La Audiencia Provincial de Madrid levant\u00f3 las cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Bego\u00f1a G\u00f3mez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro S\u00e1nchez, lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds y la obligaci\u00f3n de firmar en sede judicial. Sin embargo, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del instructor de enviarla a juicio con jurado popular.<\/p>\n
En un auto recogido por Europa Press, el tribunal madrile\u00f1o acuerda mantener el juicio con jurado popular contra la esposa de S\u00e1nchez, aunque lo hace de forma parcial, \u00fanicamente por los presuntos delitos de tr\u00e1fico de influencias y malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos. Archiva otros dos cargos de los que el juez acusaba a G\u00f3mez: corrupci\u00f3n en los negocios y apropiaci\u00f3n indebida.<\/p>\n
Los magistrados tambi\u00e9n avalan el juicio con jurado contra la asesora de la esposa de S\u00e1nchez, Cristina \u00c1lvarez, por un presunto delito de malversaci\u00f3n y s\u00f3lo en relaci\u00f3n con el supuesto desv\u00edo del ‘software’ de la c\u00e1tedra que codirigi\u00f3 G\u00f3mez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por lo que archivaron para ella los otros tres delitos, los mismos que G\u00f3mez, que el juez le achac\u00f3.<\/p>\n
Adem\u00e1s, decidi\u00f3 apartar del juicio con jurado al empresario Juan Carlos Barrab\u00e9s, el tercer imputado en la causa, acordando que contra \u00e9l se siga la investigaci\u00f3n en lo relativo \u201ca la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n
La Audiencia de Madrid se\u00f1ala que los \u201cindicios\u201d que existen sobre G\u00f3mez sit\u00faan su participaci\u00f3n en presunto tr\u00e1fico de influencias cometidos por particular tanto en la creaci\u00f3n de la c\u00e1tedra como en la intermediaci\u00f3n a favor de Barrab\u00e9s, y supuesta malversaci\u00f3n de patrimonio p\u00fablico tanto por el destino del ‘software’ como en la utilizaci\u00f3n para fines privados de su asistente personal.<\/p>\n
\u201cNo as\u00ed del delito de apropiaci\u00f3n indebida y el de administraci\u00f3n desleal\u201d, que \u201cse cometen sobre patrimonios privados y por personas que no tiene la condici\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos\u201d, mientras que \u201cel C\u00f3digo Penal contempla otras formas de protecci\u00f3n jur\u00eddica penal mediante los casos de patrimonios p\u00fablicos, en este caso el delito de malversaci\u00f3n\u201d. \u201cTampoco consideramos existen indicios respecto del delito de corrupci\u00f3n en los negocios\u201d, precisa.<\/p>\n
Presi\u00f3n moral por su v\u00ednculo con S\u00e1nchezPara los magistrados, \u201cparece perfectamente veros\u00edmil sostener\u201d que G\u00f3mez \u201clogr\u00f3 el influjo desplegado desde su privilegiada posici\u00f3n de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesi\u00f3n de la c\u00e1tedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un m\u00ednimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto\u201d.<\/p>\n
A lo que a\u00f1aden que adem\u00e1s recay\u00f3 en ella la condici\u00f3n de directora, \u201cpese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados \u200b\u200bvarios meses, lo que comport\u00f3 el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente\u201d.<\/p>\n
\u201cLa sola relaci\u00f3n de parentesco por v\u00ednculo matrimonial con la m\u00e1s alta autoridad del gobierno de la naci\u00f3n, en determinados contextos y circunstancias, como los aqu\u00ed analizados, puede comportar una presi\u00f3n moral eficiente a efectos de conformar el delito de tr\u00e1fico de influencias\u201d, apuntan.<\/p>\n
Y entienden que \u201cno parece que pueda negarse con plena certeza que, atendido el modo y forma en que se verific\u00f3 la solicitud y la inmediata concesi\u00f3n, se ejerci\u00f3 una presi\u00f3n moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad acad\u00e9mica de la UCM\u201d.<\/p>\n
De esa forma, continuar, se habr\u00eda obtenido \u201cla decisi\u00f3n no solo de crear la c\u00e1tedra sino de nombrarla directora, permiti\u00e9ndole as\u00ed sufragar con financiaci\u00f3n p\u00fablica el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medici\u00f3n que pretend\u00eda de uso y titularidad personal o privada\u201d.<\/p>\n
G\u00f3mez y \u00c1lvarez deben estar localizablesEn relaci\u00f3n a las medidas cautelares que impuso Peinado a ella y su asesora, los magistrados argumentan que \u201cno puede afirmarse que concurra con la intensidad exigible un riesgo real y efectivo de fuga que justifique el mantenimiento de las medidas acordadas\u201d.<\/p>\n
Bajo su punto de vista, la \u201cmotivaci\u00f3n ofrecida\u201d por el juez instructor en el auto en el que las envi\u00f3 a juicio y decret\u00f3 las medidas \u201cno aparece suficientemente individualizada ni apoyada en datos concretos que permitan concluir la existencia de una probabilidad real de fuga, descansando en buena medida en consideraciones que no resultan suficientes para sustentar la adopci\u00f3n de tan restrictivas de derechos fundamentales\u201d, agregan.<\/p>\n
As\u00ed, la Audiencia Provincial considera que los cautelares \u201cno resultan estrictamente necesarios\u201d en la medida en que \u201cla finalidad de asegurar\u201d que ambas est\u00e9n sujetas al proceso judicial \u201cpuede quedar suficientemente atendida mediante la imposici\u00f3n de medidas menos gravosas\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, los magistrados s\u00ed recalcan que tanto G\u00f3mez como \u00c1lvarez deben \u201cquedar obligadas a mantenerse en todo momento a disposici\u00f3n del \u00f3rgano judicial, con la correlativa obligaci\u00f3n de comunicar cualquier cambio de domicilio o de paradero\u201d.<\/p>\n
\u201cEn este sentido, no se aprecia con suficiente claridad que la intensidad de las acordadas encuentre una justificaci\u00f3n proporcionada en las circunstancias del caso y en el nivel de riesgo concurrente, atendido el principio de subsidiariedad que debe presidir la adopci\u00f3n de medidas cautelares personales\u201d, resumen.<\/p>\n
Arraigo familiar, personal y profesionalY recuerdan que Peinado fund\u00f3 el riesgo de fuga en la \u201cgravedad\u201d de los delitos investigados considerando que \u201cla eventual imposici\u00f3n de penas privativas de libertad podr\u00eda constituir una circunstancia que incrementa el riesgo de eludir la acci\u00f3n de la justicia\u201d.<\/p>\n
\u201cSin embargo, este elemento, aun siendo relevante, no puede erigirse por s\u00ed solo en fundamento suficiente, debiendo ser ponderado conjuntamente con el resto de circunstancias personales y objetivas concurrentes en el caso y teniendo presente que aunque este tribunal ha constatado existencia de indicios racionales de criminalidad, ha modificado la determinaci\u00f3n de hechos punibles as\u00ed como la identificaci\u00f3n de las personas a las que finalmente se imputan\u201d, aduce el tribunal superior.<\/p>\n
Los magistrados inciden en que tanto G\u00f3mez como \u00c1lvarez \u201chan comparado en todas las citaciones judiciales que les han sido efectuadas, sin que exista dato alguno que permita inferir una actitud de elusi\u00f3n o resistencia a la acci\u00f3n de la justicia\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, ambas \u201cpresentan arraigo personal, familiar y profesional en territorio nacional, extremo que, conforme a la doctrina jurisprudencial, constituye un factor relevante a efectos de valorar el riesgo de sustracci\u00f3n\u201d, seg\u00fan el auto.<\/p>\n
Con informaci\u00f3n de Europa Press.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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