Tal como adelant\u00f3 El Comercio, la Subcomisi\u00f3n de Acusaciones Constitucionales (SAC) dio cuenta viernes este de las denuncias constitucionales presentadas por Juntos por el Per\u00fa (JP) y el legislador Jaime Quito (Bancada Socialista) contra el cancelador Carlos Pareja por el presunto fraude electoral y el supuesto atentado contra el derecho de sufragio durante la segunda vuelta presidencial.<\/p>\n
Tal como adelant\u00f3 El Comercio, la Subcomisi\u00f3n de Acusaciones Constitucionales (SAC) dio cuenta viernes este de las denuncias constitucionales presentadas por Juntos por el Per\u00fa (JP) y el legislador Jaime Quito (Bancada Socialista) contra el cancelador Carlos Pareja por el presunto fraude electoral y el supuesto atentado contra el derecho de sufragio durante la segunda vuelta presidencial.<\/p>\n
LEE: Resultados ONPE al 99.75 %: Keiko Fujimori 50.132% y Roberto S\u00e1nchez 49.868%Seg\u00fan inform\u00f3 la presidenta de la SAC, Lady Camones (Alianza para el Progreso), la primera denuncia constitucional (N.\u00b0 715) fue presentada por Pablo Salas Charca, personero legal alternativo de JP. La segunda (N.\u00b0 717) fue formulada por el legislador Jaime Quito Sarmiento, quien adem\u00e1s fue elegido senador para el per\u00edodo 2026-2031.<\/p>\n
\u2014Contenido\u2014<\/p>\n
La primera denuncia Sostiene que Pareja incurri\u00f3 en una \u201cflagrante, sistem\u00e1tica y deliberada infracci\u00f3n de los art\u00edculos 2 (inciso 17), 31, 38, 39, 43, 44, 45, 51, 118 (inciso 1), 176, 177 y 178 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa\u201d.<\/p>\n
\u201cEllo, al haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema log\u00edstico, inform\u00e1tico y de custodia diplom\u00e1tica de los sufragios de los peruanos en el exterior durante las Elecciones Generales de 2026, quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa\u201d, se\u00f1ala el documento al que accedi\u00f3 este Diario.<\/p>\n
Camones indic\u00f3 que la segunda denuncia atribuye a Pareja la presunta infracci\u00f3n de los art\u00edculos 31, 45 y 176 de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como la presunta comisi\u00f3n del delito de atentado contra el derecho de sufragio, tipificada en el art\u00edculo 359 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
Este \u00faltimo art\u00edculo establece que ser\u00e1 reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho a\u00f1os quien, con el prop\u00f3sito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, o de favorecer o perjudicar a un candidato u organizaci\u00f3n pol\u00edtica, incurra en alguna de las siguientes conductas:<\/p>\n
Inserte o haga insertar, suprima o haga suprimir indebidamente nombres en un registro electoral; falsifique o destruya, total o parcialmente, un registro electoral, libretas electorales o actas de escrutinio; u oculta, retenga o haga desaparecer dichos documentos, de modo que el hecho dificulte la elecci\u00f3n o falso su resultado.Sustraiga, destruya o sustituya \u00e1nforas utilizadas en una elecci\u00f3n antes de realizar el escrutinio.Sustraiga, destruya o sustituya c\u00e9dulas de sufragio depositadas por los electores.Altere, de cualquier manera, el resultado de una elecci\u00f3n o haga imposible la realizaci\u00f3n del escrutinio, entre otras conductas previstas por la norma.Siguientes pasos<\/p>\n
Ahora, la Subcomisi\u00f3n de Acusaciones Constitucionales deber\u00e1 evaluar ambas denuncias en un plazo de 10 d\u00edas para determinar, mediante un informe de calificaci\u00f3n, si cumplen con los requisitos de forma y fondo.<\/p>\n
M\u00c1S: Felipe Ortiz de Zevallos es condecorado en la Canciller\u00edaCon base en ese documento, recomendar\u00e1 a su pleno si corresponde admitirlas a tr\u00e1mite o declararlas improcedentes.<\/p>\n
Si la denuncia es declarada admisible y procedente, la Subcomisi\u00f3n remitir\u00e1 el informe de calificaci\u00f3n a la Presidencia de la Comisi\u00f3n Permanente, instancia que fijar\u00e1 el plazo para la investigaci\u00f3n y la elaboraci\u00f3n del informe final. Dicho periodo no podr\u00e1 exceder los 15 d\u00edas h\u00e1biles. <\/p>\n
An\u00e1lisis<\/p>\n
Especialistas consultados por El Comercio consideran inviable la denuncia planteada por JP al carecer de sustento. M\u00e1s all\u00e1 de hechos puntuales, el documento no se apoya en evidencia sustancial que permite sostener \u2014como se afirma\u2014 la existencia de un \u201cfraude electoral\u201d ni acredita una manipulaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los resultados. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 a este Diario Heber Joel Campos, abogado constitucionalista, la denuncia no presenta, desde su punto de vista, \u201cning\u00fan elemento de juicio s\u00f3lido que sustente sus afirmaciones\u201d. <\/p>\n
En s\u00edmil, el abogado constitucionalista Erick Urbina sostuvo que \u201cno hay motivo\u201d para que proceda una denuncia constitucional contra el titular de la Canciller\u00eda.<\/p>\n
En principio, record\u00f3 que es a trav\u00e9s de los consulados que se organiza el proceso electoral en los distintos pa\u00edses donde residen peruanos habilitados para votar, pero que ello se realiza en coordinaci\u00f3n con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, sobre todo, bajo un esquema que se viene aplicando desde hace a\u00f1os. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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