El dirigente sindical de la construcción José Luis Núñez denunció haber sido detenido y extorsionado por funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica del Estado (DIE), el 26 de mayo en la parroquia San Martín, en Caracas.
La información fue dada a conocer a través de un video grabado por el propio Núñez y publicado por la periodista Maryorin Méndez.
En el material audiovisual, Núñez afirma que fue interceptado “por una motocicleta y un vehículo perteneciente a la DIE, ubicado en San Martín de la Quebradita”, cuando se dirigía a recoger a su hijo en un colegio cerca de la avenida Victoria.
Señala que lo trasladaron a un comando de inteligencia, donde lo vincularon con “actos terroristas” y manifestaciones de calle. Comentó que su condición de dirigente sindical habría sido utilizada como elemento de incriminación.
Denuncia fabricación de cargos falsosNúñez afirmó que permaneció detenido “desde horas del mediodía hasta altas horas de la noche”, y que lo mantuvieron en una celda e interrogaron varias veces.
“Me sacaban para la oficina”, relata. Considere que se habría intentado “montar un expediente” con supuestos elementos incriminatorios.
Aseguró que los funcionarios intentaron vincularlo con “actos vandálicos” y protestas recientes, incluida la supuesta incorporación de elementos como “granadas y unos presuntos envoltorios de droga”.
El dirigente sindical asevera que su actividad se ha centrado en la exigencia de mejoras salariales para la clase trabajadora, con base en el artículo 91 de la Constitución, que establece el derecho a salario digno.
“Nosotros durante muchos meses hemos estado manifestando y exigiendo que se aumente el salario digno”, señaló.
Extorsión y abuso durante la detención arbitrariaNúñez denunció que ha sido presionado económicamente: “Me obligan que de aquí (lunes) hasta el día viernes tengo un plazo para conseguirles 10 mil dólares”.
Indicó que previamente su esposa les pagó 700 dólares, que entregó junto con los teléfonos para revisión por los funcionarios.
Sostuvo que durante la revisión de los dispositivos no se encontraron elementos incriminatorios, más allá de contenido difundido en redes sociales sobre manifestaciones públicas. Sin embargo, denunció que lo agredieron básicamente y trataron de amedrentarlo durante el procedimiento.
El dirigente sindical hizo un llamado a organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para que investiguen lo ocurrido, que calificó de actos de extorsión y abuso de autoridad.
Advirtió que responsabiliza a los funcionarios señalados por cualquier situación que pudiera afectar a su entorno familiar.
Manifestó que la denuncia fue difundida como medida de resguardo.