Este 24 de julio se cumpli\u00f3 un mes del doble terremoto que sacudi\u00f3 a Venezuela. Cuando la tierra tembl\u00f3 el 24 de junio, millas de familias buscaron a sus seres queridos entre hospitales, refugios y edificios derrumbados. Para los familiares de quienes permanecen presos por motivos pol\u00edticos, la angustia tuvo otra forma: puertas cerradas, comunicaciones inciertas y una pregunta elemental que el Estado est\u00e1 obligado a responder cuando una persona se encuentra bajo su custodia: \u00bfest\u00e1 a salvo?<\/p>\n
Los presos tambi\u00e9n son seres humanos: tienen padres, hijos, esposas, hermanos y familias que vivieron la emergencia sin saber con certeza qu\u00e9 estaba ocurriendo dentro de los centros de detenci\u00f3n. Ana Julia Jatar, defensora de los derechos humanos y vocera de la plataforma digital granito de arena, advierte que \u201clas personas privadas de libertad son siempre las m\u00e1s vulnerables y las m\u00e1s invisibles\u201d. Por ello, impulsa una campa\u00f1a para solicitar que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos ingrese a Venezuela, inspeccione las c\u00e1rceles y verifique las condiciones de los presos pol\u00edticos.<\/p>\n
La emergencia, provocada por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 y una prolongada secuencia de r\u00e9plicas, volvi\u00f3 a exponer la vulnerabilidad de la poblaci\u00f3n penitenciaria. El balance oficial difundido el 21 de julio situ\u00f3 la tragedia en 5.278 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y 190 colapsados. En medio de esa devastaci\u00f3n, contin\u00faa sin estar claro p\u00fablicamente qu\u00e9 inspecciones se realizaron en los centros de detenci\u00f3n, qu\u00e9 protocolos de evacuaci\u00f3n fueron activados y qu\u00e9 informaci\u00f3n recibieron los familiares de los reclusos.<\/p>\n
Ana Julia Jatar defensora de los derechos humanos y vocera de la plataforma digital Granito de Arena promueve una campa\u00f1a ciudadanaCada firma, una exigencia de presencia.granito de arena naci\u00f3, seg\u00fan explica Jatar, para ofrecer una forma concreta de participaci\u00f3n a los venezolanos que, dentro o fuera del pa\u00eds, desean defender los derechos humanos, pero no saben c\u00f3mo comenzar. \u201cCada firma es un granito de arena\u201d, afirma. Detr\u00e1s de cada adhesi\u00f3n hay una voz que reclama informaci\u00f3n, una familia que pide saber c\u00f3mo se encuentra su ser querido y una sociedad que se niega a permanecer indiferente.<\/p>\n
Firme y comparta la petici\u00f3n: https:\/\/www.change.org\/p\/exigimos-la-entrada-de-la-cidh-a-venezuela-500-presos-pol\u00edticos-no-pueden-esperar-m\u00e1s <\/p>\n
Firmar no es solamente escribir un nombre en una plataforma digital. Es acompa\u00f1ar a las madres, esposas, hijos y hermanos que esperan noticias frente a las puertas de una c\u00e1rcel. Es necesario atenci\u00f3n m\u00e9dica, visitas regulares, comunicaci\u00f3n con los abogados y condiciones de reclusi\u00f3n compatibles con la dignidad humana. Tambi\u00e9n es pedir que las denuncias de aislamiento, maltrato y presuntas torturas sean investigadas de manera independiente.<\/p>\n
Una firma, por s\u00ed sola, no abrir\u00e1 las puertas de una prisi\u00f3n. Pero millas de firmas pueden convertir el dolor de las familias en una exigencia p\u00fablica imposible de ignorar. Pueden demostrar ante la CIDH, los gobiernos y las autoridades venezolanas que existe una ciudadan\u00eda vigilante que reclama presencia internacional, transparencia y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
La fuerza de la campa\u00f1a reside en sumar voluntades.. Cada firma representa a una persona que decide no mirar hacia otro lado y recuerda que detr\u00e1s de cada celda hay un ser humano con una historia, una familia y derechos que deben ser respetados. Firmar es pedir que la CIDH entre Venezuelaobserve directamente las condiciones de las c\u00e1rceles y escuche a quienes llevan demasiado tiempo aislados.<\/p>\n
Permitir el ingreso de la CIDH no ser\u00eda una concesi\u00f3n pol\u00edtica. Ser\u00eda una medida urgente de protecci\u00f3n y una prueba concreta de que Venezuela est\u00e1 dispuesta a abrir sus c\u00e1rceles a la verdad. Ning\u00fan muro puede colocarse por encima de la vida humana y ninguna sociedad debe acostumbrarse al sufrimiento escondido detr\u00e1s de una celda.<\/p>\n
Que las c\u00e1rceles dejen de ser un territorio sin testigosEn medio de una tragedia que dej\u00f3 millas de familias de luto, los muros de las c\u00e1rceles no pueden convertirse en una barrera contra la verdad. Detr\u00e1s de cada detenido existe una familia que necesita saber si est\u00e1 vivo, si result\u00f3 herido, si recibe atenci\u00f3n m\u00e9dica y si permanece recluido en condiciones seguras. El derecho a conocer esa informaci\u00f3n no puede depender de rumores, mensajes clandestinos o unos pocos minutos de visita.<\/p>\n
granito de arena busca transformar una acci\u00f3n individual \u2014una firma electr\u00f3nica\u2014 en una exigencia colectiva de transparencia, protecci\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas. J\u00e1tar resume el reclamo en una frase: \u201cSin testigos no hay rendici\u00f3n de cuentas\u201d. Su advertencia adquiere una dimensi\u00f3n todav\u00eda m\u00e1s grave despu\u00e9s del doble terremoto, cuando las personas privadas de libertad depend\u00edan enteramente de las autoridades para ser evacuadas, recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica, comunicarse con sus familiares o ser trasladadas a instalaciones seguras.<\/p>\n
La urgencia no consiste \u00fanicamente en determinar si los edificios penitenciarios resistieron los movimientos s\u00edsmicos. Tambi\u00e9n exige comprobar si existen protocolos de evacuaci\u00f3n, condiciones sanitarias adecuadas, alimentaci\u00f3n, agua potable, atenci\u00f3n m\u00e9dica y comunicaci\u00f3n confidencial con familiares y abogados. Impedir una verificaci\u00f3n independiente prolonga la indefensi\u00f3n de las v\u00edctimas y permite que las denuncias de maltrato o tortura permanezcan ocultas detr\u00e1s de puertas cerradas.<\/p>\n
Veinticuatro a\u00f1os sin una visita dentro de VenezuelaEn marzo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya hab\u00eda expresado preocupaci\u00f3n por las denuncias de tortura, malos tratos y hacinamiento en Rodeo I. En abril de 2026, la CIDH otorg\u00f3 medidas cautelares a C\u00e9sar Antonio Alfonso Oma\u00f1a Alcal\u00e1 ya su padre tras recibir informaci\u00f3n sobre aislamiento prolongado, restricciones de visitas, falta de comunicaci\u00f3n con familiares y abogados, deterioro de salud y condiciones precarias de alimentaci\u00f3n, agua, higiene y atenci\u00f3n m\u00e9dica. La resoluci\u00f3n no declarada definitivamente prob\u00f3 todas las acusaciones, pero estableci\u00f3 que exist\u00eda una situaci\u00f3n de gravedad, urgencia y riesgo de da\u00f1o irreparable.<\/p>\n
La \u00faltima visita de la CIDH realizada efectivamente dentro de Venezuela se desarroll\u00f3 entre el 6 y el 10 de mayo de 2002, por invitaci\u00f3n del entonces presidente Hugo Ch\u00e1vez. La delegaci\u00f3n se reuni\u00f3 con representantes de los poderes p\u00fablicos, integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, v\u00edctimas y familiares. Tambi\u00e9n recibi\u00f3 testimonios sobre distintas regiones del pa\u00eds.<\/p>\n
Desde entonces, la Comisi\u00f3n solicit\u00f3 en numerosas oportunidades la anuencia del Estado para regresar. En julio de 2019, Gustavo Tarre, reconocido entonces como representante de Venezuela ante la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, extendi\u00f3 una invitaci\u00f3n formal. La CIDH program\u00f3 una visita para febrero de 2020, pero las autoridades venezolanas impidieron que la delegaci\u00f3n abordara en Panam\u00e1 el vuelo con destino a Caracas.<\/p>\n
La misi\u00f3n tuvo que trasladarse a Bogot\u00e1 y C\u00facuta. All\u00ed recibi\u00f3 informaci\u00f3n documental y audiovisual, se reuni\u00f3 con v\u00edctimas, periodistas, organizaciones sociales y actores humanitarios, y recogi\u00f3 cerca de 70 testimonios presenciales, adem\u00e1s de otros 130 recibidos virtualmente. La CIDH clasifica esa actividad como una visita de observaci\u00f3n sobre Venezuela, pero la delegaci\u00f3n no pudo ingresar al territorio nacional. Escuchar testimonios desde la frontera permiti\u00f3 documental patrones; no sustituy\u00f3 la posibilidad de inspeccionar una c\u00e1rcel, revisar registros o entrevistar a los detenidos sin intimidaci\u00f3n.<\/p>\n
La urgencia de una nueva visita fue reconocida nuevamente por la propia Comisi\u00f3n. El 3 de septiembre de 2025, la CIDH solicit\u00f3 autorizaci\u00f3n para ingresar a Venezuela y verificar, particularmente, las condiciones de las personas detenidas en El Helicoide. Seg\u00fan su Informe Anual 2025, el Estado no hab\u00eda respondido cuando concluy\u00f3 la elaboraci\u00f3n del documento.<\/p>\n
Un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento y el abandonoEl Informe Anual 2025 de la CIDH describe un sistema penitenciario con 22.019 personas recluidas para una capacidad real de 15.096 plazas, lo que representaba un hacinamiento general de 45,85%. Siete establecimientos presentaban niveles de ocupaci\u00f3n de entre 110% y 255%. La Comisi\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 infraestructura deteriorada, celdas sin ventilaci\u00f3n o luz natural suficiente, alimentaci\u00f3n deficiente, acceso limitado al agua y falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica oportuna.<\/p>\n
La precariedad obliga a numerosas familias a suministrar ropa, productos de higiene y colchonetas. En algunos calabozos, concebidos para detenciones de no m\u00e1s de 48 horas, las personas permanecen por per\u00edodos prolongados y, debido al hacinamiento, algunas deben dormir de pie o en s\u00e1banas utilizadas como hamacas. La CIDH tambi\u00e9n reconoci\u00f3 denuncias sobre golpizas, restricciones severas de agua y alimentos, desnudez forzada, aislamiento prolongado y encierro en celdas de castigo conocidas como \u201ctigritos\u201d.<\/p>\n
En 2025, decenas de detenidos por motivos pol\u00edticos permanecieron incomunicados de sus familiares y defensas. Para abril de ese a\u00f1o, 64 familias no hab\u00edan recibido notificaci\u00f3n formal sobre el centro de reclusi\u00f3n de sus parientes. Algunas obten\u00edan informaci\u00f3n por medio de otros presos o de funcionarios que las llamaban para solicitar medicamentos o suministros b\u00e1sicos. La Comisi\u00f3n exigi\u00f3 verificar el estado de salud de los detenidos y garantizar visitas regulares de familiares y abogados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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