Pocos días después de la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas, un amigo residente en Puerto Rico me envió un mensaje breve: “Aquí se está comentando esto: Estado Libre Asociado de Venezuela”.
La idea, en principio, puede parecer descabellada. Sin embargo, no es una propuesta que deba descartarse sin un análisis serio.
Incluso el presidente Donald Trump ha hecho comentarios —probablemente en tono informal— sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Más allá de lo anecdótico, lo cierto es que la idea ha comenzado a circular y, para algunos, incluso resulta atractiva.
Y no es difícil entender por qué.
Después del colapso institucional, económico y social que ha sido llevado el país, millones de venezolanos han buscado precisamente aquello que representa a Estados Unidos: estabilidad, seguridad jurídica y oportunidades.
Pero antes de entrar en conclusiones, conviene analizar la opción del Estado Libre Asociado.
Las objeciones más frecuentes suelen ser de carácter emocional o simbólico: la defensa de la soberanía o la pérdida de independencia. Sin embargo, es legítimo preguntarse hasta qué punto esa independencia sigue existiendo en términos reales.
Durante años, Venezuela ha estado sometida a la influencia y control de intereses extranjeros, desde Cuba hasta Rusia, China o Irán, en muchos casos en función de acuerdos opacos y redes de corrupción. Hablar de soberanía en abstracto sin considerar esa realidad resulta, como mínimo, discutible.
Esto no implica renunciar al valor histórico de la independencia. Como venezolano, como exmilitar y como descendiente de un héroe de la guerra de independencia, el general de división Francisco Esteban Gómez, ese valor forma parte de mi identidad. Pero precisamente por eso, el análisis debe hacerse con rigor, no con consignas.
El caso de Puerto Rico ofrece un punto de referencia interesante. En su más reciente consulta sobre el estatus político, las opciones de mantener el vínculo con Estados Unidos o profundizarlo concentraron una mayoría abrumadora: el Estado Libre Asociado obtuvo una mayoría absoluta y la opción de convertirse en el estado 51 alcanzó un respaldo muy significativo. La independencia, en cambio, recibió un apoyo claramente exiguo, muy lejos de cualquier posibilidad real de convertirse en una opción mayoritaria.
Más allá de las interpretaciones ideológicas, esos datos reflejan una realidad: amplios sectores de la población consideran que su relación con Estados Unidos ha sido, en términos generales, beneficiosa.
Para Venezuela, una figura de asociación podría implicar elementos concretos difíciles de ignorar: estabilidad monetaria a través del dólar, un sistema jurídico más predecible, mejoras en infraestructura y servicios públicos, así como un marco institucional más funcional.
Nada de esto supone idealizar el sistema estadounidense, que tiene fallas evidentes. Pero la comparación con la realidad venezolana actual es inevitable.
También abriría un debate delicado sobre el papel de las fuerzas armadas venezolanas, profundamente deteriorado tras años de politización, corrupción y participación en actividades ilícitas. En un escenario de transformación profunda, su reestructuración —o incluso su disolución— sería un tema inevitable.
Todo esto confirma que no se trata de una idea absurda, sino de una posibilidad que merece ser analizada con seriedad.
No desde el patrioterismo automático ni desde los intereses de quienes han sido beneficiarios del sistema actual, sino desde una evaluación racional sobre qué modelo permitiría reconstruir el país.
Porque, al final, la pregunta no es ideológica.
Es práctica: ¿Qué opción ofrece una vía real para recuperar la estabilidad, la institucionalidad y la libertad en Venezuela?