El gobierno del presidente José Antonio Kast impulsa un polémico proyecto de ley que busca obligar a centros médicos, escuelas y otras instituciones públicas a entregar información confidencial sobre migrantes en situación irregular.
La propuesta, que forma parte de una reforma para agilizar los procedimientos de expulsión, establece que estas entidades deberán informar domicilios, teléfonos y correos electrónicos de los indocumentados que acudan a sus servicios, lo que ha desatado un fuerte conflicto interno dentro del gabinete presidencial.
La medida generó un choque directo este viernes con la ministra de Salud, May Chomali, quien expresó su rotunda oposición al proyecto.
“Estamos mirando con bastante preocupación esta medida, ya que esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y está resguardada por el Código Sanitario”, afirmó la ministra a Radio Teletreceasegurando que defenderá la confidencialidad de los pacientes porque no pueden “ir contra la ley”.
Kast bajo fuego cruzadoAnte la controversia, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó matizar el alcance de la propuesta, asegurando que ha sido “malinterpretada”.
Según Pavez, la instrucción de facilitar antecedentes para ubicar a las personas solo se aplicaría cuando exista un “procedimiento migratorio” en curso.
No obstante, críticos y expertos advierten que la medida podría disuadir a la población migrante de buscar atención básica. El director del Centro de Políticas Migratorias advirtió a la AFP que “tener niños sin asistir a centros educativos y población sin atención en salud sería muy perjudicial. No disminuiría la población irregular, sólo la haría más vulnerable”.
Este endurecimiento de la política migratoria responde a una de las principales promesas de campaña de Kast, quien se comprometió a expulsar a los 340.000 migrantes irregulares que residen en Chile.
Sin embargo, el mandatario ha estado bajo fuego cruzado esta semana tras calificar dicha promesa primero como una “metáfora” y luego como una “hipérbole”, lo que le valió duras críticas por parte de sus seguidores.
Hasta la fecha, el Ejecutivo ha impulsado la construcción de barreras fronterizas en el norte del país y ha ejecutado la expulsión de 80 personas mediante vuelos de la Fuerza Aérea.
Con información de AFP