Venezuela ya no enfrenta únicamente una crisis política. En el escenario actual, el país se encuentra ante una redefinición mucho más profunda y peligrosa: la transición de ser percibido como un Estado con disputas internas a ser catalogado, de facto, como un Estado fallido capturado por una estructura criminal transnacional.
Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, marcan un punto de quietud en la forma en que el poder internacional aborda el caso venezolano. Más allá del estilo directo, confrontacional y carente de diplomacia tradicional, lo verdaderamente relevante no es el tono, sino el marco conceptual desde el cual se define el problema venezolano.
Trump no habla de elecciones disputadas, diálogos políticos o negociaciones multilaterales. Habla de robo de activos, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, contrabando y criminalidad organizada. Ese cambio no es retórico: es estructural.
Del relato politico al expediente penal
Durante más de una década, el régimen de Nicolás Maduro ha logrado sostenerse gracias a una estrategia narrativa eficaz: encuadrar la crisis venezolana como un conflicto político, ideológico o geopolítico. Sanciones injustas, victimización internacional y supuestas conspiraciones externas han sido los pilares de ese discurso.
Sin embargo, cuando el debate deja de girar en torno a la política y comienza a centrarse en el crimen, el régimen pierde su principal herramienta de supervivencia: el control del relato.
Las declaraciones de Trump redefinen a Venezuela no como un Estado con problemas de gobernabilidad, sino como una estructura criminal que opera desde el poder, financiándose mediante el uso ilegal del petróleo, el narcotráfico, el tráfico humano y la exportación de criminales. Bajo este marco, ya no existen dos versiones del conflicto. Existen delitos tipificados y responsabilidades concretas.
Criminalización del régimen: el verdadero punto de quietud
El anuncio de un bloqueo total y completo de petroleros sancionados, la designación del régimen como organización terrorista extranjera y la exigencia de devolución de activos considerados robados, colocando a la estructura de poder venezolano fuera del ámbito diplomático tradicional.
Cuando un régimen es catalogado bajo parámetros de terrorismo y crimen organizado, deja de ser un interlocutor político y pasa a ser un objetivo jurídico y operativo. Ya no se le invita a negociar; se le exige rendir cuentas.
Este es el punto más delicado y trascendental del momento actual. No se trata de una amenaza militar aislada, sino de la criminalización internacional del poder. Ello legitima acciones como la interdicción marítima, el aislamiento financiero, la persecución de redes de lavado de dinero y la cooperación internacional en clave de seguridad y justicia penal.
Venezuela como Estado fallido y la urgencia de una salida constitucional
En este contexto, Venezuela encaja con precisión en la definición de Estado fallido: pérdida del monopolio de la fuerza, captura de las instituciones por redes criminales, colapso del Estado de derecho y utilización del territorio como plataforma para delitos transnacionales.
Frente a este escenario, la única vía legítima para proteger el territorio nacional y evitar una escalada de consecuencias externas es el restablecimiento inmediato del orden constitucional.
Los venezolanos y en especial sus Fuerzas Armadas y cuerpos policiales tienen hoy una responsabilidad histórica ineludible: ceñirse a la Constitución, actuar conforme a la ley y entregar a los responsables de delitos graves que han secuestrado al Estado.
Restablecer el orden constitucional implica reconocer la voluntad soberana expresada en las urnas y permitir la instalación de un gobierno civil legítimamente electo, como vía para desactivar el riesgo de aislamiento total, intervención indirecta y pérdida definitiva de soberanía.
Una advertencia final
Cuando el mundo deja de hablar de política y empieza a hablar de crimen, los regímenes pierden el control del relato y cuando un régimen pierde el relato, lo ha perdido todo.
Venezuela se encuentra en ese punto exacto de la historia. Persistir en la ilegalidad no solo profundizará el sufrimiento interno, sino que abrirá la puerta a escenarios que ya no estarán bajo control nacional.
Parar esto ahora no es una opción ideológica. Es una necesidad jurídica, institucional y existencial para la República.
Entregar a los delincuentes.
Restablecer el orden constitucional.
Salvar a Venezuela.