La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por nueve años de la exsecretaria de Infraestructura de Medellín Natalia Urrego Arias (2020) y de Jorge Enrique Liévano Ospina, quien fue gerente general de Metroparques. Fueron funcionarios del exalcalde Daniel Quintero.
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la decisionDe acuerdo con la Procuraduría, la decisión se basó en la realización de un contrato “sin que existieran estudios en los que se evaluaran las dificultades derivadas de la pandemia por covid 19, lo cual provocó su prórroga”.
Dos exfuncionarios de Daniel Quintero se declararon inocentes en la primera audiencia, en noviembre. Foto:EL TIEMPO.
Ambos funcionarios han señalado que son inocentes en las investigaciones abiertas sobre un contrato de 5.226 millones de pesos para el mantenimiento de jardines públicos de Medellín.
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En fallo de segunda instancia”la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento sostuvo que los disciplinados extendieron hasta el 10 de junio el plazo inicialmente contemplado en el bilateral, firmado por tres meses, desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de febrero de 2021, justificando responder a medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para combatir la pandemia”, dice el informe de la Procuraduría.
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El ente de control resaltó, según comunicado oficial, “que la justificación en la cual se fundó la modificación del negocio jurídico adoptada por los funcionarios no obedeció a un hecho sobreviniente, imprevisible o irresistible, sino a circunstancias preexistentes y plenamente conocidas al momento de su celebración”.
Jorge Enrique Liévano y Natalia Urrego. Foto:Archivo particular.
Para el Ministerio Público, “al cambiar los términos del contrato suscrito por 5.226’291.836 pesos (para mantenimiento de jardines públicos), Urrego Arias y Liévano Ospina desconocieron los principios de economía y eficacia, por lo que de manera definitiva calificó su conducta como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
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El contrato data de 2020Desde el pasado 18 de noviembre, Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física de Medellín; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, vienen enfrentando un juicio por el presunto direccionamiento irregular del millonario contrato para el mantenimiento de los jardines públicos de la capital de Antioquia en 2020.
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La investigación abierta por los entes de control en contra de los exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, en la época en la que se destacó como alcalde de Medellín, se remite a una serie de presuntas irregularidades halladas por la Procuraduría General de la Nación, en 2021, en el cumplimiento de las reglas y requisitos establecidos para la invitación privada en la contratación adelantada por Metroparques con la empresa Reforestadora El Líbano SAS. El caso está enmarcado en el contrato No. 20201300916, que derivó en el convenio interadministrativo No. 4600087446 de 2020.
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Dicho contrato fue suscrito el 23 de noviembre de 2020 y tenía como objeto designar el “operador logístico para la conservación de jardines, árboles juveniles y mantenimiento de zonas verdes en la ciudad de Medellín en el marco del trámite 20201300916”.
El inicio de la polémica, que rodeó este contrato, tuvo que ver con que la Administración distrital, a través de Metroparques, entidad que hasta entonces se había dedicado exclusivamente a la administración de los parques de la ciudad, cambió su objeto para poder encargarse del mantenimiento de las zonas verdes de la capital de Antioquia.
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Todo, según lo indicó en aquel tiempo el entonces secretario General de Medellín, Esteban Restrepo, porque el Jardín Botánico había presentado un déficit financiero que le impedía llevar a cabo estos trabajos, que siempre le eran asignadas.
En ese orden de ideas, la Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, por un presunto direccionamiento para favorecer a la Reforestadora El Líbano con un contrato que, aunque inicialmente fue suscrito por 3.904 millones de pesos, terminó siendo de 5.250 millones de pesos.
Los tres funcionarios han insistido en que son inocentes en las investigaciones que se han adelantado en su contra.
Entre tanto, el pasado 21 de noviembre, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal formuló pliego de cargos contra el exalcalde Quintero Calle, por las presuntas irregularidades relacionadas con la expedición del decreto 412 de 2023, con el cual se habrían materializado modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad para cambiar el uso del suelo del terreno del mega lote de Aguas Vivas.
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Aguas Vivas es considerado un megalote por medir 146.000 metros cuadrados que le fue cedido a la Alcaldía de Medellín en 2019, mediante la escritura pública número 5762. La entrega al distrito fue un título de compensación de obligaciones urbanísticas.
El decreto 412 de 2023 fue la razón de la imputación y la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues el exalcalde habría hecho modificaciones irregulares al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con el fin de beneficiario a terceros con el predio ubicado en El Poblado, en el que se iba el Ecoparque Las Palmas. Para el ente acusador, se trata de un acuerdo dudoso, en el que él habría participado, junto a particulares y otros exfuncionarios de La Alpujarra.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO con datos de Redacción Medellín
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