Un juez federal de Rhode Island anuló este viernes varias políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump al considerar que fueron aplicadas de manera ilegal y provocaron la paralización de millas de trámites de inmigración y asilo en Estados Unidos.
La decisión representa un importante revés para las medidas implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que durante los últimos seis meses suspendió la revisión de solicitudes presentadas por ciudadanos de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.
La orden judicial emitida por John McConnell Jr., concluyó que la agencia actuó fuera de los límites establecidos por la ley. En su fallo, de más de 100 páginas, sostuvo que las restricciones dejaban a “incontables inmigrantes que vivían en EE UU en un limbo medidas legales indeterminadas” y decidió que las eran “contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas”.
El magistrado cuestionó además los argumentos utilizados por USCIS para justificar la suspensión de los procesos migratorios. Según escribió en su resolución, la agencia “justifica sus acciones con preocupaciones ‘de seguridad nacional’ meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones”.
Las restricciones impidieron que millas de extranjeros obtuvieran respuestas definitivas sobre solicitudes de asilo, autorizaciones de empleo, residencia permanente y procesos de naturalización.
Para McConnell, las personas afectadas fueron sometidas a un trato desigual únicamente por su nacionalidad. Afirmó que la pausa impuesta por USCIS “no puede atribuirse a nada que estas personas hicieron mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento”.
El juez agregó que la agencia “violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas” que regulan el funcionamiento del gobierno federal.
Las políticas cuestionadas fueron adoptadas tras un incidente registrado en noviembre de 2025, cuando un ciudadano afgano presuntamente abrió fuego contra miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, causando la muerte de un agente y heridas a otra.
A raíz de ese hecho, la administración Trump puso en marcha una serie de restricciones que incluyeron la suspensión de solicitudes de asilo y la ampliación del denominado veto migratorio para ciudadanos de determinados países.
La sentencia también hace referencia a declaraciones de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que contaba con el respaldo del presidente. Entre ellas figuraba la propuesta de imponer “un veto migratorio en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social”, así como críticas dirigidas a los “invasores extranjeros”.
La mayoría de los países alcanzados por las medidas se encuentran en África. En el continente americano, las restricciones afectaban a Cuba, Venezuela, Haití, Antigua y Barbuda y Dominica.
Organizaciones celebran fallo judicialLa decisión fue recibida positivamente por las organizaciones que promovieron la demanda, entre ellas Democracy Forward, la Venezolana Association of Massachusetts y el sindicato Service Employees International Union (SEIU).
Ante la decisión del juez, la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, señaló: “Este fallo reafirma un principio básico: que el gobierno federal no puede suspender las vías de inmigración legales o discriminar contra gente basadas en su procedencia”.
Con información de Efe.