FALLO. La justicia rechazó todos los incidentes presentados por dos exmagistrados que fallaron a favor de privados el derecho propietario del predio donde está asentado el mercado Mutualista. Los concejales solicitaron que el caso sea ampliado al ex alcalde Johnny Fernández.
El juez noveno anticorrupción de Santa Cruz, Roberto Arias, declaró infundadas las excepciones e incidentes presentados por los exmagistrados Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores, denominados “auto prorrogados”, para no ser procesados por la justicia ordinaria y cerrar el caso, tras un fallo que favorecía a privados el derecho propietario del predio del mercado Mutualista.
Al respecto, la presidenta del Concejo Municipal. Luisa Nayar respaldó la decisión judicial y anticipó asumir las acciones legales correspondientes contra quienes afectan los intereses de la ciudad.
Asimismo, Nayar señaló que en este caso, el exalcalde Johnny Fernández «no puede quedar en la impunidad» y pidió que los procesos continuaran hasta establecer las responsabilidades correspondientes.
La presidenta del Concejo sostuvo que el proceso no debe limitarse únicamente a los exmagistrados involucrados, sino que también debe alcanzar a quienes habrían liderado las decisiones que ocasionaron perjuicios a la ciudad.
Por su parte, el concejal Marco Cadena afirmó que desde el inicio de la actual gestión se adquirió el compromiso de proteger los bienes que pertenecen a todos los cruceños. Valoró la decisión judicial adoptada y aseguró que el Gobierno Municipal, en coordinación con el Concejo Municipal y otras instituciones, comenzará a actuar con transparencia y rigor para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Cuestionó el manejo de la anterior administración municipal y sostuvo que los responsables del presunto sistema de corrupción deberán responder ante la justicia por el daño ocasionado a la ciudad.
Reafirmó que la actual gestión mantendrá una postura firme en defensa del patrimonio público y de los intereses de Santa Cruz de la Sierra, impulsando todas las acciones legales necesarias para que los procesos concluyan con las sanciones que determine la justicia.