Puntos clave La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, poniendo fin a su base legal. Una auditoría de la Contraloría atacó la extensión de 2021 sin licitación y alegó alrededor de $1.3 mil millones en ingresos públicos perdidos. La medida se produce en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y China y una propuesta de venta de más de 40 puertos por valor de 23 mil millones de dólares vinculada a las conversaciones de BlackRock. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato que permitía a Panama Ports Company, controlada por la HK Hutchison de Hong Kong, operar Balboa y Cristóbal, las terminales en cada extremo del Canal de Panamá.
La concesión comenzó en 1997 y se prorrogó en 2021 por otros 25 años sin licitación. El fallo no puede ser apelado.
CK Hutchison puede solicitar aclaraciones que podrían retrasar la implementación, y PPC dice que puede buscar vías legales nacionales e internacionales.
La Corte Suprema de Panamá acaba de anular una presencia clave vinculada a China en el Canal. (Foto reproducción de Internet) La decisión se tomó tras dos demandas presentadas por la Contraloría de Panamá luego de que una auditoría gubernamental alegara irregularidades. La auditoría argumentó que el estado perdió alrededor de $1.3 mil millones en ingresos públicos y citó supuestos déficits de inversión y otros daños económicos.
PPC rechaza esa lectura y dice que invirtió alrededor de 1.800 millones de dólares en infraestructura y tecnología. Beijing dijo que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses corporativos legítimos.
Los puertos del Canal de Panamá enfrentan presión geopolítica El gobierno de Hong Kong advirtió contra las tácticas coercitivas en el comercio e instó a las empresas locales a reevaluar las inversiones en Panamá.
Alrededor del 3% al 6% del comercio mundial pasa a través del canal cada año, y Estados Unidos es su mayor usuario.
Donald Trump ha utilizado la cuestión de los puertos para argumentar que China tiene una influencia indebida y ha prometido “recuperar” el control, mientras que el presidente José Raúl Mulino insiste en que el canal “es y seguirá siendo panameño”.
Para complicar las cosas, CK Hutchison ha estado negociando la desinversión portuaria de más de 40 activos por unos 23.000 millones de dólares con un consorcio en el que participan BlackRock y Mediterranean Shipping Company.
Trump celebró las conversaciones como prueba de la influencia estadounidense. Los funcionarios chinos respondieron, señalando que el transportista estatal Cosco debería tener una participación mayor, lo que generó informes de que los compradores reconsideraron la situación.
Panamá ahora debe mantener la carga en movimiento mientras reescribe el modelo legal para las concesiones portuarias. Mulino ha propuesto asociaciones público-privadas como puente, antes de cualquier nueva licitación por los activos que se encuentran a las puertas del canal.