La ola de protestas y bloqueos de carreteras que sacude a Bolivia desde hace cinco semanas ha dejado un saldo trágico de al menos nueve personas fallecidas.
Las movilizaciones, impulsadas por sectores campesinos, obreros y afines al exmandatario Evo Morales, exigen la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, en un escenario de creciente radicalización donde el gobierno central ya denuncia un presunto plan de desestabilización democrática financiado por la injerencia extranjera.
La gravedad de la situación humanitaria se agudizó este martes tras confirmarse el proceso de dos personas atrapadas por los cercos viales.
El primer caso corresponde a una paciente oncológica de 24 años que debía ser trasladada de urgencia desde Oruro hasta La Paz para recibir sesiones de radioterapia; la joven falleció a bordo de la ambulancia luego de que el vehículo se viera obligado a desviarse por rutas alternas de alta complejidad para esquivar los piquetes.
El segundo deceso reportado fue el de un conductor de transporte pesado oriundo de Cochabamba, quien retornaba al país con mercancía de importación y enfermó críticamente tras permanecer varado en la carretera durante 32 días sin recursos económicos y bajo amenazas de saqueo por parte de los manifestantes, según relató entre lágrimas su esposa, Zulema Ramos.
Colapso sanitario y la alerta de la CIDHAmbas muertes elevan a seis las víctimas fatales provocadas directamente por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna a causa del colapso vial.
Estos casos se suman a los siete fallecimientos registrados previamente por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y validados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un pronunciamiento oficial, la CIDH manifestó su profunda preocupación por la escalada de la violencia e instó de manera urgente al Ejecutivo ya los sindicatos a priorizar una salida concertada.
El organismo internacional recordó que, si bien la protesta social es un derecho legítimo de reunión pacífica y expresión, los bloqueos de rutas prolongadas generan afectaciones graves y violaciones a los derechos fundamentales del resto de la ciudadanía.
De la lista oficial de la Defensoría, seis personas murieron por emergencias médicas desatendidas, una falla por impacto de bala durante un operativo de despeje policial y dos corresponden a manifestantes cuyas causas de muerte siguen bajo investigación.
La parálisis del transporte afecta ya a ocho de las nueve regiones del país, provocando un desabastecimiento crítico de combustibles, alimentos de la canasta básica, insumos farmacéuticos y oxígeno medicinal.
Los esfuerzos gubernamentales para restablecer el tránsito han fracasado; los intentos del 16 y 23 de mayo para abrir “corredores humanitarios” mediante el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas derivaron en cruentos enfrentamientos con los civiles, lo que llevó a las autoridades a suspender los operativos de desbloqueo.
Acusaciones de injerencia y parálisis del diálogoEn el plano político, el canciller boliviano, Alejandro Aramayo, anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores gestiona la expulsión e inmediata salida del país de ciudadanos extranjeros detectados operando en las primeras líneas de las protestas.
Para el jefe de la diplomacia boliviana, esta participación representa una prueba inequívoca de un proceso de desestabilización orquestado desde el exterior.
El canciller aludió directamente a la intervención del activista argentino Sebastián Copello, miembro del Partido Obrero – Frente de Izquierda, quien participó en una asamblea general de la Central Obrera Boliviana (COB), así como a la presencia en las marchas de la también argentina Mercedes Trimarchi, vinculada a la agrupación Izquierda Socialista, quien optó por abandonar el territorio nacional tras los cuestionamientos del gobierno de Paz.
Pese a las presiones, la COB y las facciones leales a Evo Morales mantienen la renuncia del jefe de Estado como su única e innegociable demanda.
Todas las mesas de concertación convocadas por la Iglesia católica, el Poder Legislativo y la Defensoría del Pueblo han fracasado sistemáticamente ante la intransigencia de los huelguistas.
Ante el vacío de soluciones y la prolongación del conflicto, diversos sectores de la oposición formal han puesto sobre la mesa la posibilidad de adelantar un referéndum revocatorio aplicable al presidente Paz, a la totalidad de los miembros del Parlamento y al vicepresidente Edmand Lara.
No obstante, esta alternativa fue rechazada de plano por el vicemandatario Lara, quien la calificó como una propuesta abiertamente anticonstitucional.