El Consejo Nacional Electoral de Colombia ha emitido uno de sus fallos más delicados en años, castigando formalmente a la campaña de “Petro Presidente” de 2022 por violar las reglas de financiamiento electoral del país.
El tribunal concluyó que la campaña ganadora excedió los límites legales de gasto y utilizó dinero de fuentes prohibidas tanto en la primera como en la segunda vuelta de la carrera presidencial.
Después de meses de estancamiento, la cámara en pleno alcanzó una mayoría de 6 a 3 en una sesión que duró menos de una hora. A los dos magistrados instructores, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se sumaron los magistrados Maritza Martínez, Altus Baquero y Alfonso Campos, además de un juez externo suplente, Majer Nayi Abushihab.
Otro suplente, Iván Acuña, votó en contra. Dos magistrados se hicieron a un lado: Alba Lucía Velásquez, por haber servido como testigo de campaña de la coalición de Petro, y Álvaro Echeverry, por haber trabajado para la campaña.
Según el fallo, la campaña superó los topes legales de gasto en más de 3 mil 500 millones de pesos, mientras que el monto total de ingresos y gastos irregulares o no declarados supera los 5 mil 300 millones de pesos.
Tribunal Electoral de Colombia sanciona la campaña 2022 de Petro por financiamiento irregular. (Foto reproducción de Internet) Las multas ascienden a unos 5.922 millones de pesos, aproximadamente el equivalente a alrededor de 1,5 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Las sanciones afectan a los aliados de Petro a medida que se profundiza la investigación Las sanciones recaen sobre el director de campaña Ricardo Roa, ahora director ejecutivo de la petrolera estatal Ecopetrol, así como sobre la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora Mary Lucy Soto. Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que respaldaron a Petro, también deben pagar.
El tribunal dice que la campaña no informó sobre contribuciones y servicios importantes, incluido el apoyo de la federación de docentes Fecode, el sindicato de trabajadores petroleros USO, testigos electorales, eventos, propaganda y vuelos chárter.
Como el presidente goza de protección constitucional especial, no fue sancionado personalmente. En cambio, el tribunal enviará el expediente completo del caso a la Fiscalía General y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara Baja del Congreso, donde ya está abierto un caso anterior sobre la misma campaña.
Para las instituciones colombianas, el fallo es una prueba de estrés. Señala que incluso una campaña victoriosa puede ser castigada por abuso financiero y presiona a los sindicatos, partidos y empresas estatales para que respeten las reglas la próxima vez que los votantes acudan a las urnas.