En medio de la incertidumbre política caracterizada por el tutelaje de un interinato de facto y el surgimiento de nuevos actores políticos, la reclamación territorial de Venezuela y el proceso ante la Corte Internacional de Justicia -al que nos ha llevado Guyana por la irresponsabilidad de un régimen entreguista que ha negado y sigue negando la competencia de la Corte- continúan su curso, aunque quienes controlan y tienen la responsabilidad de defender los intereses de la República sigan ausentes.
Desde el inicio del proceso, en marzo de 2018, Venezuela se ha negado a aceptar la competencia de la Corte, un tema que por la misma ausencia del Estado fue superado por decisión adoptada en diciembre de 2020 cuando el tribunal reconoció su competencia, aunque no de manera unánime (opiniones disidentes de los jueces Abraham (Francia) y Benouna (Marruecos). Paradójicamente, se ha participado en el proceso con la entrega de documentos, la participación en audiencias públicas y la designación de un juez ad hoc (Couvreur, de Bélgica) que corresponde a las partes en el proceso e incluso con la presentación de una excepción de inadmisibilidad.
La fase preliminar sobre competencia y admisibilidad y de medidas cautelares, así como la escrita respecto del fondo de la controversia ha terminado, abriéndose la fase oral para la que la Corte convoca audiencias públicas, en las cuales las partes deberán presentar, Guyana con seguridad, sus argumentos para fortalecer sus posiciones sobre el objeto de la demanda que es, debemos recordarlo, la solicitud de Guyana a la Corte de que confirme la validez del laudo y que se obliga a Venezuela a respetarlo.
Venezuela debería participar, comparar en el proceso, más en esta fase oral, y presentar sus argumentos que son muchos para que se declare el laudo arbitral nulo e írrito, como lo planteó Venezuela desde 1962 cuando los gobiernos democráticos así lo hicieron en la Asamblea General de Naciones Unidas, declaración que condujo a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 que ha sido el marco procesal para la solución de la controversia que el régimen instalado en 1999 despreció para complacer las aspiraciones de potencias extranjeras, a cuyo tutelaje se estaba sometiendo entonces, el de Cuba en particular, que siempre apoyó a Guyana.
La irresponsable ausencia de Venezuela ha sin duda favorecido a Guyana que ha presentado una serie de documentos, muchos sin fundamento y cuestionables, a favor de su posición. De no hacerlo y de no presentar lo que tiene que hacer, la decisión del tribunal podría ser adversa a nuestros intereses que no se limitan al territorio mismo, de más de 150.000 kilómetros cuadrados, si no a las áreas marinas y submarinas que proyectan el territorio, en las cuales no solo hay inmensas riquezas, sino que garantiza la salida al Atlántico, es decir, un interés geopolítico que siempre se había cuidado, hasta 1999.
El régimen transitorio y tutelado debería convocar a la sociedad venezolana, a la academia, universidades, expertos, grupos sociales, empresarios, trabajadores, para informarles sobre el proceso y lograr un consenso en cuanto a lo que se debe hacer en estos momentos.
El proceso sigue, lo que no impide que se planteen otros medios de solución distintos que puedan favorecer una solución justa y equitativa, mutuamente satisfactoria, como se acordó en Ginebra en 1966. No es fácil plantear una negociación y menos iniciarla. Guyana ya advirtió que seguirá en el proceso y que espera que Venezuela respete el Derecho Internacional y el proceso ante la Corte, pero asomarla con responsabilidad no es tan descabellado.
No es fácil encontrar una vía alterna. Guyana presume de ventajas en el proceso, por la ausencia de Venezuela, pero nada impide como dije buscar una solución distinta más en estos momentos, después del 3 de enero, en la que aparecen nuevos actores que podrían favorecer una solución que impida confrontaciones y promueva lo que siempre se ha querido, pero que no se ha cristalizado, una relación de buena vecindad con Guyana que en definitiva esta allí más allá del río esequibo.
Una negociación, desde luego, exige de las partes fortalezas en sus planteamientos y buena fe en el procedimiento, lo que parece ausente en la postura del régimen de facto que opera hoy bajo tutelaje que ha instrumentado desde siempre una diplomacia de confrontación calificada en algunos momentos y por algunos, agresivos.
Si el realismo nos muestra las debilidades procesales, el idealismo, nunca descartable, nos conduciría a nuevas fórmulas de entendimiento para una solución práctica que permita no sólo las mejores relaciones en el futuro entre los dos países, sino la realización de proyectos conjuntos en materia energética principalmente, en políticas públicas en general, que favorecerían sin duda la presencia de capitales y tecnologías que contribuyen con el desarrollo de los dos países, además de garantizar la paz y la seguridad en la región.