Miles de profesores, personal administrativo, estudiantes y graduados marcharon por toda Argentina para exigir que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario aprobada en agosto del año pasado.
Fue la cuarta “Marcha Universitaria Federal” de este tipo, motivada por los constantes recortes presupuestarios a la educación superior y las ciencias desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023. Desde entonces, las asignaciones presupuestarias del gobierno a las universidades nacionales cayeron un 45,6%, según informó el Consejo Nacional Interuniversitario (CIN).
Según la legislación vigente, el gobierno ha ajustado los salarios de los profesores y los gastos operativos a la inflación, lo que ha provocado un aumento de las dimisiones y que otros docentes se ven obligados a buscar empleos adicionales. Aunque el Congreso aprobó el proyecto de ley de financiación de las universidades públicas en agosto de 2025, Milei lo vetó rápidamente, alegando su compromiso con una política de déficit cero.
En septiembre, los legisladores de ambas cámaras rechazaron el veto, promulgando oficialmente la ley.
Sin embargo, el presidente ha paralizado su implementación mediante decreto, argumentando que la ley permanece en suspenso hasta que se identifiquen fuentes de financiación específicas.
A finales de marzo, un tribunal federal ordenó al gobierno que cumpliera con una parte de la norma que otorgaba un aumento salarial al personal universitario, lo cual se consideraba el punto más urgente del proyecto de ley.
En un intento por eludir sus obligaciones, el gobierno ha recurrido a los tribunales, y un tribunal de apelaciones inferior acaba de conceder la solicitud de la administración de elevar el caso a la Corte Suprema y suspender la implementación de la ley mientras tanto. La decisión final sobre el asunto recae ahora en el máximo tribunal del país.
A pesar de la movilización masiva del martes, que congregó a más de 600.000 personas en la capital, Buenos Aires, ya casi un millón en toda Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) afirmó que el gobierno decidió redoblar sus esfuerzos.
“Podría haber cien mil, un millón o cinco millones de personas en las calles, pero la restricción presupuestaria continuará”, dijo Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
Un día antes de la marcha, cuyo lema instaba a Milei a “Cumplir con la ley, no hipotecar el futuro”, la administración del presidente recortó más proyectos, incluyendo 5.300 millones de pesos (3,8 millones de dólares) destinados al mantenimiento de edificios universitarios y 2.000 millones de pesos (1,4 millones de dólares) en becas de ciencias. Entre educación, ciencia, tecnología y transferencias directas, la administración ha recortado más de 110.000 millones de pesos (79 millones de dólares).
Antes de que Milei asumiera el cargo, la financiación de la educación superior representaba el 0,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023; Actualmente ronda el 0,47% del PIB.
El impacto es devastador y, según sus profesores, algunas de las mejores universidades públicas de Argentina están al borde del colapso. Las universidades se han quejado del deterioro de las instalaciones, el racionamiento de electricidad, los recortes salariales al profesorado y la disminución de las actividades extracurriculares, entre otras cosas.
Pancartas de manifestantes que instantánea a Milei a cumplir con el proyecto de ley de financiación universitaria | Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vía XMínimos históricos y la amenaza de la “fuga de cerebros”El presupuesto actual para la educación superior se encuentra en su nivel más bajo en dos décadas, con una financiación que ha caído por debajo de los niveles observados durante la crisis de hiperinflación de 1989 (0,44% del PIB) y que se acerca a los mínimos absolutos registrados durante la dictadura militar argentina, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CiiCTi).
Uno de los desafíos más acuciantes a mediano plazo es la retención del personal académico. Los salarios del profesorado se han desplomado un 32% desde que la administración de La Libertad Avanza de Milei asumió el cargo, lo que ha provocado aproximadamente 10.000 renuncias, según datos del CIN.
El éxodo ha dejado puestos vacantes docentes en áreas consideradas altamente estratégicas para el modelo económico del propio gobierno, incluidos sectores como la energía, la tecnología y la minería.
Tan solo en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales reportó la pérdida de 438 profesores e investigadores entre diciembre de 2023 y abril de 2026.
“Estamos perdiendo a uno cada dos días”, declaró a Argentina Reports un miembro del profesorado que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. El departamento de Ingeniería registró 342 bajas adicionales.
Un revés histórico: la financiación cae por debajo de los niveles de 2002 y 1976
La situación es igualmente crítica para la ciencia y la tecnología, donde los analistas advierten de un desmantelamiento virtual de la matriz de investigación del país.
El gasto federal en ciencia y tecnología cayó un 39,3% durante el primer trimestre en comparación con el mismo período de 2023, lo que proyecta una disminución en términos reales del 47,7% para el final del ciclo de tres años, según señala el informe de CiiCTi.
Esta persistente restricción presupuestaria reducirá la financiación del sector a tan solo el 0,149% del PIB, el nivel más bajo registrado desde que comenzaron los registros históricos en 1972.
Para comprender la magnitud del ajuste fiscal, el nivel actual de financiación supera con creces los mínimos alcanzados durante la peor fase del colapso económico de 2002 (0,177% del PIB) y el inicio de la dictadura militar en 1976 (0,194% del PIB).
Estas cifras oficiales también confirman el fracaso del gobierno en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley de financiación de la ciencia, actualmente suspendida, que obligaba legalmente al Estado a invertir el 0,520% del PIB en el sector este año.
Un debate ideológico sobre el papel de la educación pública
Más allá de una caída del 40,3% en el poder adquisitivo de los salarios y las becas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina desde noviembre de 2023, los fondos necesarios para mantener activos los proyectos de investigación están prácticamente paralizados.
La Agencia I+D+i, principal organismo de innovación y desarrollo del país, ha sufrido un severo recorte del 86,3% en los últimos tres años.
Esto se ve agravado por la asfixia financiera que sufren instituciones de vanguardia: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), clave para la participación de Argentina en la misión Artemis de la NASA, se enfrenta a un recorte del 61,2%, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) han visto reducidos sus presupuestos en casi un 47%.
Artículo escrito por Eugenia Muzio en Informes argentinos. Versión en castellano para El Nacional