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Wednesday, June 17, 2026
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    Gobierno asegura que no habrá impunidad en investigaciones por corrupción

    El Gobierno nacional ratificó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción, al pronunciarse sobre las acciones judiciales en curso vinculadas a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

    El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Justiniano, afirmó que el Estado no permitirá que exautoridades o exfuncionarios se beneficien de manera indebida, afectando el acceso de la población a productos esenciales.

    En conferencia de prensa, la autoridad informó que los procesos judiciales se originaron a partir de auditorías técnicas y evaluaciones institucionales promovidas por su despacho, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso de la harina subvencionada, que derivaron en la aprehensión de exautoridades del sector productivo.

    “El Gobierno respeta plenamente la independencia del Órgano Judicial. Las acciones emprendidas responden a hallazgos técnicos documentados que permitieron al Ministerio Público avanzar en las investigaciones conforme a la ley y al debido proceso”, señaló Justiniano.

    Auditorías y procesos en curso Por su parte, el gerente de Emapa, Sergio Siles, explicó que las irregularidades identificadas se concentran principalmente en el manejo de la subvención de harina, incluyendo observaciones en contratos de transporte, alquiler de galpones y provisión de insumos.

    Asimismo, informó que las investigaciones alcanzan a proyectos estratégicos administrados por la empresa estatal, como la Planta de Acopio y Transformación de Papas en la ciudad de El Alto y el Complejo Piscícola del Lago Titicaca, donde se detectaron indicios de presunta conducta antieconómica.

    El ministro Justiniano anunció que el Ministerio de Desarrollo Productivo comenzará participando como parte querrellante en los procesos y que las auditorías técnico-legales se ampliarán a todas las plantas y áreas bajo tuición de Emapa. “Nuestra gestión está orientada al servicio de las familias bolivianas. Combatir la corrupción es una obligación ética y legal del Estado”, enfatizó.

    Finalmente, la autoridad no descartó que otras exautoridades de gestiones anteriores puedan ser convocadas en el marco de las investigaciones, conforme avancen los procesos y se identifiquen nuevas responsabilidades.