Delcy Rodríguez, presidenta interna de Venezuela. FotoJuan BARRETO/AFPVamos a iniciar respondiendo la pregunta del título de este escrito. Delcy Rodríguez no tiene legitimidad. Ella formó parte de la cúpula que robó descaradamente las elecciones del 28 de julio de 2024 y desconoció la soberanía popular. Ejercía cargo público en un gobierno de facto, rotundamente ilegítimo, apoyado en las bayonetas y con el poder legislativo y judicial, igualmente ilegítimos. Ahora ejerce la presidencia por una sucesión ilegal, obviamente fáctica, apoyada por una potencia extranjera, ante la cual la cúpula militar, valiente contra el pueblo, está sumisa y callada.
La ciencia política nos dice que la legitimidad es el derecho que tiene el pueblo de seleccionar el régimen de gobierno y la autoridad política gobernante. La legitimidad política se considera una condición básica para gobernar, sin la cual un gobierno sufrirá permanentemente inestabilidad y colapsará al tener en contra la presión del pueblo que reclama su soberanía. Desde la Ilustración, John Locke (1632-1704) dijo que la legitimidad política se deriva del consentimiento popular explícito e implícito de los gobernados.
De acuerdo a la Constitución, en el artículo 47 se concreta que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Puede transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Con base en este poder soberano se elaboró una Constitución que organiza al Estado y las formas de producción jurídica. Pero, precisamente, dado su poder soberano, regula cómo deben ser designados los poderes públicos (art. 5 constitucional), lo cual es mediante el voto popular. El pueblo se manifestó contundentemente contra la tiranía chavista: pero fue saqueado, consumándose el golpe de Estado que venía dándose, aniquilando el Estado de derecho y la legalidad.
No hay duda de que el reconocimiento del pueblo como soberano está ligado a la democracia, porque es la forma en que puede expresarse, además, controlar los poderes con procedimientos democráticos el ejercicio del poder designado. Con justa razón, Bobbio afirma que legitimidad, como legalidad, son dos atributos del poder de origen democrático, por ejercicio de la soberanía del pueblo. Obviamente, entendiendo que esa legalidad sea creada por órganos y procedimientos democráticos, porque si no es bajo esa condición democrática, como efectivamente, lo escribía Heller, las tiranías pueden crear su propia legalidad para justificar su presencia en el poder.
Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha avanzado en alcanzar una protección real y efectiva de los derechos fundamentales. Hoy día ya no solo se exige legitimidad de origen a los gobiernos, sino que deben actuar conforme a derecho, teniendo por delante el respeto de los derechos fundamentales. Esto implica que el problema de la legitimidad, al igual que el de la justicia, no es meramente jurídico, sino también moral, ya que se identifica solo con valoraciones humanas y sociales que determinan que la legitimidad de las autoridades políticas. Se debe evaluar si cumplen correctamente su función, si benefician a la comunidad o la perjudican. En nuestro caso, el pueblo repudia al régimen porque lo ha llevado a la pobreza, a la desintegración familiar, al atropello e irrespeto permanente de sus derechos. Debe tener claro que el poder del Estado solo se justifica, radicalmente, por su ejercicio al servicio de la justicia, del bien común y de la persona.
Finalmente, no puede considerarse ni admitirse que Delcy es legítima porque la ha impuesto y reconoció a Trump. Ningún derecho tiene la administración Trump para organizar nuestros poderes públicos. Esto es inmoral, tanto de Delcy y secuaces que se desgañitaron gritando contra el imperialismo y se les llenaba la boca diciendo que enviaban el petróleo fuera de las garras yanquis y ahora business to business con el imperio. Y Trump que calificaba de narcos y ofrecía recompensas por la captura de Cabello, Padrino y otros capos, véanlo allí alabándolos porque hacen negocios. Debemos exigir a ambos que queremos un poder que sea legitimado por el pueblo mediante elecciones libres. Los gobiernos democráticos respaldan la vía democrática para solucionar la crisis venezolana. El derecho internacional justifica la aspiración de libertad y democracia del pueblo venezolano. Con un gobierno legítimo habrá estabilidad y podrán acudir las inversiones con seguridad. Nuestra lucha es democracia y elecciones libres, con un CNE imparcial y observadores internacionales ecuánimes.