Familiares de presos politicos | Foto: referencialLa ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que 49 presos políticos con enfermedades graves enfrentan una condena a muerte lenta. A través de un comunicado, la organización señaló que un sector de la población penitenciaria enfrenta una doble sentencia: la privación de libertad y el deterioro acelerado de su salud bajo custodia.
La JEP indicó: “La situación de los presos políticos con enfermedades graves o crónicas ha dejado de ser un asunto estrictamente procesal para convertirse en una emergencia que cuestiona la esencia misma del Estado de derecho. Cuando el sistema penal ignora la patología de un privado de libertad, la pena se transmuta en un trato cruel, inhumano y degradante.”.
La salud es un derecho inalienable que no se suspende con la privación de libertad, y hoy, la falta de atención especializada ha transformado la reclusión en un estado de vulnerabilidad física extrema que compromete la integridad de estos venezolanos.
La Constitución Nacional,… pic.twitter.com/dpMFN9tErP
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) 3 de abril de 2026 La realidad de los presos políticos con enfermedades graves.De acuerdo con la organización, actualmente suman 49 presos políticos con enfermedades graves en las cárceles venezolanas.
Al respecto, señalaron: “Al presente, 49 venezolanos con enfermedades graves o crónicas permanecen tras las rejas. Este grupo no solo sufre la privación de libertad, sino que está sometido a un patrón de aniquilación silenciosa en el que la denegación de medicina, alimento y sol funciona como una ejecución diferida. No es negligencia; es la utilización de la patología como un arma de control y castigo, una práctica que ocurre ante la mirada impasible de los tribunales”.
También recordaron que desde el año 2015 la cifra de fallecidos bajo custodia es de 26 ciudadanos. “Esta cronología del horror revela que la muerte en prisión es un desenlace previsible y, siempre, como consecuencia de la irresponsabilidad del Estado”, precisaron.
La organización denunció que sobre estas 26 muertes no se realizó ningún tipo de investigación penal efectiva. Tampoco hubo consecuencias para las cadenas de mando responsables. “Cada fallecimiento ha sido despachado con el silencio administrativo, consolidando una impunidad absoluta”, indicaron.
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