El chavismo convirtió los tribunales con competencia en terrorismo en una de sus principales herramientas para procesar la disidencia en Venezuela. Lo que las autoridades presentaron como un mecanismo judicial para enfrentar delitos graves vinculados a terrorismo y delincuencia organizada terminó siendo utilizado contra manifestantes, activistas, dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas y ciudadanos comunes.
Bajo esa estructura judicial “especial”, cientos de personas han sido Acusadas en los últimos años de delitos como terrorismo, conspiración, asociación para delinquir o financiamiento al terrorismo tras participar en protestas, hacer críticas públicas o porque simplemente los percibían como opositores. Sus procesos han estado marcados por audiencias diferidas, desapariciones forzadas de corta y larga duración, incomunicación y obstáculos para la defensa privada.