Noticia<\/p>\n
‘Su ejecuci\u00f3n responde a cumplir las decisiones de las autoridades, pero tambi\u00e9n pone de manifiesto atender la crisis humanitaria’: Personer\u00eda.<\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
PERIODISTA22.07.2026 18:39 Actualizado: 22.07.2026 21:47 <\/p>\n
En calmalas autoridades desalojaron a m\u00e1s de mil personas del asentamiento Brisas de las Torresen el corregimiento de Navarro de Cali. La diligencia se cumpli\u00f3 el 22 de julio de 2026.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n
El terreno en la disputa es una franja de servidumbre, es decir, un \u00e1rea delimitada a lo largo de infraestructuras, en este caso, l\u00edneas el\u00e9ctricas e instalaciones relacionadas con la empresa Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica SA ESP (ISA).<\/p>\n
El desalojo<\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
Jos\u00e9 \u00c9igner L\u00f3pez y otros moradores no pudieron evitar sentirse desarraigados. Recordaron cuando salieron desplazados de sus tierras de origen. En el caso de Jos\u00e9 \u00c9igner, lleg\u00f3 a Cali procedente de Choc\u00f3 a causa de los grupos armados, pues la vida de su familia y la suya corr\u00edan peligro.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n
Seg\u00fan la Alcald\u00eda de Cali, cerca de esos 400 hogares ser\u00e1n demolidos por invadir el predio privado y vivir debajo de las torres de energ\u00eda de alta tensi\u00f3n de la empresa.<\/p>\n
“Nosotros llegamos al sector durante la pandemia. Somos muchas familias y nos dijeron que deb\u00edamos desalojar, pero no tenemos una vivienda digna, por eso estamos en este terreno”, coment\u00f3 el desplazado.<\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
Este caso responde a un litigio que lleva cinco a\u00f1os entre la empresa ISA, due\u00f1a del terreno donde estaban las familias, ubicado en el paraje Cauquita, del corregimiento de Navarro.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n
La zona rural se encuentra al suroriente del casco urbano de Cali y fue reclamada en restituci\u00f3n por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica mediante una acci\u00f3n de tutela fallada a su favor contra las secretar\u00edas de Bienestar Social y Vivienda del distrito y la misma Alcald\u00eda, en segunda instancia, por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad en 2024. <\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
Este es un complejo dilema social, porque entre las mil personas del asentamiento, hab\u00eda ni\u00f1os, ancianos, migrantes y toda una poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad que tambi\u00e9n hab\u00edan acudido a tutelas contra la Administraci\u00f3n distrital, reclamando soluciones dignas para vivir y el respeto al debido proceso.<\/p>\n
La Personer\u00eda de Cali pide interceder en la crisis humanitariaSeg\u00fan el personero de Cali, Gerardo Mendoza, una caracterizaci\u00f3n realizada por la Secretar\u00eda de Vivienda de la capital del Valle se\u00f1ala que el asentamiento est\u00e1 conformado por 390 hogares y 1,226 personas. De ese n\u00famero, 486 son ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; 453 son jefes de hogar v\u00edctimas del conflicto armado, adem\u00e1s, de que hay madres cabeza de familia, adultos mayores y personas en condici\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
El personero ha insistido en la caracterizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n, en el dise\u00f1o de un plan de contingencia y en que se ofrecer\u00e1n alternativas de vivienda y reubicaci\u00f3n, garantizando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/p>\n
“El desalojo de cerca de 1.300 personas en el asentamiento humano de desarrollo incompleto Brisas de las Torres, en cumplimiento de una decisi\u00f3n judicial y administrativa de acatamiento obligatorio, “Es una situaci\u00f3n que desborda el \u00e1mbito local y compromete al Estado en su conjunto”, dijo el personero. <\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
“Su ejecuci\u00f3n responde al cumplimiento de las decisiones de las autoridades competentes; Sin embargo, tambi\u00e9n pone de manifiesto la necesidad de atender la crisis humanitaria, social y de seguridad que enfrenta el suroccidente colombiano\u201d, asegur\u00f3 el funcionario. <\/p>\n
“Mientras no se aborden sus causas estructurales, Cali continuar\u00e1 soportando las consecuencias del desplazamiento forzado, la pobreza y las m\u00faltiples expresiones de violencia que revictimizan a millas de familias”, escribi\u00f3.<\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
“Este caso deja al descubierto, adem\u00e1s, las profundas falencias en materia de prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n y soluci\u00f3n de los fen\u00f3menos de ocupaci\u00f3n informal, as\u00ed como la ausencia de respuestas oportunas que garanticen el derecho a una vivienda digna ya procesos de reasentamiento efectivos. No es suficiente actuar cuando la problem\u00e1tica ha alcanzado niveles cr\u00edticos; se requiere una pol\u00edtica p\u00fablica articulada entre la Naci\u00f3n, el departamento y el distrito que atienda las causas estructurales del conflicto social y territorial”, indic\u00f3 el personero Mendoza.<\/p>\n
“La protecci\u00f3n de los derechos humanos exige que las decisiones judiciales y administrativas se cumplan, pero tambi\u00e9n que su ejecuci\u00f3n est\u00e9 acompa\u00f1ada de medidas reales que eviten nuevas vulneraciones. Cada desalojo debe representar una oportunidad para ofrecer soluciones sostenibles y no el inicio de un nuevo ciclo de exclusi\u00f3n, precariedad y desplazamiento para las familias afectadas”, explic\u00f3.<\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
“El Estado colombiano tiene, adem\u00e1s, el deber de generar las condiciones de seguridad, protecci\u00f3n y acompa\u00f1amiento que permitan garantizar, cuando sea posible, el retorno voluntario, digno y seguro de las comunidades a sus territorios de origen o, en su defecto, de asegurar alternativas efectivas de estabilizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica que les permitan reconstruir sus proyectos de vida”, precis\u00f3.<\/p>\n
Entre las solicitudes que la Administraci\u00f3n reconoci\u00f3 est\u00e1n el aumento del valor del auxilio de arriendos, una nueva jornada de postulaci\u00f3n y la petici\u00f3n de vivienda para las familias v\u00edctimas del conflicto asentadas en este sitio. Estas peticiones est\u00e1n bajo an\u00e1lisis y no se ha tomado una decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda\/EL TIEMPO<\/p>\n
Asimismo, la comunidad inform\u00f3 que m\u00e1s de un centenar de hogares habr\u00eda accedido al proceso para obtener el subsidio distrital de arrendamiento temporal. <\/p>\n
Los abogados de la empresa se remontan al 12 de agosto de 2021, fecha en que, en compa\u00f1\u00eda de la Fuerza P\u00fablica, “se evidenci\u00f3 la perturbaci\u00f3n en las zonas de servidumbre el\u00e9ctrica y sus alrededores con al menos 400 ramadas o cambuches, construidas con materiales de madera, polisombra verde y cintas amarillas”.<\/p>\n
ISA se\u00f1ala en la acci\u00f3n de tutela que dicha franja abarca los predios identificados con matr\u00edculas inmobiliarias 370-542812 y 370-122406 de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Cali.<\/p>\n
La corregidora de Navarro, Fulvia Euyenith Cort\u00e9s Cabezas, en una carta dirigida a la Procuradur\u00eda, la Defensor\u00eda del Pueblo ya la Personer\u00eda de Cali, con fecha del 26 de junio de este 2026, dice que en la inspecci\u00f3n rural de la Polic\u00eda del corregimiento se curs\u00f3 un proceso policivo.<\/p>\n
“Se han realizado las convocatorias para las mesas de trabajo preparatorias indispensables para la ejecuci\u00f3n y materializaci\u00f3n de la medida correctiva; se han convocado a entidades y organismos con competencias en la materializaci\u00f3n, incluida la Defensor\u00eda del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas”, anota la autoridad del corregimiento cale\u00f1o en el documento conocido por EL TIEMPO.<\/p>\n
“Pese a los esfuerzos de este despacho y ante la falta de materializaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la medida correctiva, por la ausencia formal de caracterizaci\u00f3n, oferta de servicios y la falta de apoyo policial para el desarrollo de la diligencia, Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica SA ESP promueve una acci\u00f3n de tutela, a fin de que se materialice la decisi\u00f3n tomada y se indique la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso ya la vida”, es otro segmento del comunicado.<\/p>\n
El documento tambi\u00e9n indica que “mediante sentencia de tutela No. 96, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali orden\u00f3, entre otros aspectos, censar y caracterizar a la poblaci\u00f3n objeto de la medida con el fin de dise\u00f1ar el plan de contingencia necesario para ofrecer alternativas de vivienda y reubicaci\u00f3n y evitar as\u00ed la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional (SEP) por razones diferentes al desplazamiento forzado, como la poblaci\u00f3n en condici\u00f3n de discapacidad, los menores de edad, ancianos y migrantes venezolanos, y aplicar lo dispuesto en la sentencia SU-016-2021 en relaci\u00f3n con las medidas de protecci\u00f3n de esta poblaci\u00f3n, en un tiempo m\u00e1ximo de siete meses. Una vez cumplido lo anterior, la corregidora fijar\u00e1 la fecha para llevar a cabo el desalojo\u201d.<\/p>\n
En un comienzo, el desalojo estuvo programado para el 30 de junio de este a\u00f1o. No obstante, el personero de Cali, junto con la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo hab\u00eda recomendado que la diligencia se postergara “para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas interinstitucionales, entre ellas, la jornada de postulaci\u00f3n que actualmente adelanta la Secretar\u00eda de Vivienda Social y H\u00e1bitat en el territorio, con el fin de que las familias que cumplan los requisitos puedan acceder a las medidas institucionales previstas”.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el juzgado 14 Civil Municipal de Cali mediante auto interlocutorio No. 002 del 14 de enero de 2026, indica: “Como quiera entonces que lo dispuesto en sede de segunda instancia ya se encuentra cumplido en su totalidad, pues, se insiste, ya se realiz\u00f3 el censo y caracterizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n, se cruzaron las bases de datos, se determinar\u00e1 la competencia respecto de los albergues y ya se tiene el plan de contingencia”.<\/p>\n
“Se entiende entonces que lo que se encuentra pendiente es la aprobaci\u00f3n del presupuesto por parte de una entidad externa a los involucrados en la acci\u00f3n de tutela y el resto de la socializaci\u00f3n restante de la oferta de vivienda. Considere el despacho que en este punto del proceso la corregidora puede fijar fecha y hora para la diligencia de desalojo atendiendo el cronograma de actividades presentado a este despacho por parte del Departamento Jur\u00eddico de la Alcald\u00eda”. Este es otro aparte del documento de la corregidora de Navarro.<\/p>\n
La funcionaria, en su recuento, dice que la comunidad ha realizado manifestaciones y que, por ello, se llev\u00f3 a cabo una reuni\u00f3n en la Personer\u00eda el pasado 24 de junio para discutir el retiro voluntario del predio y la postulaci\u00f3n al subsidio de arrendamiento, como consta en el acta de la mesa interinstitucional.<\/p>\n
Postura de la Alcald\u00eda de Cali”La jurisprudencia establece la obligaci\u00f3n de garantizar el debid o proceso, la caracterizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n, la identificaci\u00f3n de sujetos de especial protecci\u00f3n y la adopci\u00f3n de medidas de atenci\u00f3n diferencial. Esto se ha cumplido estrictamente”, dice un comunicado inicial en este proceso.<\/p>\n
En ese sentido, “la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que la ocupaci\u00f3n irregular de bienes no genera un derecho autom\u00e1tico a vivienda, y que el acceso a los programas existentes debe realizarse conforme a las reglas y requisitos establecidos”.<\/p>\n
El comunicado de la Alcald\u00eda puntualiza: “Desde 2024, la Administraci\u00f3n distrital ha adelantado acciones permanentes para la atenci\u00f3n de la poblaci\u00f3n asentada, entre ellas, la caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica, la identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de hogares, jornadas de socializaci\u00f3n de la oferta institucional, articulaci\u00f3n interinstitucional, procesos de postulaci\u00f3n a subsidios de arrendamiento, evaluaci\u00f3n de requisitos y asignaci\u00f3n de subsidios a los hogares que cumplieron las condiciones establecidas”.<\/p>\n
CAROLINA BOH\u00d3RQUEZ<\/p>\n
Corresponsal de EL TIEMPO<\/p>\n
Cali<\/p>\n
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El feminicidio de Rosa Mayerly Olaya. Foto:<\/p>\n
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