Con estupefacción la sociedad democrática ha recibido la decisión judicial de negar el sobreseimiento a Perkins Rocha. Es realmente bochornosa esa decisión por la interpretación del juez, pues solo toma la calificación jurídica realizada por el Ministerio Público para justificar el encarcelamiento de Perkins. A simple vista podemos decir que tal funcionario es un ignorante de las normas procesales contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 8º (presunción de inocencia) y 300 (causas de sobreseimiento), así como de normas constitucionales como el artículo 49. Pero en realidad es tan burda la decisión que nos hace pensar que este juez es uno de los sicarios judiciales de siete suelas.
El régimen chavista para mantenerse en el poder, más cuando había perdido todo apoyo popular, en forma pervertida implementó a través de las instituciones del Estado un régimen de terror. El Estado de Estado lo consumó el chavismo ejerciendo el poder como instrumento para instaurar temor generalizado, mediante la aplicación clandestina, impredecible y difusa de amenazas, procesar penalmente a personas inocentes, condenas sin pruebas con jueces sumisos, así como el uso del aparato armado para preservar el poder. Sus actos de terrorismo los disfrazan como cuidado de la legalidad, de la paz y la estabilidad.
Es evidente que para cubrirse con ese manto de legalidad acuden al sumiso Poder Judicial que avalan esas arbitrariedades. Es decir, utilizan un juez y fiscales para cometer el crimen de ocultamiento del delito. En realidad, son sicarios, que a diferencia de sus predecesores que aniquilan a sus víctimas esencialmente, el sicario judicial los elimina utilizando un arma más silenciosa y casi invisible a los ojos, la instrumentalización de la Justicia para judicializar la política o acoso judicial conocida como guerra jurídica (guerra legal), manteniendo una apariencia de legalidad. Simplemente, es la utilización arbitraria y tergiversada del derecho para violar los principios y procedimientos establecidos por el debido proceso con el objeto de inhabilitar por la cárcel o el exilio a quien, por algún motivo, se constituye en una figura molesta para la camarilla gobernante.
El chavismo en su alocado y criminal camino concentró el poder, colocando, en diversas instituciones, al frente de ellas a personas sin escrúpulos, dispuestas a complacer la tiránica camarilla. El Poder Judicial venezolano está integrado por personas acomodadas a ejercer un sicariato judicial para disminuir a los oponentes de la pandilla gobernante y del proyecto político. Muchos de los jueces han sido designados a dedo, sin méritos o calificación profesional, algunos hasta con antecedentes penales por delitos graves. Gran parte de Jueces y fiscales comparten y compiten por “territorios” en los que se maniobran expedientes, se tarifan servicios, se extravían o siembran pruebas. El descalabro del sistema es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el delincuente paga para librarse del proceso judicial. En ese pueden pedir peras al olmo, pues, aniquilar el Estado de derecho y convertirlo en Estado forajido requiere de un Poder Judicial que avale desafueros y que se tape los ojos frente a la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, pero muy atentos para perseguir al opositor, falsear expedientes, negar el debido proceso y violar los derechos humanos. El sicariato judicial es expresión del proceso de putrefacción de un régimen.
En escritos publicados en El Nacional Dijimos que la Ley de Amnistía era una puerta abierta para la libertad, pero que dejaba vacíos, los cuales podrían ser libremente interpretados por los jueces. Que dudábamos de que un Poder Judicial tan comprometido con la tiranía, de la noche a la mañana, fuese una jurisdicción de la libertad. Expresamos que había necesidad urgente de modificar radicalmente al poder judicial.
En estos momentos se ha abierto un concurso de credenciales la designación del fiscal general y del defensor del pueblo. La academia ha postulado a Magaly Vásquez González, de extraordinarios méritos intelectuales, académicos, morales, virtudes ciudadanas y éticas. Tiene credenciales sobradas. En tapa imparcial, estamos seguros de que es la mejor. Pero, hemos dicho ¿aceptarán los sicarios del régimen que deben someterse a derecho? ¿Los órganos de persecución y represión Sebin, Dgcim y las FAES se someterán a la legalidad? ¿Entenderán que no pueden allanar ni apresar sin orden judicial? ¿Entenderán los jueces que no pueden librar órdenes de captura y restricción de libertades y derechos sino a petición fundada de la Fiscalía? Por ello, pensamos que simultáneamente, si es verdad que hay transición, debe operarse el cambio del Poder Judicial. Sin cambios reales en el Poder Judicial, una fiscal de la calidad de Magaly Vásquez, imparcial y justa, prácticamente estaría atada de manos. Con un Poder Judicial imparcial, autónomo e independiente, Magaly Vásquez sería una fiscal efectiva de garantía de la Constitución y las libertades.