El gobierno de Chile anunció que presentará una reforma legislativa clave destinada a ampliar radicalmente el marco legal para la retención de extranjeros en situación irregular.
La propuesta busca extender el plazo máximo de detención preventiva de los actuales de cinco días a un límite de 180 días mientras el Estado gestiona y ejecuta sus decretos de expulsión.
El presidente José Antonio Kast, quien consideró la jefatura del Estado con una agenda de fuerte énfasis en la soberanía fronteriza y el orden público, ha situado la gestión de la población migrante en el núcleo de su gobierno.
El mandatario llegó al poder con la promesa de expulsar a cerca de 330.000 inmigrantes sin permiso de residencia que se estima viven en Chile, a quienes el mandatario les atribuye un aumento en la inseguridad en el país.
Durante su reciente mensaje de rendición de cuentas públicas, Kast ratificó que el fortalecimiento de los controles migratorios y la eficiencia en los procesos de reconducción y salida forzosa constituyen prioridades estratégicas de su administración.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, precisó los alcances del nuevo diseño legal e informó que la extensión a 180 días se enfocará prioritariamente en aquellos ciudadanos extranjeros indocumentados que incurran en la comisión de delitos dentro del territorio nacional.
El secretario de Estado argumentó que el plazo vigente de cinco días resulta operativamente insuficiente para coordinar la logística consular y de transporte requerido para las expulsiones, lo que provoca que un porcentaje significativo de los requeridos por la justicia queden en libertad y eludan los posteriores controles de localización.
La ofensiva parlamentaria del Ejecutivo se complementa con un proyecto de ley paralelo orientado a tipificar el ingreso clandestino a Chile como un delito penal, modificando el criterio vigente que lo cataloga únicamente como una falta administrativa de carácter migratorio.
Como contraparte a las medidas de coerción, la administración de Kast mantiene activa una propuesta de incentivos para la salida voluntaria de aquellos extranjeros en condición de irregularidad general, ofreciendo la condonación total de multas acumuladas y garantizando la exención de prohibiciones futuras de reingreso para quienes decidan regresar formalmente bajo los canales regulares.
Con información de AFP.