La recaudación tributaria superó los 3.000 millones de dólares | Foto referencialEsta es la cantidad que “en justicia” o al menos en teoría debería tener de ingreso cada venezolano (niños incluidos). Es la cifra que la economía venezolana ya produce, el salario que el régimen se niega a pagar, una estafa legalCuatro dólares al mes. Esa es la cifra oficial. No hay metáfora que la mejore ni adjetivo que la agrave. El salario mínimo venezolano, congelado en bolívares desde marzo de 2022, se derritió hasta quedar por debajo de los cuatro dólares mensuales a tasa de mercado. Punto.
Cuatro dólares es menos que una hamburguesa en Chacao. Menos que el pasaje de ida y vuelta en cualquier metro del mundo civilizado. Menos que la propina que un gringo distraído deja en un café de Madrid. Es, sin embargo, el precio oficial que la República Bolivariana de Venezuela le pone a un mes entero de trabajo humano.
Y lo firma un gobierno que todavía se llama a sí mismo obrero. Hay que tener estomago.
Pero no vamos a hablar de los cuatro dólares. Hablemos de otra cifra. De una cifra que este país necesita grabarse en el frente, repetir en las asambleas, escribir en las paredes, exigir en las urnas. Una cifra que no es una promesa, ni una meta lejana, ni el horizonte de una Venezuela reconstruida dentro de veinte años.
185 dólares.
Esa es la cifra. Memorícela. Porque alrededor de ella gira todo el resto de este artículo, y buena parte de lo que debería ser el debate nacional en los próximos meses.
De donde salen los 185 dólaresConviene explicarlo en cristiano, porque el lector desprevenido podría pensar que es un número caído del cielo, o una aspiración de café. Sin amores. Los 185 dólares son lo que la economía venezolana, rota y todo, ya estás hoy produciendo mismo. El problema no es que el país no genere ese valor. El problema es que ese valor no está llegando al bolsillo del trabajador.
Sígame con un ejercicio sencillo. Venezuela tiene hoy una economía que, aún después del cataclismo, produce bienes y servicios por alrededor de 92.000 millones de dólares al año. Eso es lo que miden el FMI y la Cepal, con todas las advertencias del caso. Divide esa cifra entre los 28,8 millones de habitantes que quedan dentro del país —porque casi 8 millones se fueron e incluimos a los niños— y obtiene algo así como 3.200 dólares por persona al año. Esa es la torta. Pequeña, menguada, vergonzosa comparada con la de 2013, pero es la torta real.
Ahora bien: esa torta no se reparte entera entre los trabajadores. De cada cien bolívares que producen una economía normal, una parte paga salarios, otra paga la ganancia del empresario, otra repone las máquinas, otra se va en impuestos. Así funciona en cualquier país. En las economías latinoamericanas comparables —Colombia, Ecuador, Perú— la renta que finalmente llega a los hogares, después de todos esos descuentos, ronda entre el 55% y el 75% del ingreso nacional. Ese es el dato duro que la Cepal lleva décadas midiendo. No es ideología: es contabilidad.
Tome el valor medio de esa banda, 65%, súmele el modesto aporte de las remesas que mandan los familiares desde el exterior, y el resultado es casi aritmético: de esos 3.200 dólares por habitante al año, algo así como 2.220 deberían llegar al bolsillo del venezolano promedio. Dividida entre doce meses y le dan los 185 dólares mensuales.
No es una meta ambiciosa. No es el sueño de un programa electoral. No es lo que prometeríamos en una Venezuela reconstruida, próspera, reinsertada en los mercados internacionales y con el petróleo volviendo a fluir. Nada de eso. Los 185 dólares son lo que la economía venezolana ya produce hoyen su estado actual de ruina, con los pozos a media máquina, con la industria desmantelada, con el éxodo consumado. Es el suelo. Es el mínimo contable por debajo de cualquier gobierno que se respete tendría derecho a dormir tranquilo.
Por eso hay que decirlo con todas las letras, y hay que decirlo sin adornos: alcanzar esos 185 dólares debería ser la meta inmediata, no negociable, de cualquier gobierno decente en Venezuela. No en cinco años. No “cuando las condiciones lo permitan”. No “a medida que se recupere la producción petrolera”. No “en el marco de un plan gradual de ajuste macroeconómico”. Sí. Mañana. La semana que viene.
Porque el dinero existe. Circula. Cambia de manos todos los días en las panaderías de Petare y en los supermercados de Las Mercedes. Se cuenta en verdes en los estacionamientos de los centros comerciales. Ingrese al país en remesas por canales formales e informales. Se mueve en transferencias electrónicas, en Zelle, en criptomonedas, en billetes arrugados dentro de los sobres que llegan de Madrid, de Santiago y de Miami. Lo único que hace falta es que ese dinero deje de escurrirse por las grietas de un régimen laboral absurdo y de una política salarial criminal.
Cualquier, cualquier partido, cualquier coalición, cualquier ministro, cualquier alcalde que aspire a hablar en serio del futuro venezolano tiene que ser capaz de mirar a una cámara y decir: “Los 185 dólares ya existen. Están en la economía. Mi trabajo consiste en hacer que lleguen al bolsillo del trabajador”. Cualquier otra cosa es retórica barata. Cualquier otra cosa es complicidad con el saqueo.
Y conviene ser implacable con un argumento que ya se escucha en ciertos cenáculos técnicos, disfrazado de prudencia: “185 dólares es mucho, la economía no lo aguanta, hay que ser realistas”. Mentira. La economía ya lo aguanta, porque ya lo produce. Lo que no aguanta es la arquitectura legal, fiscal e institucional que se interpone entre la producción y el bolsillo. Eso es lo que no aguanta. Y eso es exactamente lo que hay que desmontar.
Y sin embargo, 185 dólares es también una ofensaAquí viene lo más duro de tragar, y conviene no perderlo de vista ni por un instante: los 185 dólares son, en sí mismos, una ofensa al pueblo venezolano.
Porque estamos hablando del país que, hace apenas una década, tenía una renta personal de entre 670 y 780 dólares mensuales. Del país que durante buena parte del siglo XX fue el más próspero de América del Sur. Del país que exportó petróleo antes que Arabia Saudita, que educó a ingenieros en Berkeley y en Delft, que tuvo una clase media capaz de veranear en Miami y mandar a sus hijos a estudiar afuera. Ese país debería estar hoy, con un mínimo de sensatez administrativa, en los 800 o 1.000 dólares mensuales por habitante. Los 185 no son la restauración de nada: son el certificado contable de una catástrofe.
De manera que cuando digo que 185 es la meta inmediata, no lo digo con orgullo. Lo digo con la resignación de quien constata un incendio y pide, al menos, que se salven las paredes maestras. Primero los 185, porque están ahí, porque el dinero ya existe, porque no pedirlos equivale a regalárselos a quienes los están desviando. Después, la reconstrucción de verdad. Pero ni un minuto de complacencia con la cifra intermedia: los 185 dólares serán, el día en que se alcanzarán, la medida exacta de cuánto nos robaron.
Porque entre esos 185 dólares contablemente disponibles y los 4 dólares decretados hay un abismo de cuarenta y seis veces. Cuarenta y seis. Que nadie se confunde: esa brecha no la explica el derrumbe del PIB. El derrumbe del PIB ya está medido en el cálculo. Los 185 dólares son el resultado después de haber perdido tres cuartas partes de la economía. Lo que esa brecha explica es otra cosa: el divorcio entre la economía real y el aparato legal que dice regularla. El dinero circula —en dólares, en remesas, en efectivo, en Zelle, en transferencias que ningún ministerio registra— pero el salario formal quedó anclado a un bolívar que ya no existe como unidad de cuenta seria.
Dicho de otro modo: el problema venezolano no es sólo que la torta se achicó. Es que al trabajador formal le están sirviendo las migajas mientras la torta, pequeña y todo, se reparte por debajo de la mesa.
La década devoradaY conste que la torta se achicó, y mucho. Entre 2013 y 2020 el PIB venezolano se contrajo entre 71% y 76%. La mayor contracción en tiempos de paz registrada en la contabilidad nacional moderna. No hay eufemismo que disimule eso. No es una crisis: es un país amputado.
Haga la misma cuenta para 2013, antes del desastre, y el representante venezolano debía percibir entre 670 y 780 dólares mensuales. Hemos retrocedido, en una década, a una cuarta parte. Una quinta parte. Ésa es la magnitud honesta del empobrecimiento: no la caída de 780 a cuatro, que mezcla peras con manzanas, sino la caída de 780 a 185. Brutal, pero real. Lo de los cuatro dólares es otra cosa. Lo de los cuatro dólares es una decisión política.
El fósilAquí conviene hablar claro de algo que en Venezuela se discute con la misma solemnidad con que los teólogos medievales discutían la transustanciación: las prestaciones sociales.
Las prestaciones fueron pensadas para un país con moneda. Para un país donde el último salario, multiplicado por los años de servicio, significaba efectivamente una indemnización. Para un país donde el tiempo trabajado acumulaba valor en lugar de disolverlo.
Ese país no existe. Lo enterramos hace una década.
Lo que queda es una antigualla: un sistema calculado sobre una unidad monetaria que se evapora, administrado por fideicomisos que rinden menos que la inflación, codificado en una LOTTT de 2012 que presume de haber “rescatado” la retroactividad como si el bolívar de hoy tuviera algo que ver con el bolívar de ayer. Es como pretendiente cobrar una deuda de 1350 en monedas de Felipe II. La unidad se esfumó. El escribano sigue copiando al pergamino.
Y no es sólo un anacronismo pintoresco. Es un mecanismo activo de daño. Porque al blindar jurídicamente unos costos laborales formales que ninguna empresa seria puede asumir —la ley los liquida en bolívares, la realidad los cobra en dólares—, las prestaciones se convirtieron en la mejor razón para no formalizar empleo. El patrón calcula. El trabajador calcula. Los dos llegan a la misma conclusión: por el camino de la ley, al despeñadero.
Así nació, sin que nadie lo decretara, el mercado laboral dual que documenta Anova Policy Research. Empresas dolarizadas pagando entre 150 y 300 dólares por fuera de la nómina oficial. Estado pagando cuatro por dentro, con prestaciones teóricas que al cabo del quinquenio alcanzan para una cena de domingo.
Digase sin rodeos: el andamiaje legal que se construyó para proteger al trabajador venezolano se convirtió, por vía de la destrucción monetaria, en el principal dispositivo de su desprotección. La ley defiende a un asalariado que ya no existe. El asalariado real sobrevive como puede, con el Zelle del hijo que se fue a Santiago, con la remesa de la hermana en Madrid, con los billetes verdes que entran al país por canales que ningún organismo internacional registrará jamás.
Lo que hay que decirHay una cosa que la izquierda venezolana se niega a pronunciar y que la derecha venezolana no se atreve a escribir: una conquista histórica puede caducar. Las prestaciones, tal como están, no son una conquista. Son un fetiche. Protegen la comodidad retórica de quienes las invocan desde el poder y condenan al trabajador real a la economía informal.
Ninguna reconstrucción seria del país será posible sin reembolsar de cabo a rabo el régimen laboral venezolano. Un sistema de seguridad social desenganchado del bolívar moribundo. Indexado en unidades estables. Portátil entre lo formal y lo informal. Calibrado a la estructura real —dolarizada, migrante, remesada— del trabajo venezolano del siglo XXI.
Cualquier otra cosa es seguir rezándole al santo de yeso mientras se cae el techo.
Mientras tanto, el decreto sigue firme. Cuatro dólares. Y los señores que lo firmaron duermen tranquilos, porque saben que en Venezuela la indignación se gasta rápido y la memoria más rápida todavía.
185 dólares. Que no se nos olvide la cifra. Que no se nos caigamos de la boca. Que conste, al menos, que alguien la escribió. Que conste que estaban ahí, al alcance de la mano, esperando apenas un gobierno decente. Y que conste, sobre todo, que incluso esos 185 dólares —el piso, el mínimo, la vara más baja de la decencia contable— son un insulto a lo que este país fue, a lo que este país podría ser, ya lo que este pueblo, contra toda evidencia, todavía merece.