La mañana del 23 de junio del 2020 —en plena pandemia del COVID-19— el guardián del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) Encontré una escena extraña al abrir las puertas del local institucional: Oficinas abiertas, un ligero desorden y las llaves en un lugar diferente al que las dejó la noche anterior.
Poco antes, durante la madrugada, desconocidos habían ingresado al edificio sin forzar puertas ni ventanas. El objetivo no apuntaba al robo de equipos. Según la denuncia policial a la que accedió este Diario, lo que se buscaba era robar toda la información almacenada en las cuentas contables del colegio.
“La solicitante (denunciante) indica que al parecer los hechos solo se habrían producido con la finalidad de obtener información contable del colegio”, reza en la denuncia policial.
Esos registros contables eran vitales —según fuentes consultadas— porque de ahí desprendía todo lo relacionado a los depósitos realizados por las colegiaturas y diplomados ante la dirección del ICAL, que estaba a cargo del entonces decano José María Balcázar.
En ese momento, la Fiscalía investigaba a Balcázar Zelada de forma preliminar por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Es decir, por negarse a dar cuenta del dinero y otros montos ingresados en su administración.
Como toda indagación, el Ministerio Público requería de elementos probatorios.
Un mes después del extraño robo —el 31 de julio del 2020—, curiosamente, la investigación por fraude se archivó. Pero en 2021 el fiscal superior penal Julio Enrique Morales revocó el archivo y varió el delito de fraude por apropiación ilícita.
Por este último, Balcázar fue citado a juicio oral el próximo 16 de junio. La Fiscalía apunta a que el hoy presidente de la República se apropió del dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque.
Cierto o no, con el tiempo se supone que Balcázar abrió en el 2019, en medio de su gestión, dos cuentas de ahorros en la Caja Trujillo. En ellas, según una auditoría interna del 2021 en el ICAL, que forma parte del expediente judicial, recibió depósitos por S/889’766.70, dinero que debía ingresar directamente a la cuenta bancaria del Colegio de Abogados.
—La historia e intervención policial en el ICAL—
Ahora bien, aquel 23 de junio del 2020, a las 7:15 de la mañana, el guardián diurno de nombre Luis Chacón Vigil se topó con la escena del robo e informó rápidamente a Sinthia Pamela Renquifo, entonces cajera y encargada de la contabilidad del ICAL.
Según fuentes de este Diario, Renquifo era persona de confianza de Balcázar.
Tras la llamada de Chacón, la mujer acudió —una hora después— a la Policía y denunció el hecho, a lo que el personal policial conformado por el suboficial de segunda Frank Sánchez Lino y el suboficial de tercera Favio Barboza se constituyeron en el lugar.
En la zona el guardián relató que al ingresar al local notó que la puerta de lunas tipo mampara estaba abierta y que los demás accesos habían sido manipulados.
Dijo que encontró abiertas las oficinas de Informática, Colegiatura, Archivo, Contabilidad y Caja.
Cuando la Policía realizó la constatación respectiva, en el segundo piso del local, encontró que habían dejado abandonados un taladro color negro, el cargador de un celular, una silla de plástico y un monitor del área informática.
El resto de computadoras, que pertenecían a otras áreas, estaban en sus lugares.
Este Diario se comunicó con Chacón Vigil y nos confirmó el hecho y la existencia de la denuncia. Pero al ser consultado por el detalle de esto, solo se limitó a decir que “toda la denuncia está interpuesta en la Comisaría PNP César Llatas Castro”. Luego nos colgó.
El día del robo, Renquifo aseguró a la Policía que “prácticamente no se ha sustraído especie alguna, pero sí se ha manipulado la información del área de Informática, desconociéndose quién o quiénes hayan sido los autores del delito”.
“La solicitud indica que al parecer los hechos solo se habrían producido con la finalidad de obtener información contable del colegio”, reza la denuncia policial.
Dejó claro que en esa fecha —el 23 de junio del 2020— el ICAL no contaba con guardián nocturno, solo uno que veía la seguridad por la mañana y tarde.
“Por razones actuales (epidemia) y de economía se ha prescindido de los servicios del otro guardián (nocturno)”, refirió.
En la ampliación de su manifestación la mujer agregó que el o los ladrones se llevaron S/15.775, monto recaudado de las colegiaturas del 14 de marzo al 19 de junio del 2020 y un “switch” de Internet.
Siete días después de la denuncia, esta fue elevada a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Chiclayo a las 6 y 26 de la tarde.
“Acta de intervención y N° de libro 1594, por motivo de Patrimonio (Delito) y hurto agravado”, figura en el sistema policial.
—“Balcázar señalaba: No se metan con mis diplomados”—
Cuando la Fiscalía citó —en 2021— a algunos testigos como parte de la investigación por apropiación ilícita, el exvicedecano Yuri Díaz, el mismo que ingresó al ICAL con Balcázar Zelada en el periodo 2019-2020, testificó lo siguiente:
“Balcázar siempre se negó [a bancarizar los dineros]. Él siempre se negó. Es más, en oportunidades señalaba que ‘no se metan con mis diplomados’”.
Sostuvo que los abogados que se colegiaban depositaban en las cuentas de Balcázar por concepto de colegiatura un monto de S/1510. “Lo que no sabemos es lo que ha hecho con ese dinero”, refirió.
Testimonio de Yuri Díaz en caso Balcázar por depósitos.
Fuentes de El Comercio indicaron que el robo habría sido una estrategia orquestada por Balcázar para no entregar información que iba a ser recabada por la Fiscalía y frenar las indagaciones en su contra a fin de acreditar que no existían esas cuentas contables para investigarlo.
Al ser consultado por este Diario, el exdecano del ICAL —en 2021— Carlos Manuel Martínez Oblitas indicó que esa denuncia no tenía sentido y que el real “objetivo habría sido ocultar información para después no esclarecer los montos de los ingresos”.
No obstante, refirió que eso podrá esclarecer una investigación.
Ahora bien, Martínez recibió el 1 de junio del 2021 una auditoría a las cuentas del ICAL realizada por la Corporación de Asesores y Consultores Empresariales SAC.
En ella se le informó que tras la información revisada se comprobó “la inexistencia de libros contables y de los estados financieros de los años 2019 y 2020″.
El informe fue enviado al entonces decano Carlos Manuel Martínez Oblitas.
Tras la revisión del expediente de la investigación original y otros documentos anexados, El Comercio encontró que Renquifo, la mujer que acudió el 23 de junio del 2020 a la autoridad policial, fue la misma persona a quien se le atribuyó ser coautora del delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
En otras palabras, se le acusó de ser cómplice de Balcázar en el hecho de adjudicarse los pagos de las colegiaturas.
Ella, en su calidad de trabajadora administrativa, era responsable de velar por los ingresos al ICAL. ¿Coincidencias?
Intentamos comunicarnos con la señora Renquifo para conocer su versión, pero segundos después de escucharnos, colgó el teléfono. Le dejamos mensajes por WhatsApp.
—Archivo justificado?—
Cierto o no, el caso original por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas fue archivado el 31 de julio del 2020, un mes después del robo denunciado.
Fue el fiscal Carlos Enrique Osores, quien se encontró un cargo del caso. Él decidió no formalizar la investigación preparatoria sobre José Balcázar.
En la disposición a la que accedió este Diario, el representante del Ministerio Público señaló lo siguiente:
“No formalizar preparatoria contra Balcázar y Sinthia Renquifo Villegas (cómplice primaria) por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque, disponiendo el archivo definitivo de los accionados, una vez consentida o confirmada la presente”.
No se encontraron pruebas suficientes sobre el caso.
En esa misma disposición fiscal, se pudo observar que Osores hizo a un acto que llamó poderosamente la atención: “Por otro lado, rechazo las afirmaciones efectuadas en el escrito de fecha 21 de octubre de 2019 donde se alude a la amistad y condescendencia que tendría con el investigado Balcázar Zelada, lo cual no corresponde a la verdad porque el mencionado no es mi amigo y —en el supuesto que sea así— la parte denunciante tiene el mecanismo de pedir mi inhibición por alguna causal, si la hubiere”.
La decisión fue tomada por el fiscal Carlos Osores.
La decisión fue tomada por el fiscal Carlos Osores.
En septiembre el abogado Yuri Díaz Jaime, entonces vicedecano y Rosa Elena Pizarro Piscoya, directora de Economía, presentaron un recurso de queja (elevación de actuados), el mismo que fue elevado a la Fiscalía Superior Penal de Apelación de Lambayeque.
El 5 de marzo del 2021, el fiscal superior penal Julio Enrique Morales, de la Fiscalía Superior Penal Transitoria de Apelaciones de Lambayeque, decidió declarar fundada la queja de derecho y dispuso adecuar la investigación de fraude en la administración de personas jurídicas al tipo penal de apropiación ilícita. Es decir, varió de delito.
En tal sentido, revocó la disposición del 31 de julio que dispuso no formalizar investigación y ordenó al fiscal a cargo formalizar y continuar con la investigación preparatoria.
Es así que el 21 de abril del 2021, luego de varios meses de la decisión de Morales, el fiscal provincial Carlos Osores formalizó dicha pesquisa.
Sin embargo, el 9 de septiembre del 2022 formuló un sobreseimiento al indicar que no se acreditaban concretamente los elementos de convicción.
El caso llegó a manos de la fiscal Superior Anita Cabrejos quien, luego de evaluar la controversia, decidió rectificar el requerimiento de sobreseimiento formulado por el fiscal Osores y ordenó que otro representante de la Fiscalía formulara acusación contra Balcázar.
Tras el cambio de fiscal, el 23 de octubre la fiscal provincial Lourdes Contreras formuló el requerimiento acusatorio contra quien hoy es nuestro presidente de la República, por, presuntamente, recibir depósitos de las colegiaturas en sus cuentas personales.
En dicha acusación estimó que Balcázar sea pasible o no de un año de pena privativa de la libertad. El juicio en su contra tiene fecha programada: El 16 de junio de este año.
—Versión presidencial—
Al respecto, José María Balcázar respondió a El Comercio —el 18 de marzo— sobre las consultas que le formulamos respecto del extraño robo informático. Pero lejos de contestar por esa denuncia, e El jefe de Estado solo se limitó a dar su versión sobre el caso de apropiación ilícita por el que es acusado por la Fiscalía.
“Esa denuncia de opositores gremiales se archivó por prescripción. La pericia contable oficial del fiscal procedimientos que no hubo ningún perjuicio económico al Colegio de Abogados. Y encina estaba prescrita la denuncia de mis opositores. Lo que quedó era solo ver “si podría acreditarse algún daño civil”, cosa que es totalmente subjetiva porque al no existir pericia contable eso también se archivará sí o sí. Además, la Sala Penal dijo que el juez vea la posibilidad o no abrir debate sobre la materia. Así que exijo Vean el expediente judicial para informar con objetividad de 5 años y los denunciantes no han aportado ninguna prueba que rebata la prueba del Ministerio Público. Veo sesgado desde ya, porque hablan de robo lo cual no se investigó por MP. Lo que hubo fue primero la denuncia fue por fraude de personas jurídicas que después de un año se archivó. Y luego sobre lo mismo se volvió a denunciar por “apropiación ilícita” que también se archivó como dejó dicho. Esos abogados que me denunciaron habían sido expulsados de mi Directiva y no saben que es una apropiación ilícita”.
En diálogo con este Diario, el abogado Odar Cornejo —identificado como defensa legal de Balcázar— indicó que el robo fue real y que hubo incluso cámaras de seguridad que en ese momento lograron identificar a una persona ingresando al Colegio. Esto fue enviado a las autoridades, pero que luego no supo más de la indagación.
“Ingresó tal sujeto. Hizo una violencia contra la puerta o ventana, no recuerdo bien. Ingresó a las instalaciones de Tesorería, abrió caja de seguridad y se llevó el dinero que estaba en ese tiempo. Ese dinero se depositaba en la caja de seguridad porque Balcázar no podía ingresar el dinero a las cuentas del BCP porque tenía que ingresar con la tesorera, en ese tiempo la señora Rosa Pizarro. (…) El vídeo del robo está en la carpeta fiscal (del robo) se lo entregamos a la Policía”, manifiesto.