REVUELTA. La resolución judicial establece que Zúñiga podrá continuar el proceso bajo medidas sustitutivas, entre ellas la detención domiciliaria, la obligación de registrarse periódicamente ante el Ministerio Público y el pago de una fianza.
Un tribunal de justicia determinó este lunes otorgar la detención domiciliaria al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, luego de dos años de cumplir prisión preventiva por el caso del presunto intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024. La decisión fue asumida durante la audiencia de cesación de la detención preventiva, realizada en la ciudad de La Paz, informó el abogado del exgeneral, Eduardo León.
La resolución judicial establece que Zúñiga podrá continuar el proceso bajo medidas sustitutivas, entre ellas la detención domiciliaria, la obligación de registrarse periódicamente ante el Ministerio Público y el pago de una fianza. El beneficio fue concedido mientras continúa el juicio oral por uno de los casos de mayor repercusión política de los últimos años en el país.
El jurista destacó que su defendido ahora podrá acceder a la «libertad» bajo estas medidas y anunció que se cumplirán los requisitos fijados por el tribunal en un plazo de 72 horas para que el exgeneral abandone el recinto penitenciario.
León explicó que, mientras se completan los trámites administrativos y judiciales, Zúñiga será trasladado al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Una vez que recupere su libertad, permanecerá en la sede de Gobierno para asistir a las audiencias del proceso, conforme avance el juicio, según informó Erbol.
El excomandante del Ejército permanecía recluido desde junio de 2024 en el penal de El Abra, en Cochabamba, donde cumplió detención preventiva por decisión judicial. Este lunes fue trasladado a La Paz para participar en el inicio del juicio oral y comparar tanto en la audiencia principal como en la solicitud de cesación de la medida cautelar.
Durante la jornada, Zúñiga prestó declaración ante el tribunal de sentencia y, posteriormente, se desarrolló la audiencia en la que se resolvió sustituir la detención preventiva por el arresto domiciliario.
El caso tiene su origen en los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, cuando efectivos militares se movilizaron hasta la plaza Murillo y rodearon la Casa Grande del Pueblo, en un episodio que generó una fuerte crisis política e institucional. A raíz de esos acontecimientos, la Fiscalía inició una investigación por la presunta comisión de varios delitos relacionados con un supuesto intento de ruptura del orden constitucional.
Zúñiga es considerado el principal implicado en este proceso. El Gobierno del entonces presidente Luis Arce sostuvo que encabezó un intento de golpe de Estado; Sin embargo, el exgeneral rechazó esa versión y afirmó en reiteradas ocasiones que todo respondió a un «autogolpe». El juicio por este caso continuará este martes ante el tribunal de sentencia correspondiente.
Agencias