La lucha por los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ en Venezuela se ha desarrollado bajo un patr\u00f3n persistente de decisiones judiciales inconclusas, iniciativas legislativas archivadas y normas parcialmente existentes pero sin aplicaci\u00f3n efectiva. Durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, el pa\u00eds ha acumulado intentos fallidos en materia de matrimonio igualitario, identidad de g\u00e9nero y no discriminaci\u00f3nun estancamiento que responde a una combinaci\u00f3n de factores culturales, pol\u00edticos e institucionales que han frenado cualquier avance estructural. Mientras gran parte de Am\u00e9rica Latina ha avanzado en estos temas, Venezuela permanece rezagada, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana, la documentaci\u00f3n legal y el acceso a derechos fundamentales.<\/p>\n
Pese a los esfuerzos de organizaciones sociales, el pa\u00eds se mantiene como un punto de rezago regional en materia de reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ+. En pa\u00edses de la regi\u00f3n como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, cuyas culturas tienen similitudes con la de Venezuela, en los \u00faltimos a\u00f1os se ha consolidado el matrimonio igualitario y leyes de identidad de g\u00e9nero integrales.<\/p>\n
“Venezuela, junto con Paraguay y otras islas del continente, es uno de los \u00faltimos pa\u00edses sin legislaci\u00f3n diferenciada para la poblaci\u00f3n LGBTIQ+”, se\u00f1ala un informe del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.<\/p>\n
Matrimonio civil igualitario en Venezuela, un camino inconcluso entre tribunales y parlamento | Foto Yuri Cortez – AFPArt\u00edculo 44, el muro contra el matrimonio igualitarioEl primer gran antecedente del debate sobre el matrimonio igualitario se remonta a 2003cuando la organizaci\u00f3n Uni\u00f3n Afirmativa introdujo un recurso de interpretaci\u00f3n sobre el art\u00edculo 77 de la Constituci\u00f3n. El caso abri\u00f3 una discusi\u00f3n sobre el alcance de la protecci\u00f3n a las parejas del mismo sexo dentro del marco constitucional.<\/p>\n
En 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emiti\u00f3 la Sentencia 190. En ella se desarroll\u00f3 que la orientaci\u00f3n sexual constituye una categor\u00eda protegida contra la discriminaci\u00f3n bajo el art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n. Sin embargo, la decisi\u00f3n tambi\u00e9n fij\u00f3 un l\u00edmite determinante: el matrimonio qued\u00f3 definido como una figura exclusiva para parejas heterosexuales, y se deleg\u00f3 a la Asamblea Nacional la creaci\u00f3n de un mecanismo alternativo para la protecci\u00f3n patrimonial de las parejas del mismo sexo.<\/p>\n
Esta decisi\u00f3n marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n. Si bien reconoce la no discriminaci\u00f3n por orientaci\u00f3n sexual, al mismo tiempo cerr\u00f3 la v\u00eda del matrimonio civil igualitario dentro del marco constitucional vigentetrasladando el debate al \u00e1mbito legislativo.<\/p>\n
El intento m\u00e1s emblem\u00e1tico por alcanzar la igualdad matrimonial ocurri\u00f3 el 31 de enero de 2014. En esa fecha, m\u00e1s de 40 organizaciones consignaron ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario, respaldado por m\u00e1s de 21.000 firmas recogidas en todo el territorio nacional. El objetivo era reformar parcialmente el C\u00f3digo Civil, espec\u00edficamente el art\u00edculo 44, que desde 1982 establece que el matrimonio solo puede contraerse entre “un solo hombre y una sola mujer”..<\/p>\n
Identidad de g\u00e9nero entre el reconocimiento legal y la inoperatividad institucional | Foto Federico Parra\/AFPGiovanni Piermattei, presidente de la Asociaci\u00f3n Civil Venezuela Igualitaria, record\u00f3 que el proyecto defin\u00eda el matrimonio como una instituci\u00f3n para establecer una comunidad de vida e intereses de manera igualitaria, independientemente del sexo o la identidad de g\u00e9nero. Sin embargo, la propuesta nunca fue discutida en el pleno.<\/p>\n
Ante la inacci\u00f3n legislativa, los activistas acudieron al TSJ. En enero de 2015, la Asociaci\u00f3n Civil Venezuela Igualitaria introdujo una demanda de nulidad parcial contra el referido art\u00edculo 44. por contravenir los principios de igualdad y no discriminaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1999. Aunque el recurso fue admitido en abril de 2016 bajo la sentencia N.\u00ba 313, el expediente permanece en un caj\u00f3n sin una decisi\u00f3n de fondo que cambia la realidad de las parejas del mismo sexo. “Ni se discuti\u00f3 el proyecto de ley de matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional, ni se nos dio respuesta de la Sala Constitucional sobre la inconstitucionalidad del 44”, relat\u00f3 el activista a El Nacional.<\/p>\n
A esta v\u00eda se sum\u00f3 la solicitud de omisi\u00f3n legislativacon la intenci\u00f3n de obligar a la Asamblea Nacional a legislar sobre el tema. Sin embargo, esta acci\u00f3n tampoco deriv\u00f3 en una sentencia efectiva ni en avances concretos.<\/p>\n
La activista y coordinadora general de Uni\u00f3n Afirmativa, Quiteria Franco, afirm\u00f3 que el marco constitucional actual permitir\u00eda avanzar sin necesidad de reformas profundassi existe voluntad institucional. \u201cCualquier juez que tenga intenci\u00f3n de ampliar el matrimonio ya tiene argumentos para hacerlo\u201d, explic\u00f3 al referirse tambi\u00e9n al art\u00edculo 23 constitucional, que establece la prevalencia de normas internacionales m\u00e1s favorables.<\/p>\n
La identidad de g\u00e9nero: 16 a\u00f1os de un derecho secuestradoPara las personas trans, intersex y no binarias, la situaci\u00f3n es de “muerte civil cotidiana”, seg\u00fan las ONG. En 2009, la Ley Org\u00e1nica de Registro Civil incluy\u00f3 el art\u00edculo 146, que te\u00f3ricamente permite el cambio de nombre propio cuando este no se corresponde con el g\u00e9nero. No obstante, Durante 16 a\u00f1os, el Estado ha omitido desarrollar el reglamento y los protocolos necesarios para hacer operativa esta norma.dejando a las personas trans en un limbo jur\u00eddico.<\/p>\n
“El Estado venezolano nunca desarroll\u00f3 el reglamento necesario para hacer operativo este art\u00edculo, ni inici\u00f3 los protocolos administrativos correspondientes”, denuncia el OVV LGBTIQ+. Esta omisi\u00f3n obliga a las personas a trans a portar documentos que no reflejan su identidad.lo que se traduce en humillaciones en bancos, centros de salud y alcabalas policiales.<\/p>\n
Franco describi\u00f3 el calvario diario: “Imag\u00ednate una persona trans que llegue a un banco con una apariencia masculina y su c\u00e9dula tenga un nombre femenino. Las humillaciones y las sospechas de delincuencia son horribles. Se les considera criminales sospechosos de falsificaci\u00f3n de documentos”.<\/p>\n
Incluso los peque\u00f1os avances judiciales son limitados por requisitos patologizantes. En junio de 2017, la sentencia 399 de la Sala Constitucional admiti\u00f3 una demanda colectiva que buscaba el reconocimiento del cambio de nombre y g\u00e9nero en funci\u00f3n del libre desenvolvimiento de la personalidad. El caso incluy\u00f3 a activistas como Rummie Quintero.<\/p>\n
En Venezuela no existe una ley integral contra la discriminaci\u00f3n | Foto Federico Parra\/AFPAunque la sentencia represent\u00f3 un avance al reconocer la posibilidad de mutabilidad del g\u00e9nero bajo criterios espec\u00edficos, orden\u00f3 a los solicitantes presentar informes psiqui\u00e1tricos y psicol\u00f3gicos que demostraran su “condici\u00f3n”. Hasta la fecha, cada caso se analiza individualmente sin que exista un procedimiento expedito y administrativo para toda la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
En diciembre de 2022, tras protestas de activistas, el gobierno anunci\u00f3 un nuevo protocolo para cambios de nombre. En julio de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cre\u00f3 un instructivo para tr\u00e1mites administrativos (Resoluci\u00f3n 230713-059), pero la norma no se ha hecho efectiva porque no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, lo que impide a los registradores civiles acatarla.<\/p>\n
“El obst\u00e1culo principal ha sido que hay una interpretaci\u00f3n que da el CNE sobre lo que es sexo y g\u00e9nero. Ellos asumen que sexo y g\u00e9nero es lo mismo”, explic\u00f3 Piermatteri, agregando que hay una demanda ante el TSJ que solicita a la Sala Constitucional que d\u00e9 una definici\u00f3n de g\u00e9nero, identidad de g\u00e9nero para que el CNE pueda cambiar sus interpretaciones propias y asumir las que da el m\u00e1ximo int\u00e9rprete de nuestra Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos en materia de identidad de g\u00e9nero es el de la abogada y activista Tamara Adri\u00e1n.quien en 2004 introdujo un recurso para el reconocimiento legal de su identidad.<\/p>\n
Para junio de 2026, este caso suma 22 a\u00f1os sin una decisi\u00f3n definitiva por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, convirti\u00e9ndose en uno de los expedientes m\u00e1s prolongados del sistema judicial venezolano en esta materia.<\/p>\n
“Mi propio caso de reconocimiento yace con una l\u00e1pida encima en la Sala Constitucional desde hace 22 a\u00f1os. Fue introducida el 14 de mayo del a\u00f1o 2004. Estamos a 2 de junio del a\u00f1o 2026 y no han decidido nada”, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Discriminaci\u00f3n: leyes fragmentadas y falta de voluntad pol\u00edticaVenezuela carece de una ley integral contra la discriminaci\u00f3nlo que deja a las personas LGBTIQ+ en un estado de indefensi\u00f3n frente a abusos laborales, desalojos y cr\u00edmenes de odio. Si bien entre 2010 y 2012 se aprobaron leyes que proh\u00edben la exclusi\u00f3n por orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero -vivienda, trabajo, banca y poder popular-, estas carecen de mecanismos de implementaci\u00f3n efectivos.<\/p>\n
La coordinadora de Uni\u00f3n Afirmativa destac\u00f3 que Venezuela es uno de los pocos pa\u00edses de la regi\u00f3n que a\u00fan no cuenta con una ley integral de no discriminaci\u00f3n. Critic\u00f3 duramente los intentos del gobierno de crear “nuevas doctrinas”, en referencia al reciente anuncio de la presidenta interina, Delcy Rodr\u00edguez, en lugar de reformar las leyes.<\/p>\n
Sobre este punto, Piermattei indic\u00f3 que recientemente su organizaci\u00f3n present\u00f3 una propuesta de Ley Org\u00e1nica contra Toda Forma de Discriminaci\u00f3n ante la Asamblea Nacional para ser asumida como iniciativa legislativa. Sin embargo, aclar\u00f3 que cualquier ley de no discriminaci\u00f3n es incompleta si no garantiza la igualdad civil plena, incluido el matrimonio. Para \u00e9l, el eje de la lucha es la dignidad humana, la cual se vulnera cuando el Estado crea categor\u00edas de ciudadanos.<\/p>\n
“Todas las formas de discriminaci\u00f3n tienen la misma base, que es el no reconocimiento de la dignidad de las personas a partir de una diferencia. Una ley contra la discriminaci\u00f3n que no permite que yo acceda a la instituci\u00f3n matrimonial es una ley que me est\u00e1 discriminando”, manifest\u00f3.<\/p>\n
El Proyecto de Ley Contra Todo Tipo de Discriminaci\u00f3n, avanzado por la Asamblea Nacional en marzo de 2023, promet\u00eda prohibir tratos diferenciales basados \u200b\u200ben la orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero en todos los \u00e1mbitos de la vida p\u00fablica. Sin embargo, tras entrar en un proceso de consulta p\u00fablica, el proyecto no ha trascendido a una aprobaci\u00f3n final.<\/p>\n
Parad\u00f3jicamente, la Ley Constitucional contra el Odio (2017) s\u00ed menciona la orientaci\u00f3n sexual y la identidad de g\u00e9nero como categor\u00edas protegidas. Pero la realidad, seg\u00fan Tamara Adri\u00e1n, es que su aplicaci\u00f3n es selectiva. “Esa misma norma no se ha aplicado en casos de odio por razones de orientaci\u00f3n sexual, identidad de g\u00e9nero y expresi\u00f3n de g\u00e9nero, a pesar de que est\u00e1n ah\u00ed. Es la aplicaci\u00f3n selectiva de la norma con multas pol\u00edticas y funcionales”, dijo, refiri\u00e9nd osea una cola se utiliza m\u00e1s para perseguir disidencia pol\u00edtica que para proteger a comunidades vulnerables.<\/p>\n
La poblaci\u00f3n LGBTIQ+ en Venezuela contin\u00faa enfrent\u00e1ndose a lo que activistas describen como una \u201cmuerte civil cotidiana\u201d | Foto Juan Carlos Hern\u00e1ndez \/ AFPIncluso el sistema de justicia, a trav\u00e9s de sus m\u00e1ximos representantes, ha emitido discursos que legitiman la discriminaci\u00f3n. El OVV LGBTIQ+ ha reportado decenas de discursos con lenguaje discriminatorio por parte de figuras p\u00fablicas, incluido el exfiscal general Tarek William Saab.quien lleg\u00f3 a calificar a las personas trans de manera despectiva, enviando un mensaje de impunidad desde la c\u00faspide del Poder Ciudadano.<\/p>\n
El \u00fanico avance significativo reciente ocurri\u00f3 en marzo de 2023, cuando la Sala Constitucional del TSJ anul\u00f3 el \u00faltimo aparte del art\u00edculo 565 del C\u00f3digo Org\u00e1nico de Justicia Militar (COJM). Esta norma penalizaba con prisi\u00f3n de uno a tres a\u00f1os los “actos sexuales contra natura” dentro de las fuerzas armadas.<\/p>\n
Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos dijeron que era un avance necesario pero insuficiente, calific\u00e1ndolo de formalista y carente de una protecci\u00f3n sustantiva real para las personas LGBTIQ+ dentro de las fuerzas armadas. La Sala bas\u00f3 su decisi\u00f3n en la imprecisi\u00f3n de la norma y su uso, evitando pronunciarse sobre el fondo: que la orientaci\u00f3n sexual no debe ser motivo de sanci\u00f3n. “La Sala perdi\u00f3 una importante oportunidad para garantizar plenamente la ausencia de discriminaci\u00f3n de las personas de ese colectivo en el \u00e1mbito militar”, respondi\u00f3 la ONG Acceso a la Justicia en ese entonces.<\/p>\n
Giovanni Piermattei coincidi\u00f3 en que la respuesta era incompleta. “Esa respuesta no qued\u00f3 clara. No se sabe si ser gay o lesbiana dentro de las fuerzas armadas puede ser objeto de discriminaci\u00f3n dentro del mismo espacio.”, advierte, se\u00f1alando que todav\u00eda se conocen casos de hostigamiento contra uniformados por su orientaci\u00f3n sexual.<\/p>\n
Franco resalt\u00f3 que hasta 2023 Venezuela era uno de los 72 pa\u00edses en el mundo que a\u00fan penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo mediante este art\u00edculo. Se\u00f1al\u00f3 que en 2021 la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhort\u00f3 al Estado a derogar dicha norma, pero la Asamblea Nacional reform\u00f3 el COJM ese mismo a\u00f1o sin tocar el art\u00edculo pol\u00e9mico.<\/p>\n
Venezuela tambi\u00e9n ha ignorado sistem\u00e1ticamente las recomendaciones de los sistemas de derechos humanos (ONU y CIDH). Durante los ciclos del Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU) de 2011, 2016 y 2022, el Estado ha recibido exhortos para legalizar el matrimonio igualitario, implementar leyes de identidad de g\u00e9nero y sancionar cr\u00edmenes de odio. Adem\u00e1s, el retiro del pa\u00eds de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos ha provocado el desconocimiento de instrumentos clave como la Opini\u00f3n Consultiva 24\/17 de la Corte IDH, que obliga a los estados a garantizar la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo.<\/p>\n
“De manera voluntaria, el Estado venezolano se comprometi\u00f3 a adoptar instrumentos normativos y mecanismos especializados para garantizar la igualdad y no discriminaci\u00f3n por orientaci\u00f3n sexual identidad de g\u00e9nero o expresi\u00f3n de g\u00e9nero, pero no se han cumplido. El Estado recibe las recomendaciones [internacionales]toma nota, adopta compromisos voluntarios y no hay cumplimiento”, se\u00f1al\u00f3 Franco.<\/p>\n
\u00bfPor qu\u00e9 los esfuerzos legales han quedado engavetados?La abogada Tamara Adri\u00e1n explic\u00f3 que estos bloqueos tienen ra\u00edces profundas. Una de las causas que considera ha impedido que tanto temas LGBTIQ+ como de derechos de las mujeres, salud sexual e inclusi\u00f3n se discutan ante las diferentes instancias del Estado es la participaci\u00f3n en el sector pol\u00edtico asociado al chavismo de iglesias neopentecostales evang\u00e9licas.<\/p>\n
En este punto coincidi\u00f3 Permattei, quien denunci\u00f3 que la injerencia evang\u00e9lica proviene de funcionarios que ocupan cargos de alto nivel dentro de la institucionalidad del Estadolo que les otorga una influencia directa en la toma de decisiones. “El hecho de que figuras con poder de decisi\u00f3n sean abiertamente cristianas evang\u00e9licas hace que el camino hacia la igualdad sea cuesta arriba”, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
El activista tambi\u00e9n mencion\u00f3 la falta de voluntad pol\u00edtica como factor determinante para que todos los esfuerzos legales en materia de derechos LGBTIQ+ hayan quedado engavetados. Aunque las solicitudes han cumplido con los procedimientos legales y han sido admitidas por los tribunales, no existe la disposici\u00f3n de generar sentencias definitivas, asegurado.<\/p>\n
Siguiendo el factor pol\u00edtico, Adri\u00e1n agreg\u00f3 que la excusa de la “prioridad” nacional tambi\u00e9n forma parte de los bloqueos.. Indic\u00f3 que los pol\u00edticos utilizan el argumento de que “no es el momento” o que existen “cosas m\u00e1s urgentes” (como la crisis econ\u00f3mica o la democracia) para postergar indefinidamente estos derechos. A esto sum\u00f3 que el Poder Judicial est\u00e1 totalmente determinado por el Ejecutivolo que impide cualquier decisi\u00f3n independiente que favorezca a la comunidad a trav\u00e9s de litigios estrat\u00e9gicos, mientras que la ignorancia y desprecio deliberado por los est\u00e1ndares internacionales y nacionales de derechos humanos por parte de las autoridades tambi\u00e9n influye.<\/p>\n
Por otro lado, indic\u00f3 la exdiputada, el peso de los militares en la toma de decisiones pol\u00edticas tambi\u00e9n es un frenoporque este sector suele ser poco abierto a temas de igualdad de g\u00e9nero y derechos LGBTIQ+. Record\u00f3 que en alg\u00fan momento m\u00e1s del 50% de los ministros de la naci\u00f3n eran miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mientras que aproximadamente el 70% de los viceministros eran activos o militares retirados.<\/p>\n
La investigadora Quiteria Franco reconoci\u00f3 que el principal obst\u00e1culo no es jur\u00eddico sino pol\u00edtico.. \u201cEs claro que cuando no se quiere reconocer, se le buscan cinco patas al gato\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de la problem\u00e1tica pol\u00edtica y jur\u00eddica, Franco sit\u00faa el problema en el terreno cultural y social. \u201cEn Venezuela hay una pintura machista y una actitud del ‘chalequeo’ que en realidad esconde un profundo rechazo a lo diferente\u201d, afirm\u00f3, al describir c\u00f3mo la burla cotidiana se convierte en un mecanismo de exclusi\u00f3n.<\/p>\n
Los activistas recordaron que en noviembre de 2020 se cre\u00f3 la Defensor\u00eda Delegada Especial para la Protecci\u00f3n de las Personas de la Sexodiversidad. Pero a m\u00e1s de un brillo de su creaci\u00f3n, la califican como una “estructura fantasma”.<\/p>\n
Franco tambi\u00e9n mencion\u00f3 que en el per\u00edodo legislativo 2020-2025 se logr\u00f3 la creaci\u00f3n de una subcomisi\u00f3n para la sexodiversidad, pero afirm\u00f3 que “de ah\u00ed no sali\u00f3 nada”. A\u00f1adi\u00f3 que la subcomisi\u00f3n de cultos era la principal responsable de frenar cualquier avance.<\/p>\n
\u201cCuando un Estado niega o no protege los derechos humanos, se genera una exclusi\u00f3n social, cultural, econ\u00f3mica y laboral\u201d, explic\u00f3 Adri\u00e1n. Esta inacci\u00f3n institucional profundiza la impunidad en un pa\u00eds donde se documentan cientos de incidentes de violencia y discursos de odio anualmente sin respuesta estatal.<\/p>\n
La situaci\u00f3n es especialmente cr\u00edtica en materia de cr\u00edmenes de odio. Seg\u00fan registros de organizaciones civiles, entre 2009 y 2017 se contabilizaron 109 asesinatos de personas LGBTIQ+. “Se desconoce el estatus de todas las investigaciones. Se puede deducir que la impunidad de los cr\u00edmenes de odio se encuentra en el 100%”, se\u00f1ala el informe de Uni\u00f3n Afirmativa de 2020.<\/p>\n
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ tambi\u00e9n registr\u00f3 un preocupante n\u00famero de 461 incidentes de violencia y discriminaci\u00f3n dirigidos hacia individuos LGBTIQ+ durante el a\u00f1o 2023.<\/p>\n
A este panorama se suma el cierre sistem\u00e1tico del espacio c\u00edvico. Debido a la crisis econ\u00f3mica, la migraci\u00f3n de activistas y la persecuci\u00f3n pol\u00edtica exacerbada por las leyes de fiscalizaci\u00f3n de ONG, al menos 15 organizaciones que trabajaron con personas LGBTIQ+ tuvieron que cesar sus operaciones o bajar su perfil distribuido entre 2024 y 2025 para proteger la integridad f\u00edsica y emocional de sus miembros.<\/p>\n
El costo humano de la invisibilidad legal de las personas LGBTIQ+La ausencia de un marco legal protector en Venezuela no solo genera vac\u00edos jur\u00eddicos, sino que condena a las personas LGBTIQ+ a una exclusi\u00f3n estructural que afecta su dignidad y supervivencia diaria.<\/p>\n
La desprotecci\u00f3n patrimonial es una de las mayores angustias para las parejas de a\u00f1os. En caso de separaci\u00f3n o muerte de uno de los miembros de la pareja, no existen mecanismos legales para reclamar bienes comunes, quedando estos habitualmente en manos de la familia consangu\u00ednea del fallecido. Adem\u00e1s, las parejas no pueden acceder a cr\u00e9ditos bancarios conjuntos para vivienda o veh\u00edculos, ni pueden incluir a sus compa\u00f1eros en seguros de salud empresarial. “Es muy triste cuando se te muere tu pareja de muchos a\u00f1os y luego ni siquiera tienes derecho a decidir sobre c\u00f3mo se entierra o d\u00f3nde se entierra. A veces ni se le permite enterrar a la pareja”, manifest\u00f3 Franco.<\/p>\n
La falta de identidad legal para las personas trans se convierte en una barrera casi imposible de superar, forz\u00e1ndolas a una situaci\u00f3n de precariedad econ\u00f3mica y social extrema que las empuja a los m\u00e1rgenes de la sociedad. Adem\u00e1s, se genera un Proceso sist\u00e9mico de exclusi\u00f3n en las \u00e1reas social, cultural, econ\u00f3mica y laboral.impidiendo el goce efectivo de los derechos humanos que son interrelacionados, explic\u00f3 Tamara Adri\u00e1n.<\/p>\n
Franco a\u00f1adi\u00f3 que las personas trans enfrentan humillaciones constantes en instituciones. Tambi\u00e9n quedan expuestos a maltratos y vejaciones por parte de funcionarios de seguridad en los puntos de control policial y militar a lo largo del pa\u00eds.<\/p>\n
En el \u00e1mbito econ\u00f3mico, la vulnerabilidad es extrema. El informe de Uni\u00f3n Afirmativa de 2020 revel\u00f3 que para ese entonces 98,6% de la poblaci\u00f3n LGBTIQ+ consultada viv\u00eda en condiciones de pobreza laboral extrema. La crisis de salud tambi\u00e9n golpea de forma diferenciada: 100% de las personas trans report\u00f3 en ese momento no tener acceso a hormonas dentro del sistema p\u00fablico, vi\u00e9ndose obligadas en algunos casos a consumir hormonas de uso animal para no detener su transici\u00f3n.<\/p>\n
La ausencia de leyes de matrimonio e identidad impide que las v\u00edctimas de violencia intrag\u00e9nero puedan denunciar o acceder a mecanismos de protecci\u00f3n.porque el agresor utiliza el “outing” (amenaza de revelar la orientaci\u00f3n sexual) como herramienta de chantaje. El bolet\u00edn de enero de 2026 del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ sobre violencia intrag\u00e9nero document\u00f3 33 casos de agresiones entre parejas del mismo sexo.<\/p>\n
El rezago de Venezuela es indiscutible cuando se mira al resto del continente. Tamara Adri\u00e1n destaca que hoy d\u00eda El 90% de la poblaci\u00f3n de Am\u00e9rica Latina y el Caribe vive bajo leyes que garantizan la igualdad ante la ley en materia de matrimonio o uniones civiles.<\/p>\n
Argentina aprob\u00f3 el matrimonio igualitario en 2010; Brasil lo hizo en 2013; Colombia en 2016; Costa Rica en 2020 y Chile en 2021. Incluso pa\u00edses como Bolivia y Ecuador han avanzado en el reconocimiento de la identidad de g\u00e9nero sin requisitos patologizantes. En Suram\u00e9rica, solo Paraguay, Guyana y Venezuela siguen sin permitir que parejas del mismo sexo formen una familia legalmente con plenos derechos.<\/p>\n
\u00bfExiste una ventana de oportunidad para las personas LGBTIQ+?Recientemente, el debate se reactiv\u00f3 tras declaraciones de figuras del gobierno que mencionaron la “diversidad como derecho humano”. La mandataria encargada solicit\u00f3 al TSJ construir una doctrina sobre la diversidad, lo que ge Ner\u00f3n reuniones de activistas LGBTIQ+ con magistrados de la Sala Constitucional y representantes de la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/p>\n
En representaci\u00f3n de su organizaci\u00f3n Venezuela Igualitaria, Piermattei plante\u00f3 durante las mesas de trabajo con el TSJ la necesidad de generar sentencias definitivas sobre las demandas que reposan en el tribunal desde hace a\u00f1os (matrimonio igualitario, identidad de g\u00e9nero y familias homoparentales). Adem\u00e1s, el activista enfatiz\u00f3 ante los magistrados que la Sala Constitucional no necesita empezar de cero, pues ya existe una base doctrinaria en la Sentencia 1187 del a\u00f1o 2016, que reconoci\u00f3 derechos a las familias homoparentales basadas en la “voluntad procreacional”.<\/p>\n
Piermattei destac\u00f3 en estas reuniones que el TSJ tiene la potestad de declarar el matrimonio igualitario legal en Venezuela de forma inmediata mediante una sentencia de legislaci\u00f3n normativa, sin necesidad de esperar a que la Asamblea Nacional legisle, fijando un plazo para que el parlamento formalice la norma posteriormente.<\/p>\n
En paralelo a las reuniones con el TSJ, los activistas tambi\u00e9n conversaron con representantes de la Defensor\u00eda del Pueblo. Piermattei destac\u00f3 que la importancia de este ente radica en su competencia para brindar acompa\u00f1amiento y garant\u00eda de derechos humanos a poblaciones vulnerables. Explic\u00f3 que este \u00f3rgano tiene la potestad de adherirse a las causas emprendidas por los movimientos sociales o de incidir directamente ante la Sala Constitucional para solicitar respuestas positivas a las demandas pendientes.<\/p>\n
Sin embargo, el escepticismo predomina entre los expertos. El mismo Piermattei admiti\u00f3 que aunque tiene una “expectativa positiva”, mantiene el temor de ser instrumentalizados una vez m\u00e1s.. “Recuperamos la confianza a partir de que la presidenta encargada nos llam\u00f3, pero todav\u00eda tenemos la incertidumbre porque no han terminado de ocurrir las cosas”, dijo, afirmando que no podr\u00e1 hablarse de una intenci\u00f3n real hasta que no se vean efectivas las demandas b\u00e1sicas.<\/p>\n
Quiteria Franco es m\u00e1s contundente en su desconfianza: “Aqu\u00ed no necesitamos ninguna doctrina. Aqu\u00ed lo que necesitamos es que se modifican las leyes para que todos seamos iguales ante la ley. Eso es seguirle dando largas al asunto”. Para Franco, el problema es puramente pol\u00edtico y de falta de firmeza para afrontar el costo electoral que algunos pol\u00edticos temen perder ante grupos conservadores.<\/p>\n
Tamara Adri\u00e1n tambi\u00e9n duda de que esta supuesta apertura sea real si no viene acompa\u00f1ada de instrucciones claras que rompen el bloqueo institucional. “Es un uso partidista… la t\u00edpica zanahoria para que el burro camine en tiempo de elecciones”, afirm\u00f3.<\/p>\n
Las leyes como motor de transformaci\u00f3n.La urgencia de un marco legal integral no es un capricho de un grupo, sino una necesidad de supervivencia y dignidad humana. Giovanni Piermattei sostiene que el eje medular de la lucha es la dignidad. “Una vez que el Estado reconoce que las parejas del mismo sexo pueden unirse est\u00e1 mandando mensajes no solo legales sino simb\u00f3licos a la sociedad de que somos personas dignas”, argument\u00f3.<\/p>\n
Legalizar el matrimonio y la identidad de g\u00e9nero educar\u00eda a una sociedad que hoy se nutre del odio y el rechazo a la diferencia. “Las leyes educan. Son el instrumento para comenzar a generar adem\u00e1s pol\u00edticas p\u00fablicas que garantizan la progresividad de los derechos. Al aprobar leyes a favor de las personas LGBTIQ+ el Estado est\u00e1 dejando de cuestionar nuestra dignidad, por lo tanto est\u00e1 mandando un mensaje simb\u00f3lico. La cultura va a comenzar a transformarse a partir de all\u00ed. No es que vamos a esperar que la cultura cambie para que podamos tener derechos”, se\u00f1al\u00f3 Piermattei al explicar que, Dado que la discriminaci\u00f3n en Venezuela es un problema estructural, la cultura no cambiar\u00e1 por s\u00ed sola de manera espont\u00e1nea, sino que necesita de la ley como motor de transformaci\u00f3n..<\/p>\n
Argumento que el reconocimiento legal por parte del Estado env\u00eda un mensaje simb\u00f3lico de dignidad que obliga a las instituciones y la sociedad a replantearse sus prejuicios. “El que el Estado no reconoce nuestra dignidad permite que los funcionarios de los cuerpos de polic\u00eda sigan atac\u00e1ndonos, agredi\u00e9ndonos y violentos”, advirti\u00f3 Piermattei en referencia a lo ocurrido recientemente un sauna de la comunidad LGBTQI+ de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, donde agentes realizaron un violento operativo y arrestaron a casi 30 personas por presuntamente \u201cejercer el delito de la homosexualidad\u201d, una figura jur\u00eddica inexistente en el C\u00f3digo Penal venezolano.<\/p>\n
Avanzar legalmente tambi\u00e9n permitir\u00eda recolectar datos oficiales, hoy inexistentes, sobre la situaci\u00f3n real de las personas LGBTIQ+ en materia de empleo, salud y seguridad.. Sin estad\u00edsticas, la poblaci\u00f3n permanece invisible para las pol\u00edticas p\u00fablicas, perpetuando un ciclo de exclusi\u00f3n que empuja a millas de venezolanos al exilio.<\/p>\n
El balance general muestra un pa\u00eds donde Los derechos de las personas LGBTIQ+ existen en el plano declarativo, pero no en la pr\u00e1ctica. La distancia entre norma y aplicaci\u00f3n ha producido un sistema en el que el reconocimiento legal no garantiza protecci\u00f3n real. Mientras tanto, la regi\u00f3n avanza hacia modelos de igualdad jur\u00eddica m\u00e1s amplios, ampliando la brecha entre Venezuela y el resto de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La lucha por los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ en Venezuela se ha desarrollado bajo un patr\u00f3n persistente de decisiones judiciales inconclusas, iniciativas legislativas archivadas y normas parcialmente existentes pero sin aplicaci\u00f3n efectiva. Durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, el pa\u00eds ha acumulado intentos fallidos en materia de matrimonio igualitario, identidad de g\u00e9nero y no […]<\/p>\n","protected":false},"author":490,"featured_media":80946,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20936,20935,20933,20934,332],"tags":[],"class_list":["post-80945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-derechos-humaanos-en-venezuela","category-lgbtiq-en-venezuela","category-personas-lgbtiq","category-tamara-adrian","category-venezuela"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/80945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/490"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=80945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/80945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/80946"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=80945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=80945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=80945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}