Profesora Ana M. Sanjuán:
Profesora, usted ya escribió parte del diagnóstico en el 2009 cuando publicó un ensayo titulado “La esencia social de la Revolución Bolivariana en Venezuela: una mirada preliminar sobre sus fortalezas y debilidades”. En ese trabajo documentó que Venezuela no había construido un modelo alternativo de desarrollo, que su Estado crecía en tamaño pero se debilitaba en capacidad institucional, y que las políticas sociales más visibles del chavismo eran operativamente ágiles pero estructuralmente insostenibles porque dependían de la renta petrolera y no de una institucionalidad real.
Seguramente usted sabrá que ese diagnóstico, escrito hace dieciséis años, se ha agudizado. Describe el piso sobre el que gobernará el despacho de educación universitaria. Su responsabilidad, ahora circunscrita al cargo, es implementar las respuestas efectivas que el sector requiere.
Coincidimos con usted en que el Estado venezolano tiene limitaciones para cumplir sus funciones primordiales, principalmente en su capacidad de redistribuir y arbitrar conflictos. Usted lo llamó, sin eufemismos, un Estado preso de la improvisación permanente, crecientemente ineficiente y corrupto. Esa descripción no solo corresponde al Estado de 2009; por el contrario, continúa vigente y se ha profundizado al día de hoy. Permítame entonces plantearle algunas preocupaciones sobre problemas fundamentales que, a mi juicio, requieren atención inmediata, y al final de cada una le dejaré una pregunta.
El presupuesto universitario en Venezuela ha dependido —ahora más que nunca— de la voluntad política del Ejecutivo de turno, pero no siempre fue así. Los gobiernos anteriores a este dejaron en pie las normas del Consejo Nacional de Universidades como un mecanismo complementario y mínimo de negociación financiera entre las universidades y el Estado. Esas normas distaban de ser perfectas y requerían adecuaciones, pero establecían un piso de reglas para el entendimiento entre los interlocutores. Lo que ocurrió bajo este gobierno fue cualitativamente distinto: una barrida deliberada de esos mecanismos, sustituida por un centralismo distributivo que convirtió cada asignación presupuestaria en un instrumento de presión política. Las universidades que no se doblegaron lo sufrieron de inmediato; las que sí cooperaron también terminaron ahorcadas. De ahí que al gobierno no le sea posible hablar de autonomía universitaria sin discutir primero la autonomía financiera. Una universidad que depende de lo que el Ejecutivo decida asignarle cada año no elige libremente sus prioridades formativas ni científicas, no define su planta docente con criterios académicos ni puede planificar su gestión a mediano plazo. La autonomía universitaria sin autonomía presupuestaria es una declaración sin contenido. Por eso la primera pregunta es directa: ¿qué margen financiero real tiene para revertir el colapso presupuestario de las universidades y qué propone para desmantelar ese centralismo e implementar mecanismos institucionales de financiamiento que protejan a las universidades de la discrecionalidad política, ya sea garantizando constitucionalmente un porcentaje del PIB o estableciendo fórmulas de asignación basadas en criterios propios de la gestión académica con reglas claras de operación? Porque si ese margen no existe, con todo respeto, el nombramiento habrá sido cosmético, independientemente de sus credenciales.
Hace pocos días, el 12 de marzo de 2026, miles de profesores universitarios volvieron a marchar en las calles del país y tienen previsto volver a hacerlo este lunes 23 de marzo. Con los salarios ocurrió lo mismo que con el financiamiento universitario; Había un mecanismo de ajuste salarial, conocido como las normas de homologación, que articulaba el salario del profesor con la realidad económica del país. No eran perfectas, pero indexaban el salario. Este gobierno las sustituyó por contratos colectivos negociados bajo la tutela de una federación oficialista, reemplazando los ajustes automáticos por acuerdos puntuales, discrecionales y políticamente condicionados. El resultado es fácilmente verificable, al observar cómo el profesor universitario venezolano pasó de tener un salario indexado a la inflación a percibir 30 centavos de dólar al mes. Un gobierno autodenominado “obrero” que proclama la educación como prioridad y remunera así a sus profesores no tiene prioridades académicas; lo que tiene es retórica que empobrece a sus ciudadanos. La universidad venezolana ha perdido en las últimas dos décadas una proporción significativa de sus mejores investigadores por la emigración, y no hay reforma de calidad posible sin profesores con vidas dignas y suficiencia presupuestaria. Me permito preguntar: ¿qué propone usted para revertir esta tragedia salarial?
En cuanto a la autonomía universitaria, le comentario que no fue violada de la misma manera en todas las instituciones, pero fue violada en todas. En las universidades autónomas el mecanismo fue más sutil; dilatación deliberada de los procesos electorales, suspensión de resultados en los casos donde las elecciones llegaron a realizarse y, sobre todo, el estrangulamiento financiero ya descrito, que convirtió la dependencia presupuestaria en el instrumento más eficaz de control institucional. En las universidades experimentales la intervención fue directa; sus autoridades fueron designadas discrecionalmente, sin consulta alguna a la comunidad universitaria, aprovechando las limitaciones legales a la autonomía que otros gobiernos anteriores dejaron inscritas en la Ley de Universidades. El resultado en ambos casos fue el mismo; instituciones académicas subordinadas de una u otra forma a la lógica partidista antes que a la lógica del conocimiento. En fin, la autonomía universitaria no es divisible; sin autonomía financiera no hay autonomía académica, y sin autonomía de gobierno no hay ninguna de las dos. La pregunta es concreta: ¿cómo podrá restituir la autonomía universitaria en todas sus dimensiones y garantizar que ni el Ejecutivo ni los partidos políticos vuelvan a interferir en la vida interna de las universidades?
Otro aspecto relevante es la Consulta Nacional para la Calidad Académica Universitaria, lanzada en febrero de 2026 por el ministro anterior, que merece ser evaluada con rigor. Sus siete ejes —actualización curricular, innovación digital, vinculación con el sector productivo, entre otros— no son falsos en sí mismos. Son falsos en el contexto que han sido planteados, que por cierto es el contexto que el propio gobierno creó. Señalamos en su momento que la consulta llegó sin documento técnico publicado, sin un solo céntimo de presupuesto para ser comprometido y, sobre todo, sin el profesor universitario como sujeto central del proceso. Sin él, ninguna reforma curricular, ninguna pasantía transformadora ni ninguna soberanía digital tiene quién la viabilice. La calidad académica se mide, entre otros indicadores, por la producción de conocimiento. Esa producción requiere investigadores que no se vayan, laboratorios operativos, bibliotecas actualizadas y conectividad. Nada de eso se resuelve con mesas de diálogo donde no están invitados los profesores expertos en educación superior ni hay un monto preestablecido de presupuesto a invertir.
Aquí la preocupación es doble. Primero: ¿cómo logrará ganarse la confianza de los actores de la comunidad universitaria para convocarlos a una consulta renovada, si ha sido precisamente este gobierno el que destruyó los mecanismos que al menos funcionaban? La comunidad universitaria esta asfixiada y agotada porque todo lo que se presenta como transformación ha sido, en la práctica, liquidación y destrucción. Segundo: ¿esa consulta se llevará adelante corrigiendo sus omisiones fundamentales, o correrá la misma suerte de tantas iniciativas anteriores, abandonadas a mitad de camino porque en Venezuela se ha preferido sistemáticamente no corregir el rumbo antes que asumir el costo político de hacerlo? Ese patrón de discontinuidad es, en sí mismo, uno de los obstáculos más graves para la reconstrucción universitaria. El tiempo perdido no se recupera y la deuda acumulada crece.
Finalmente, la universidad venezolana y sus actores no esperan un ministerio que solo hable bien. Esperan un ministerio que resuelva los problemas que su propia ministra documentó años antes de llegar al cargo. Si tiene margen de maniobra real para actuar sobre el presupuesto, los salarios, la autonomía y la investigación, su gestión tendrá un significado enorme que trascenderá las circunstancias y el momento histórico del nombramiento. Si no lo tiene, habremos ayudado a un cambio más de nombre en una cartera cuya crisis nadie en el Ejecutivo parece dispuesto a resolver de verdad.
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