RECLAMO. Ante la falta de respuestas y soluciones desde el ministerio de Salud por la suspensión de la atención de hemodiálisis a pacientes renales en centros tercerizados, la vicegobernadora cruceña confirmó que asumirán las acciones legales para devolver el servicio a la población afectada.
Ante la suspensión de los servicios de hemodiálisis en clínicas privadas y centros médicos tercerizados que atienden a pacientes renales del sistema público, la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre indicó que la Gobernación asumirá las acciones legales correspondientes para resguardar el derecho a la salud de la población afectada.
La segunda autoridad política departamental enfatizó que las diferentes gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud no obtuvieron respuestas efectivas. «Acudiremos a la justicia porque atentar gravemente contra la salud de pacientes vulnerables es un grave atentado que no tiene justificación», sostuvo.
Según Aguirre señaló que, desde el inicio de la gestión, la Gobernación solicitó en reiteradas oportunidades reuniones con la ministra de Salud para abordar la situación del sistema sanitario y especialmente la atención de los pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis; Sin embargo, aseguró que los compromisos asumidos no se concretaron.
«Entregué en manos de la ministra de Salud el documento de demanda de atención urgente a los problemas de nuestro sistema. Nos reunimos en presencia de los representantes de Hemodiálisis. Hasta ahora ninguna solución», manifestó Aguirre.
La vicegobernadora recordó que la Gobernación incluso realizó gestiones tanto en la ciudad de La Paz como en Santa Cruz para sostener reuniones con la autoridad nacional, pero lamentó que no se lograrán avances para resolver el problema.
Asimismo, aclaró que el pago que reclaman las clínicas y centros médicos no es una competencia del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, sino del Gobierno nacional.
«Está claro que dentro de las competencias de la Gobernación cruceña no está el pago que exigen las clínicas. El Gobierno nacional es quien debe cancelar. Pero hemos asumido el problema como gestión nuestra y estamos peleando por ellos», afirmó.
Finalmente, la vicegobernadora señaló que la crisis evidencia las limitaciones que enfrentan las gobernaciones por la concentración de competencias y recursos en el nivel central, e insistió en la necesidad de encontrar soluciones estructurales que garanticen una atención oportuna a la población.