La Asamblea Nacional (AN) respaldó este martes el inicio de las investigaciones anunciadas por el Ministerio Público en torno a la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia estatal, y expresó su apoyo a las actuaciones de las instituciones del Estado encargadas del caso.
A través de un comunicado, el Parlamento manifestó su respaldo a las diligencias iniciadas el 7 de mayo de 2026 por la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido, al tiempo que expresó “sus sentidas condolencias a sus familiares, en especial a su madre, señora Carmen Navas”, quien durante diez meses recorrió centros de detención, organismos judiciales y dependencias del Estado en busca de información sobre el paradero de su hijo, sin obtener respuestas claras.
La Asamblea sostiene que “la investigación penal esclarecerá las circunstancias y hechos que rodearon la situación de salud y posterior deceso bajo custodia de Víctor Quero”, confiando en que el proceso permitirá determinar responsabilidades.
Asimismo, el documento agrega que el Parlamento “expresa su confianza en las instituciones del Estado venezolano para que la justicia prevalezca, reafirmando así la vigencia del Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales de nuestro pueblo”.
Monitoreo del caso Quero NavasEl comunicado precisa que el caso será objeto de seguimiento permanente por parte del Poder Legislativo, en el marco de la cooperación entre poderes públicos establecido en el artículo 136 de la Constitución, con el fin de garantizar “el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Sin embargo, el pronunciamiento no detalle si la Asamblea Nacional prevé interpelaciones o comparaciones del Ministerio de Servicios Penitenciarios ni si serán citadas las autoridades, de ese entonces, del centro penitenciario Rodeo I o del Hospital Militar Carlos Arvelo, donde se habría producido la reclusión y posterior fallecimiento de Quero Navas.
El caso continúa generando repercusiones dentro y fuera de Venezuela, en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos que advierten sobre posibles patrones de desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal en el sistema penitenciario venezolano.