera precisa el lugar al que son llevados.
“A los funcionarios que están moviendo presos de un lado para otro se les recuerda que deben indicar y notificar con claridad cuál es su destino, situación o paradero. Lo contrario puede llegar a constituir una desaparición forzada (Art. 180-A CP)”escribió.
La advertencia de Himiob estuvo acompañada por una imagen del artículo del Código Penal, que sanciona la desaparición forzada.
La norma establece penas de entre 15 y 25 años de presión. para las autoridades o personas al servicio del Estado que priven ilegitimamente de libertad a una persona y se nieguen a reconocer la detención oa informar sobre su destino o situación.
Además, señala que el delito se considera continuado mientras no se determine el paradero de la víctima.
A los funcionarios que están moviendo presos de un lado para otro se les recuerda que deben indicar y notificar con claridad cuál es su destino, situación o paradero. Lo contrario puede llegar a constituir una desaparición forzada (Art. 180 -A CP) pic.twitter.com/nKEsZNRtIa
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) 4 de junio de 2026 Traslados en El Helicoide El pronunciamiento ocurrió luego del traslado, el pasado 3 de junio, de los “últimos presos políticos” que permanecían excluidos en El Helicoide hacia otros centros penitenciarios del país.
Familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron, que inicialmente no se ofreció información oficial detallada sobre el destino de varios de los detenidos, aunque algunos habrían indicado desde los vehículos de traslado que fueron llevados a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.
La controversia sobre los traslados también surgió después de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que El Helicoide había sido cerrado tras la captura de Nicolás Maduro.
Las afirmaciones generaron reacciones de organizaciones no gubernamentales y familiares de presos políticos, quienes insistieron en la necesidad de garantizar información transparente sobre la ubicación y condiciones de reclusión de los detenidos.