La tiranía venezolana, desde sus inicios con Hugo Chávez y después con Maduro, ha siempre accionado al margen del orden jurídico, por lo que se le ha calificado con razón de Estado forajido. En todas las Cortes ha buscado alterar el proceso y obtener ventajas, siempre sin éxito. Ahora, después de 6 años, otra decisión adversa a un absurdo que era más bien una táctica dilatoria, en la Corte Penal Internacional, cuando la Fiscalía rechazó la remisión que recibió Venezuela el 17 de febrero de 2020 sobre los crímenes de lesa humanidad que, según el mismo régimen, se habrían cometido en el país, producto de las sanciones unilaterales (mal llamadas medidas coercitivas unilaterales) que Estados Unidos desde 2014 les impuso por las graves violaciones de derechos humanos y por su participación en actos delictivos transnacionales que constituían una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
La Fiscalía concluyó, como se esperaba, que “no existía base razonable que permitiera creer que la imposición de sanciones a Venezuela por Estados Unidos habría dado lugar a la comisión de crímenes de la competencia de la Corte (…) en consecuencia, no hay ninguna base razonable que justifique la apertura de una investigación a propósito de la Situación II”.
En esta remisión el régimen sostenía, con evidentes multas dilatorios y entorpecedores de las investigaciones que llevaba la Fiscalía en el marco de la Situación I, que “muertes, exterminación, deportaciones y otros actos inhumanos constitutivos de crímenes de lesa humanidad derivaban de la imposición de sanciones de Estados Unidos en contra de Venezuela”, un planteamiento absurdo que habría costado millones de dólares al Estado con el único fin de entorpecer el proceso para determinar la responsabilidad de los verdaderos autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014.
Ninguna relación entonces, entre las sanciones, por lo demás legales y legítimas, y las muertes ocurridas en el país que se han debido, como bien lo sabemos, a las políticas discriminatorias e ineficaces de un régimen corrupto que actúa y sigue acciones cubiertas de la mayor impunidad.
El Estado venezolano, representado todavía por el interinato de facto, puede solicitarle dentro de los 60 días que siguen, a la Sala de Cuestiones Preliminares, el reexamen de la decisión de la Fiscalía de no abrir la investigación. Pero el régimen tutelado de Delcy Rodríguez seguramente se abstendrá porque es consciente del significado en estos momentos de una nueva aventura procesal y luego porque un nuevo dispar en esta dirección podría molestar al tutor. De manera que el grupo tutelado no tiene otra alternativa que seguir y obedecer “revolucionariamente” el dictamen de la Fiscalía y los “consejos” de Washington.
La Situación I, acción seria y responsable de un grupo de Estados partes con el apoyo de una sociedad civil activa e igualmente responsable, continúa su curso en espera de que se dicten las respectivas órdenes de comparecencia y de detención de los presuntos responsables de los crímenes cometidos desde 2014, incluso Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos por otras causas en una cárcel federal en Brooklyn, y otras “altas personalidades” del régimen que se consideran son coautores directos de la comisión de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo desde hace una década.
El narcodictador Maduro y su esposa Flores se enfrentan en Estados Unidos a serias acusaciones por delitos distintos a los que conoce la Corte Penal Internacional, por lo que los procesos en curso no son excluyentes. Una vez concluido el de Brooklyn, sentenciados Maduro y Flores por los delitos que se imputan y cumplidas las penas, tendrán que enfrentar también la justicia en La Haya y no importa cuándo, puesto estos crímenes, como bien sabemos, no prescriben.
La justicia les llega a todos y por todas partes. Hay procesos abiertos en varios tribunales y cortes del mundo y por distintas razones. Los criminales de lesa humanidad: autores, cómplices, colaboradores, es decir, los que dieron las órdenes y los que las ejecutaron y los que no impidieron que se cometieran lo crímenes cuando era su responsabilidad hacerlo, tendrán que enfrentar la justicia más temprano que tarde.