La Defensoría del Pueblo informó este lunes el despliegue de una comisión en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) luego de las protestas registradas durante el fin de semana dentro del recinto penitenciario, donde privados de libertad denunciaron presuntos malos tratos y violaciones a sus derechos humanos.
A través de un comunicado, la institución señaló que una comisión defensorial acudió al penal “para constatar la situación y contribuir a la resolución pacífica del conflicto”.
La Defensoría aseguró que el operativo permitió verificar la integridad física de los internos y escuchar sus demandas, con el objetivo de articular soluciones junto a las instituciones competentes. Asimismo, indicó que su actuación responde a las atribuciones constitucionales y legales que le corresponden como garantía de los derechos humanos de la población penitenciaria.
A su vez, el organismo afirmó que mantendrá labores de acompañamiento y mediación dentro del recinto, priorizando la negociación y la protección de los derechos fundamentales de los privados de libertad.
“El equipo defensorial comenzará garantizando el acompañamiento y mediación necesaria, actuando de forma activa en la negociación y priorizando la defensa y protección de los derechos humanos de la población penitenciaria”, expresó la institución en el comunicado difundido este lunes a través de sus redes sociales.
Protestas en Injuba impulsan la destitución del director y apertura de investigaciónLa actuación de la Defensoría ocurre en medio de una crisis que estalló el domingo 24 de mayo, cuando internos del Injuba iniciaron una protesta masiva y ocuparon distintas áreas del penal, incluyendo los techos de las instalaciones. Videos difundidos en redes sociales mostraron a reclusos quemando objetos y denunciando presuntas torturas, requisas violentas y restricciones de visitas.
De acuerdo con informes recientes, los privados de libertad exigieron la destitución del entonces director del penal, Elvis Macuare Guerrero, a quien señalaron por presuntos abusos y malos tratos dentro del recinto. Horas después de iniciadas las protestas, las autoridades regionales confirmaron su destitución.
En paralelo, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal sobre los hechos y designó a la Fiscalía 49 nacional con competencia en derechos humanos para esclarecer las denuncias formuladas por los internos y sus familiares.
La situación también derivó en denuncias de traslados de reclusos hacia destinos no confirmados oficialmente. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó este lunes sobre la salida de autobuses desde el penal y denunció el traslado de 112 mujeres recluidas en el anexo femenino hacia un lugar aún desconocido.
Mientras tanto, familiares de los privados de libertad permanecen en los afueras del recinto penitenciario exigiendo información sobre el estado y desfile de sus allegados, en medio de un clima de tensión y de creciente preocupación por las condiciones dentro del sistema penitenciario venezolano.