El ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello afirmó que el empresario colombiano Alex Saab operó en Venezuela con documentación falsificada y negada que este posea la nacionalidad venezolana. La declaración se produjo este lunes, coincidiendo con la presentación de Saab ante un tribunal federal de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, dos días después de haber sido entregado por las autoridades venezolanas.
La declaración representa un giro en la posición del Ejecutivo venezolano, que antes había calificado a Saab de “enviado especial” y diplomático de la República, e incluso suspendió procesos de diálogo con la oposición en protesta por su detención en Cabo Verde en 2020.
#Atención Diosdado Cabello dice que Alex Saab se presentó “desde 2004” con una ci venezolana q calificó de “fraudulenta”.
¿Cómo una persona, con una cédula “fraudulenta”, llegó a ser ministro y miembro de una mesa de negociación?
¿Cuál autoridad asumirá la responsabilidad? pic.twitter.com/cR02pqJFzl
– Gabriela González (@GabyGabyGG) 18 de mayo de 2026 Inexistencia de expediente en el SaimeSegún lo expuesto por Cabello, una investigación institucional exigente que los documentos de identidad presentados por el contratista carecen de validez legal en el sistema de identificación del Estado.
“Un ciudadano de origen colombiano presentó (…) una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del Saime”, señaló.
El documento, dijo, registraba una supuesta fecha de emisión de 2004.
“Cuando se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el Saime que certifique que esa persona sea venezolana”, añadió.
Fue el uso de ese documento de identidad, de acuerdo con la versión oficial actual, lo que facilitó el acceso de Saab a contratos y operaciones comerciales en el país durante las últimas dos décadas.
El argumento esgrimido por Cabello para la deportación del empresario colombiano sitúa el procedimiento bajo el amparo del artículo 271 de la Constituciónque faculta al Estado para extraditar o deportar a ciudadanos extranjeros incursos en delitos transnacionales como la legitimación de capitales. Este marco legal permite al oficialismo desvincularse de la defensa del procesado, dado que la carta magna prohíbe taxativamente la extradición de ciudadanos venezolanos.
La celeridad en el cambio de narrativa oficial coincide con el inicio del proceso judicial en Florida. Al catalogar formalmente a Saab como ciudadano extranjero en situación irregular y bajo presunta suplantación de identidad, el discurso oficial busca neutralizar los efectos institucionales de un eventual acuerdo o declaración que el empresario pueda efectuar ante la fiscalía estadounidense, reduciendo el caso al ámbito de las operaciones de un particular.