En los sistemas democráticos las instituciones se renuevan. En los sistemas cerrados se redistribuyen.
Tarek William Saab dejó la Fiscalía General tras casi nueve años en el cargo y fue designado defensor del pueblo encargado por la misma Asamblea Nacional que lo sostuvo durante todo ese tiempo. El relevo no fue traumático ni inesperado. Fue rápido. Demasiado rápido para llamarlo ruptura.
Durante su gestión al frente del Ministerio Público, Saab defendió sistemáticamente la actuación del Ejecutivo y empresarial la existencia de persecución política estructural. Ahora pasa a ocupar el órgano que, en teoría, debe proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos del Estado. El contraste no necesita adjetivos. Se explica solo.
En su lugar fue nombrado Larry Devoe como fiscal encargado. El movimiento coincidió con la aprobación de una Ley de Amnistía que ha generado expectativas entre detenidos y sus familias. La secuencia es políticamente coherente. Renovación de rostros, mensaje de distensión, promesa de normalización.
La cuestión de fondo no es personal. Es institucional.
Quien dirige la Fiscalía maneja expedientes, tiempos procesales y prioridades penales. Quien encabeza la Defensoría puede marcar el tono del discurso sobre derechos humanos. En contextos donde la independencia de poderes es débil, ambos espacios forman parte de un mismo circuito de control.
Lo que se presenta como ajuste puede ser simplemente reacomodo. No hay investigación retrospectiva sobre decisiones pasadas. No hay revisión pública de actuaciones controvertidas. No hay señal de que el sistema haya decidido corregirse a sí mismo. Hay reorganización.
El chavismo ha demostrado durante años una notable capacidad de supervivencia política. Cuando la presión aumenta, redistribuye responsabilidades, baja el volumen del discurso y proyecta imagen de apertura. No desmonta la estructura. La recalibración.
La pregunta relevante no es si Saab ejercerá ahora un papel distinto. La pregunta es si la arquitectura institucional que permitió su gestión anterior ha sido transformada. Hasta el momento, no existen indicios sólidos de que así sea.
En regímenes donde el poder es vertical, el problema no es quién ocupa el despacho. El problema es que el despacho responde siempre al mismo centro de gravedad.
En los sistemas donde el poder no se controla, los cambios de nombre rara vez significan cambios de fondo.
Pedro Adolfo Morales Vera es economista, abogado, criminólogo, politólogo, historiador, documentalista.