La noche del 6 de diciembre de 2015 dejó dos hits para la representación política de la diversidad sexual en Venezuela. Mientras Tamara Adrián resultaba electa diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Rosmit Mantilla celebraba desde una celda una victoria electoral que también haría historia.
Ambos acontecimientos marcaron un antes y un después para la participación política de las personas LGBTIQ+ en el país. Por primera vez, liderazgos que durante años habían desarrollado trabajo de activismo y defensa de derechos. lograban acceder a espacios de representación nacional.
Más de una década después, esas experiencias siguen siendo referencias obligadas al hablar de diversidad sexual y participación política en Venezuela. También evidencian una realidad contradictoria: mientras algunas barreras de representación han comenzado a romperse, los avances legislativos continúan siendo limitados.
Tamara Adrián: un hito para la representación transAbogada, académica y activista, Tamara Adrián llegó a la Asamblea Nacional tras las elecciones parlamentarias de 2015.
Su elección la conversión en la primera mujer transgénero elige a un parlamento nacional en Hispanoamérica, un hecho que atrajo atención internacional y amplió la discusión sobre representación política e identidad de género en la región.
Durante su paso por el Parlamento promovió iniciativas relacionadas con los derechos de las personas LGBTIQ+, aunque el contexto de confrontación institucional limitó el avance de las propuestas impulsadas desde la Asamblea Nacional.
Años después volvió a abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre representación al participar como candidata en las primarias presidenciales de la oposición celebradas en 2023.
Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional de 2015 y excandidata a la primaria de la oposición | Foto: Federico Parra / AFPRosmit Mantilla: gay, preso político y diputadoLa historia de Rosmit Mantilla combina activismo, persecución política y representación electoral. Su acercamiento a la defensa de los derechos de la diversidad sexual comenzó dentro de Voluntad Popular. Allí participó en la creación de espacios dedicados a abordar estos temas desde la organización política.
“Era la primera vez que un partido de oposición abordaba la diversidad sexual tanto hacia adentro como hacia afuera”, dice.
Con el tiempo se convirtió en una de las voces más visibles sobre diversidad sexual dentro de la oposición venezolana. Su enfoque, explica, buscaba privilegiar la pedagogía por encima de la confrontación.
“Decidí hacer un activismo menos reaccionario y más pedagógico. Quería explicar quiénes éramos y demostrar que somos mucho más que nuestra orientación sexual o identidad de género”, sostiene.
En mayo de 2014 fue arrestado y permaneció privado de libertad durante varios años. Mientras se encontraba preso fue postulado como candidato a diputado para las elecciones parlamentarias de 2015. La noticia de la victoria llegó de manera inesperada..
“Me enteré de la victoria porque un compañero comenzó a gritar desde otra celda: ‘Ganaste, ganaste’. Todos los presos comenzaron a celebrar golpeando las perolas”, cuenta.
Con aquella elección se convierte en el primer diputado abiertamente gay de Venezuela. Sin embargo, tras recuperar su libertad y asumir formalmente su curul, asegura que encontró resistencias para impulsar discusiones relacionadas con la diversidad sexual.
Rosmit Mantilla | Foto Amnistía Internacional“Cuando salí de prisión y me juramenté como diputado encontré obstáculos, por supuesto desde el oficialismo, pero también dentro de algunos sectores de la oposición. vinculados a corrientes religiosas conservadoras”.
Para Mantilla, una de las principales dificultades ha sido la influencia de visiones religiosas sobre asuntos vinculados a derechos civiles. Aunque se define como creyente, considera que la discusión pública debe desarrollarse desde principios democráticos y constitucionales.
“Venezuela es constitucionalmente un Estado laico. No se puede gobernar en nombre de Dios. Una cosa es la fe y otra el ejercicio del servicio público”, agrega.
Durante su gestión intentó impulsar el reconocimiento de los crímenes de odio y la discusión de mecanismos de protección para personas LGBTIQ+. Insiste en que “en Venezuela ni siquiera existen cifras oficiales sobre personas asesinadas por su orientación sexual o identidad de género”.
A pesar de representar uno de los hitos más importantes de visibilidad política para la comunidad LGBTIQ+, Mantilla rechaza la idea de que la representación identitaria sea suficiente por sí sola. Resalta que el país necesita políticos preparados que defiendan la libertad y los derechos humanos.
“No necesito un diputado LGBT, un presidente LGBT o un diputado indígena. Necesito personas formadas en derechos humanos, que entiendan los desafíos contemporáneos en materia de libertades y trabajen para garantizar esos derechos”, aclara.
También sostiene que la defensa de los derechos humanos no debe asociarse exclusivamente a una corriente política determinada. “Yo siempre voy a respaldar a quienes garantizan derechos humanos, independientemente de la bandera política que levanten”.
La representación avanza más rápido que los derechos.Las trayectorias de Adrián y Mantilla muestran que la presencia de personas LGBTIQ+ en espacios de representación política ya forma parte de la historia reciente de Venezuela. Sin embargo, los avances en materia de representación no han tenido un correlato equivalente en el ámbito legal.
El país, por ejemplo, sigue sin reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y tampoco cuenta con una ley de identidad de género. Organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la ausencia de mecanismos específicos para registrar y procesar delitos motivados por orientación sexual o identidad de género.
El Parlamento venezolano | Foto archivo.La diversidad sexual ha logrado llegar al Parlamento, participar en procesos electorales nacionales y abrir espacios de discusión pública que durante décadas permanecieron cerrados. Pero la igualdad jurídica y el reconocimiento pleno de derechos siguen siendo una deuda pendiente para el Estado venezolano.