Un fallo del Tribunal Constitucional que ordena a este Diario eliminar tres art\u00edculos period\u00edsticos publicados en el 2014 en nuestra versi\u00f3n digital provoc\u00f3 un inmediato rechazo de especialistas en libertades de prensa e informaci\u00f3n, y en derecho digital. La sentencia abre las puertas a que cualquier persona mencionada en reportajes exija la desaparici\u00f3n de estos en Internet, aun cuando hayan informado hechos veraces al momento de su difusi\u00f3n.<\/p>\n
Un fallo del Tribunal Constitucional que ordena a este Diario eliminar tres art\u00edculos period\u00edsticos publicados en el 2014 en nuestra versi\u00f3n digital provoc\u00f3 un inmediato rechazo de especialistas en libertades de prensa e informaci\u00f3n, y en derecho digital. La sentencia abre las puertas a que cualquier persona mencionada en reportajes exija la desaparici\u00f3n de estos en Internet, aun cuando hayan informado hechos veraces al momento de su difusi\u00f3n.<\/p>\n
Los cuestionamientos apuntan a que el TC orden\u00f3 la eliminaci\u00f3n total de las noticias en lugar de aplicar medidas menos restrictivas para proteger los derechos de la demandante, Lorena Bellina Schrader, como la actualizaci\u00f3n del contenido o la desindexaci\u00f3n.<\/p>\n
Los especialistas advirtieron que el fallo abre la puerta a una ola de solicitudes para eliminar contenidos period\u00edsticos, se aparte de los criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver este tipo de conflictos, rompe el equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de informaci\u00f3n y compromete la preservaci\u00f3n de los archivos period\u00edsticos.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del TC se adopt\u00f3 con cinco votos contra dos. La minor\u00eda, los magistrados Helder Dom\u00ednguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez, consideraron que el recurso deb\u00eda declararse infundado.<\/p>\n
En opini\u00f3n de la presidenta de la Federaci\u00f3n Internacional de Periodistas, Zuliana Lainezel fallo \u201ces una aberraci\u00f3n jur\u00eddica\u201d. <\/p>\n
Lainez destac\u00f3 que la sentencia vulnera el derecho de la ciudadan\u00eda a acceder a informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico y cuestion\u00f3 que el TC vuelva a invocar un supuesto derecho al olvido que no se encuentra reconocido expresamente en la Constituci\u00f3n ni en la legislaci\u00f3n peruana. <\/p>\n
\u201cNosotros queremos expresar nuestro rechazo abierto a esta sentencia del Tribunal Constitucional porque consideramos que vulnera el derecho a la informaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda\u201d, dijo la tambi\u00e9n presidenta de la Asociaci\u00f3n Nacional de Periodistas del Per\u00fa.<\/p>\n
Adem\u00e1s, pareci\u00f3 que lo m\u00e1s preocupante es que el TC se atribuya la facultad de decidir cu\u00e1ndo una informaci\u00f3n deja de ser de inter\u00e9s p\u00fablico, una valoraci\u00f3n que, advirti\u00f3, podr\u00eda terminar restringiendo el trabajo period\u00edstico.<\/p>\n
“\u00bfHoy nos va a decir qu\u00e9 hechos de los que se hablaron hace 10 o 15 a\u00f1os deben ser eliminados de los portales digitales porque ya no son de inter\u00e9s p\u00fablico? Eso nos parece grave. El Tribunal Constitucional no es quien define qu\u00e9 cosa es de inter\u00e9s p\u00fablico o qu\u00e9 vigencia tiene el inter\u00e9s p\u00fablico”, asever\u00f3.<\/p>\n
Lainez sentenci\u00f3: \u201cNo se borra la historia, no se borran los hechos que en su momento han sido registrados\u201d. Explic\u00f3 que en casos similares se hace una actualizaci\u00f3n en la misma publicaci\u00f3n, se agrega alg\u00fan enlace a la carta notarial o se incluye un pie de p\u00e1gina en la publicaci\u00f3n digital precisando que finalmente la persona fue declarada inocente. <\/p>\n
En tanto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo SalazarZimmermannadvirti\u00f3 que la sentencia del TC sienta un precedente que podr\u00eda ser utilizada por personas investigadas por delitos graves para exigir la eliminaci\u00f3n de publicaciones period\u00edsticas que documenten sus casos. <\/p>\n
“Esto se suma a la gran cantidad de exigencias que ya reciben los medios de comunicaci\u00f3n, sobre todo en regiones, para eliminar contenido de personas vinculadas a casos de corrupci\u00f3n, lavado de activos u otros temas criminales. Ahora habr\u00e1 un precedente. Habr\u00e1 una sentencia del TC sobre la cual se van a poder basar un mont\u00f3n de personas sobre quienes los peruanos s\u00ed deben conocer y saber”, se\u00f1al\u00f3 en di\u00e1logo con El Comercio.<\/p>\n
Salazar record\u00f3 que ya hubo intentos de desindexar contenidos, por parte de narcotraficantes. \u201cMe preocupa que esto pueda ser una suerte de carta blanca para que personajes investigados \u2014porque usualmente son los investigados quienes persiguen a los medios\u2014 quieran que se retiren sus nombres, fotos y datos de los medios de comunicaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, el abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte Se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n de abrir la puerta para que numerosos ciudadanos soliciten la eliminaci\u00f3n de contenidos cuando resulten absueltos, sobrese\u00eddos o simplemente no lleguen a ser condenados. Explic\u00f3 que ello contradice el est\u00e1ndar fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, que privilegia la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n antes que su eliminaci\u00f3n.<\/p>\n
La controversia se remonta a octubre del 2014, cuando este Diario public\u00f3 tres notas period\u00edsticas en las que se mencionaban supuestos v\u00ednculos de Lorena Bellina, entonces asesora del Ministerio de Agricultura, con la red de Rodolfo Orellana. Las publicaciones recogieron la declaraci\u00f3n de un testigo ante la comisi\u00f3n investigadora del Congreso encargada de informar las actividades de esa organizaci\u00f3n.<\/p>\n
Bellina fue separada de su carga tras las declaraciones del testigo. No obstante, el informe final elaborado por la comisi\u00f3n investigadora del Congreso no la inclusi\u00f3n entre las personas vinculadas a la red Orellana ni le atribuy\u00f3 responsabilidad.<\/p>\n
Bellina inici\u00f3 una querella por difamaci\u00f3n agravada contra el testigo que la involucr\u00f3 con la red Orellana y solicit\u00f3 a El Comercio que retirara las publicaciones. Este Diario opt\u00f3 por incorporar una actualizaci\u00f3n en cada nota. Se consign\u00f3 la versi\u00f3n de la demandante y se incluy\u00f3 un enlace con la documentaci\u00f3n remitida por ella. <\/p>\n
El caso lleg\u00f3 al Poder Judicial mediante una demanda de h\u00e1beas data. En primera instancia, el juzgado dio la raz\u00f3n a la demandante y orden\u00f3 eliminar las noticias. Luego, en segunda instancia se revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n y se dispuso \u00fanicamente ampliar la actualizaci\u00f3n incorporando el informe final del Congreso y las resoluciones judiciales. Finalmente, el caso lleg\u00f3 al TC.<\/p>\n
Para el tribunal, \u201ces evidente que luego de m\u00e1s de una d\u00e9cada de acontecidos los hechos, mantener la publicaci\u00f3n de las tres noticias de fechas 16 y 21 de octubre de 2014 en la web del emplazado [El Comercio]carece de inter\u00e9s p\u00fablico y le causa perjuicio a la beneficiaria\u201d. <\/p>\n
Para Salazar, \u201cesto constituye una injerencia editorial\u201d, ya que \u201cevidentemente, quien considera el inter\u00e9s p\u00fablico es el medio de comunicaci\u00f3n y tambi\u00e9n los *stakeholders alrededor de este.<\/p>\n
Iriarte apunta que \u201cesto es casi como si hubieran ordenado que buscaran todas las ediciones de El Comercio y las recortaran, o como el Ministerio de la Verdad de George Orwell aplicado a las ediciones; una suerte de revisionismo hist\u00f3rico innecesario\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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